La inversión millonaria de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares deja mucho que desear sobre sus resultados, pues de los casi 10 millones de pesos que se designaron este año, poco más de la mitad supuestamente fueron para la adquisición de equipo y el pago del personal, pero esto no deja satisfechas a las familias de las víctimas, toda vez que los avances en las carpetas de investigación son nulos, por lo que no se ve reflejado el uso de los recursos de forma eficiente.
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Desapariciones en Quintana Roo van en aumento y autoridades destinan menos del 1% del presupuesto
De acuerdo con testimonios de madres buscadoras, los logros obtenidos y hallazgos son por los trabajos hechos por ellas, mientras que los elementos de la FGE únicamente brindan acompañamiento, pero carente de compromiso.
Por lo anterior, los pocos resultados de esta unidad contrastan con la inversión de 9 millones 773 mil 909 pesos que se le entregó para el ejercicio 2024, pues de este dinero se destina una parte para el pago de nómina del personal, así como para la compra de combustible de las patrullas y gastos de investigación; mientras que 5 millones 323 mil 820 pesos fueron para la compra de equipo e instrumentos médicos y de laboratorio.
El presupuesto total con el que cuenta la FGE para este año fue de mil 415 millones 967 mil 291.00 pesos, por lo que destinado para el tema de desaparecidos equivale a menos del 1%; en contraste, el despacho del titular de la fiscalía, Raciel López, recibió más de 20 millones de pesos.
Esto contrastando con la realidad inmediata en Quintana Roo, según lo informado por una miembro de un colectivo local, la FGE no realiza los protocolos adecuados al momento de recibir alguna denuncia o un cuerpo.
En un caso mencionado, una mujer que llevaba un año y nueve meses buscando a su esposo, resultó que se encontraba en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Playa del Carmen desde la primera semana en que fue reportado como desaparecido.
Sin embargo, las muestras de sangre tomadas no son confrontadas para dar con la identidad del cadáver, por lo que únicamente lo acumulan en el lugar; mientras una familia continúa la búsqueda por todo el estado.
“Son unos insensibles”, comentó la madre.
Pese al destino de millones de pesos a equipamiento, la FGE no brinda resultados ni muestra avances en la identificación de cuerpos.
Los pocos resultados que da la Fiscalía antes mencionada, se derivan de los trabajos que realizan los mismos familiares de las víctimas desaparecidas, quienes apoyan en los operativos de búsquedas que se realizan en todo el Estado, además muchas veces las integrantes de los colectivos ponen dinero de sus bolsas para facilitar la localización de la persona extraviada.
Para obtener la versión oficial del millonario recurso que se le entregó a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se buscó una declaración del encargado de esta área, sin embargo, no fue posible, ya que únicamente mencionó que los datos solicitados serían analizados y después entregados, lo que podría tardar semanas o meses, pues muchas veces la Dirección de Comunicación Social no cumple con su función de facilitar la información.
Los datos obtenidos a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que de enero a agosto de este año se ha reportado la desaparición de 883 personas, en su mayoría en el municipio de Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, lamentablemente muchas de estas personas no han sido localizadas y sus familiares continúan en la lucha por encontrarlas.
El mes con mayor incidencia fue abril con 119 casos; enero, marzo y mayo con 118 cada uno, 112 durante agosto, 107 en julio, mientras que en junio se reportaron 105 casos y 86 en febrero, durante septiembre no se ha proporcionado el dato oficial de víctimas de desaparición forzada, sin embargo, se presume que la cifra podría estar igual que en meses anteriores.
Un callejón sin salida
Además de la falta de avances por parte de las autoridades, las madres buscadoras de Quintana Roo tienen que enfrentarse a la negativa de ser escuchadas, de analizar sus datos y darles seguimiento a sus investigaciones.
En entrevista con Por Esto!, Graciela Suárez González, perteneciente al Colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” narró la fuerte carga que vive derivada de la falta de apoyo por parte de la FGE, pues continúa con la búsqueda de su hijo desde hace poco más de seis años.
Aunque otro de sus hijos obtuvo información directa sobre el paradero de la víctima, cuyo cuerpo, de acuerdo con lo confesado por uno de los involucrados, se encuentra desde hace tiempo en las instalaciones de la Semefo, a fin de que la mujer pare su búsqueda, la Fiscalía desestimó el testimonio de su hija, bajo la excusa de que no fue “in fraganti”.
De igual forma, recibió información a través de un mensaje por redes sociales, a lo cual, las autoridades simplemente le dijeron que se trataba de “un perfil falso”, por lo que no podían darle continuidad a la investigación; sin embargo, la madre continuó su investigación y dio con la persona responsable de enviar el mensaje, recibiendo la misma respuesta de la Fiscalía, no se puede hacer nada, porque no fue “in fraganti”.
Lo anterior denota la inacción de las autoridades a brindar apoyo en las búsquedas, pese a que es un derecho con el que cuentan las personas y cuya responsabilidad cae sobre el Estado.
