La problemática de robo de vehículos arrendados en Quintana Roo continúa creciendo, pues ya no solamente se está dando en el municipio de Benito Juárez, pues se ha detectado la venta de unidades en otros municipios del Estado. Es por ello que la Asociación de Arrendadoras de Vehículos de Quintana Roo volvió a presentar una iniciativa en el Congreso del Estado con la intención de reclasificar el delito de abuso de confianza.
Fue el pasado mes de octubre cuando dicha asociación presentó una iniciativa en el Congreso del Estado después de varias mesas de trabajo con expertos y comisiones, pues la primer iniciativa fue desechada en septiembre por los Legisladores de la Comisión de Justicia ya que dijeron que no puede considerarse como robo la falta de entrega de los vehículos a las arrendadoras, pues hay un contrato y la voluntad de entregar el automóvil, por lo que de analizarse debe ser en la parte administrativa y no en el Código Penal.
La presidenta de la Asociación, Alma Reynoso Zambrano, señaló que la situación se está agravando, pues se han registrado más de 10 vehículos robados de arrendadoras en un día, que se han localizado en otros municipios, donde los delincuentes intentan venderlos luego de realizar cambios en su documentación y número de serie.
Interesados llegan en avión
“Estos delincuentes llegan en vuelos y directo van a rentar autos, tenemos un App donde verificamos que las INE son originales, las licencias, pasan todos los procesos y después roban un vehículo, lo identificamos cuando arrendadoras de otros Estados nos avisan que ya fueron víctimas y lo peor es que no pasa nada porque hay una laguna en la ley, por ejemplo el día sábado robaron 11 vehículos en Benito Juárez, por lo que es un tema delicado, yo le he pedido al Congreso que se retome este proceso, pues no sólo es el robo sino también los utilizan para delinquir, o pasar drogas”, explicó.
La directiva aseguró que el Congreso debe de tomar cartas en el asunto, pues los delincuentes al saber que no serán castigados venden los autos y los compradores que en su mayoría son ciudadanos también terminan defraudados, además, al no ser considerado un robo, las aseguradoras no se hacen responsables, pues sus pólizas no cubren el abuso de confianza.
Cabe recordar que las pérdidas económicas para el sector ascienden a más de 100 millones de pesos debido al robo de más de 365 unidades en lo que va del año. La nueva iniciativa busca no sólo redefinir el delito, sino también imponer penas de hasta nueve años de cárcel para los responsables y establecer responsabilidades para los colaboradores de las empresas que puedan estar involucrados
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AT