A pesar de los deficientes resultados, del aumento diario de personas desaparecidas y de la creciente percepción de inseguridad en la población, Raciel López Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), solicitó un incremento en el presupuesto del organismo, que tiene entre sus tareas pendientes combatir la influencia y presencia del crimen organizado en la entidad.
Del presupuesto asignado para 2024, menos del uno por ciento fue destinado a atender el tema de los desaparecidos, mientras que se prefirió destinar una mayor cantidad al despacho del fiscal.
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Raciel López dio a conocer que se requerirá un aumento del 88 por ciento en el presupuesto de 2025, lo que significaría que la FGE tendría cerca de 3 mil millones de pesos para operar el próximo año.
En este 2024, según explicó el fiscal general, el órgano cuenta con un presupuesto cercano a los mil 415 millones de pesos, en su mayoría para el pago de nómina del personal, suministro de bienes y gasolina; solo el dos por ciento se destina a operaciones de investigación y combate de delitos.
“Para enfrentarnos a la delincuencia organizada necesitamos estar más preparados. La delincuencia no escatima en recursos y cuenta con armamento e inteligencia avanzados. Por eso, se requiere presupuesto. Considero que debe aumentarse en un 88 por ciento el próximo año”, afirmó el titular de la FGE. A pesar de un informe optimista sobre las acciones realizadas durante su gestión, reconoció que el crimen organizado sigue ganando terreno en la región.
Aunque no detalló extensamente cómo se aplicaría el recurso solicitado o por qué se requiere esta cantidad en específico, mencionó que una parte serviría para dar “un salario con mayor decoro” a los agentes ministeriales, peritos y demás personal, es decir, un mayor gasto en nómina.
A pesar de informar que se detuvo a mil 839 personas por delitos de alto impacto, esto no se ha traducido en una mejora en la realidad para la ciudadanía, ya que, como él mismo reconoció, los grupos criminales no sólo no escatiman en recursos, sino tampoco en el número de sus integrantes.
El fiscal Raciel López afirmó que cada semana se inician mil carpetas de investigación, lo que ha llevado al límite las capacidades de la FGE para darles seguimiento adecuado, por lo que considera necesario integrar más personal para aligerar la carga de trabajo.
Si se aprueba el recurso solicitado, esto sin duda llevaría consigo la exigencia de mejores resultados en beneficio de la ciudadanía, que sufre los impactos del crimen. Sin embargo, esto no parece haberse dado en el presente año, a pesar de los puntos destacados en el informe del titular de la FGE, cuyos resultados tampoco fueron cuestionados con mayor escrutinio por los legisladores presentes, quienes se dedicaron, en gran parte, a realizar preguntas acomodadas.
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Inversión millonaria, sin resultados
Para el ejercicio fiscal 2024, la dependencia recibió un presupuesto de mil 415 millones 967 mil 291 pesos, de los cuales solo destinó 9 millones 773 mil 909 pesos a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Esto, pese a asegurar durante su comparecencia que mantienen comunicación con los colectivos de búsqueda en el estado, los cuales, en más de una ocasión, se han manifestado por los nulos resultados y la deficiente atención que les brinda la FGE.
A la par, se dio prioridad a asignar 40 millones 669 mil 899 pesos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; y lo que alarmó a la población fue que se destinaron 20 millones 160 mil 660 pesos para el funcionamiento del despacho titular de la FGE.
Incluso, colectivos en Cancún señalaron que son las madres buscadoras quienes deben poner de su propio bolsillo para cubrir la gasolina de los vehículos utilizados en los operativos de localización; además de que deben pagar por cada trámite que realizan.
Mejoras al inmueble en Cancún
Con relación a lo anterior, el gobierno del estado informó que destinará 60 millones de pesos con el fin de ampliar las instalaciones de la fiscalía en Benito Juárez, recursos que servirán también para modernizarla.
El proyecto contempla el inmueble localizado en la delegación Alfredo V. Bonfil, una de las regiones con mayores índices de delitos en la ciudad. De acuerdo con las autoridades, el edificio entrará en operación a partir del próximo 1 de diciembre.
