Personas de las comunidades mayas que enfrentan un proceso legal ante el Ministerio Público no cuentan con un traductor, aunque la Ley de los Derechos Indígenas señala que deben proporcionárselos, indicó Manuel Poot Cahum, maestro en lengua maya, quien dijo que a muchos se les vincula a proceso sin saber de qué delitos se les acusa.
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Recordó que la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) daba acompañamiento con traductores a las personas de origen indígena involucrados en un proceso legal; pero ahora su sustituto, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no lo ofrece, por lo que consideró que este beneficio debe retomarse para que se trabaje su caso de manera transparente.
Expuso que cuando no existe una impartición correcta de la justicia por cuestiones de lenguaje, muchas veces se condena a las personas sin que sepan realmente qué delitos son los que cometieron.
El maestro dijo que ofrecer traductores a las personas que hablan una lengua indígena no solamente debe provenir del INPI, sino también de las agencias del Ministerio Publico, que es la que imparte justicia.
Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que en el país existen unas 6 mil personas en las cárceles pertenecientes a los pueblos originario, sin haber tenido, durante su proceso, un intérprete; por lo mismo, el 99 por ciento, se encuentran en las cárceles sin tener sentencia condenatoria.
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AT