Los colectivos feministas de Quintana Roo iniciaron una campaña para recriminar los “carpetazos” que da la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) a las investigaciones, lo que provoca que no haya avances en cuanto a los responsables de los delitos contra las mujeres.
Ariadne Song, integrante de la Red de Víctimas Quintanarroense, dijo que están armando esta campaña para contabilizar cuántos casos no tienen seguimiento y están rezagados, ya que la FGE no ha dado una respuesta concreta del proceso de las diversas víctimas, por lo que buscan generar un informe propio para saber la situación que se vive en el Estado.
“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como violencia institucional los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de Gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, algo que está ocurriendo en el Estado”, aseguró.
La activista detalló que estos casos también se dan cuando la víctima que denuncia algún tipo de violencia ha sido despojada injustamente de sus derechos y las instituciones no le proporcionan un trato digno de calidad y calidez; incluso, cuando las autoridades toleran la vulneración de derechos o participan en complicidad con los agresores.
“Esto ocurre con la Policía, el Ministerio Público, los jueces y los magistrados de tribunales, las autoridades escolares o cualquier otro agente de autoridad, por acciones u omisiones que violenten los derechos o atenten contra la dignidad e integridad personal y familiar, por lo que es necesario levantar la voz. Para ellos es muy fácil dar los carpetazos”, continuó.
Song detalló que los colectivos tienen registro de varios casos que no prosperaron porque no hubo avances, y finalmente el agresor quedó libre, por lo que es importante denunciar cuando las autoridades no están haciendo su trabajo, ya sea ante Derechos Humanos o con los colectivos.
“Además de acudir con nosotras se puede acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo si son víctimas de algún tipo de violencia institucional. No se pueden quedar calladas, porque eso permite que los agresores salgan libres y que no se haga justicia. Estamos viendo que se puede lograr y que no se ha hecho correctamente”, concluyó.
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