Cada quintanarroense gastó 381 pesos en 2023 para mantener el inmueble de Poder Legislativo, su personal, 25 diputados y los órganos fiscalizadores, siendo el Congreso más caro del país.
En contraste, cada poblano gastó 76 pesos en 2023 por los mismos conceptos, pero con 41 diputados del Congreso local, convertido en el menos caro para la población.
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De acuerdo con el “Informe Legislativo 2023: El ABC de los Congresos y auditorías” elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que analiza el presupuesto de los Poderes Legislativos de las 32 Entidades, cuya suma fue de 21 mil 196.5 millones de pesos. Esta cifra representa el 0.8 por ciento del presupuesto total de los Estados que asciende a 2.7 billones de pesos en 2023.
Crece presupuesto del Congreso
En el caso de Quintana Roo, el presupuesto del Poder Legislativo ejercido en 2023 fue por el monto de 676 millones 544 mil 619 pesos. En tanto que para el 2024, la XVII Legislatura se aprobó 112 millones más para alcanzar los 731 millones 553 mil 305 pesos, coincidentemente en un año electoral y con señalamientos de ser una legislatura poco productiva, sin liderazgo y sometida.
Entre las competencias de los Congresos locales no está la provisión de bienes o servicios, pues su principal enfoque está en la elaboración de leyes y la representación ciudadana.
Como resultado, un gran porcentaje de sus recursos se destina al pago de sueldos y salarios de su personal, lo cual implicaría, al menos en teoría, una relación proporcional entre el presupuesto asignado y el número de empleados del Congreso, que en el caso de Quintana Roo supera los 650 empleados.
Cada Diputado cuesta 19.4 millones
Con relación al presupuesto y el número de Diputados, el Congreso local tiene 25 legisladores. El año pasado cada Diputado costó a los quintanarroenses 19.4 millones de pesos, cifra que se incrementará considerablemente en este 2024, al contar con un monto global pro 731.5 millones de pesos.
Para el IMCO, la falta de ejercicio de las funciones asignadas a los Poderes Legislativos estatales puede generar consecuencias negativas, como la ausencia de control y equilibrio entre los poderes, una asignación ineficiente de recursos y la falta de transparencia y rendición de cuentas. En conjunto, estos riesgos afectan la gobernabilidad, la confianza ciudadana y el desarrollo democrático, advierte el organismo.
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HS