La Delegación de Leona Vicario se ubica unos 40 kilómetros al Suroeste de Cancún, la joya turística mexicana. El pueblo, de 10 mil habitantes es vital para la vida de las ciudades de Quintana Roo: es la que les surte agua a los municipios de Benito Juárez, Cozumel e, Isla Mujeres, entre otros.
Aunque la mayor parte de su superficie está considerada como zona de aprovechamiento sustentable, conservación y restauración, en contrasentido, pulula la venta de “terrenos ecoturísticos con cenotes incluidos”, así como varios proyectos habitacionales que se promueven en Internet. Varios de éstos son promovidos como “la gran oportunidad de inversión”.
“Área comercial (35 Lotes). Zona habitacional (447 Lotes). Caseta de seguridad con vigilancia las 24 horas. 98,854.36 m² de áreas comunes/ amenidades”. Se lee en uno de los tantos anuncios que circulan al por mayor en el ciberespacio. ¿El costo?, por lo menos de 2.5 millones de pesos.
De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, la Delegación citada está bajo el concepto de Zona Agropecuaria, con una política ambiental de conservación, con superficie de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) con importancia para la recarga de acuíferos del 98.0 por ciento.
El sitio presenta problemas de presión sobre los recursos naturales por el incremento de asentamientos irregulares; incidencia de incendios forestales; cambios de uso de suelo no autorizados por apertura de caminos; falta de diversificación de las actividades económicas productivas ambientalmente amigables, fuera de los centros de población y/o zonas rurales.
El programa establece que los usos compatibles pueden ser los enfocados a desarrollo agropecuario, forestal, turismo alternativo, conservación del agua, conservación de la biodiversidad, aprovechamiento del agua y de material pétreo.
Pero los usos incompatibles destaca que no se debe propiciar el desarrollo urbano, desarrollo suburbano, industria ligera y turismo convencional. Dentro de esta categoría están los proyectos Villa Cenotes o Ciudad Aurum, éste último buscaría construir hoteles y complejos inmobiliarios hasta para un millón de personas en un polígono en el corazón de Leona Vicario, donde abundan la selva virgen y los cenotes, lo cual no sólo afecta a los ejidatarios, sino también al ecosistema local.
Los ejidatarios le temen y acusan a la llamada “mafia agraria” o una variante de ésta, la cual identifica a “grupos de poder empresarial nacional, coludidos con funcionarios del Gobierno Estatal, en particular del sector agrario y con representantes de los ejidos (integrantes del comisariado ejidal), a fin de apoderarse de tierras de gran valor comercial, lo que conlleva un proceso de despojo”, de acuerdo con la definición del estudio “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán”, publicado a principios de 2021.
El estudio –realizado por Gabriela Torres-Mazuera, Raúl Benet y Sergio Madrid– concluye que en las últimas tres décadas, “la Península de Yucatán ha experimentado transformaciones territoriales sustanciales relacionadas a la propiedad social” a partir de las modificaciones a la Ley Agraria de 1992?, con Carlos Salinas de Gortari en el poder, tanto en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde “un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada”, gracias a la colusión de empresarios y funcionarios de los partidos PRI y PAN.
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HS