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La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó no dar la suspensión solicitada por el municipio de Playa del Carmen en contra del Decreto 93

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no dar la suspensión solicitada por el municipio de Solidaridad que promoviera una controversia constitucional en octubre del 2023, en contra del Decreto 93 que establece la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal.

Como se recordará, en Sesión de Cabildo, en octubre del año pasado, se acordó por mayoría de los integrantes promover dicha controversia luego de que los Colegios de Arquitectos e Ingenieros solicitaron el Ayuntamiento intervenir ya que este decreto establece una duplicidad de los permisos, toda vez que se tramita a nivel municipal y ahora también estatal. Además de que también viola el artículo 115 Constitucional, como se dije en aquella Sesión de Cabildo.

Apenas a principios de este enero, la Suprema Corte había aceptado dicha controversia para su análisis, mismo que fue turnado a la magistrada Yasmín Mossa.

Además, cabe comentar, el decreto citado obliga a los Gobiernos municipales a entregar parte de las áreas de donación que entregan los fraccionamientos a los municipios, a raíz del 20 por ciento de la superficie, y que como se recordará, el síndico municipal Adrián Pérez Vera había señalado se hacía de manera voluntaria no obligatoria.

La Suprema Corte indicó en su resolutivo de seis páginas que “lo que puede ser materia de la suspensión en una controversia constitucional son los efectos o consecuencias de algún acto concreto de aplicación de las normas impugnadas, en este caso y probablemente, no solicita la suspensión respecto de algún acto concreto individualizado o particular de cualesquiera de las reformas de las normas generales impugnadas respecto del cual pueda ser procedente la medida cautelar que solicita, sino que lo que efectivamente pretende es la suspensión de las disposiciones generales invocadas, por lo que no existe materia respecto de la cual pueda decretarse la medida cautelar”, se lee.

Por lo anterior, los arquitectos e ingenieros ahora tendrán que tramitar dicha constancia ante el Gobierno estatal.

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