El Diputado de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, Julián Ricalde Magaña, consideró que “fue un grave error político el cometido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y quienes estuvieron detrás de la detención del ex Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, dado que no tenía ninguna posibilidad real de ganar la alcaldía en las próximas elecciones”.
El Legislador señaló que, en su opinión, Esquivel Vargas no representaba una amenaza política significativa y carecía de posibilidades reales de ganar la Presidencia Municipal en las próximas elecciones. Afirmó que la acción de la FGE podría interpretarse como un intento de menoscabar la participación política de ciertos actores, lo que generaría un clima de desconfianza en el sistema judicial.
Ricalde Magaña hizo un llamado a la FGE para revisar a fondo el caso y garantizar el respeto de los derechos del exedil. Además, expresó su preocupación por el impacto negativo que este tipo de acciones podrían tener en la percepción de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de procurar justicia.
El hecho de que José Esquivel Vargas se haya convertido en un preso político, debido al tema judicial, lo eleva en el mismo ámbito político. Tanto es así que su partido lo quiere mantener como posible candidato a la Presidencia Municipal de ese ayuntamiento, y con lo sucedido, le otorgan una fuerza que quizás no tenía.
Por otro lado, diversos sectores de la sociedad civil han manifestado su inquietud ante la detención de Esquivel Vargas, resaltando la falta de claridad en los motivos que llevaron a su arresto.
El caso ha generado un debate en torno a la independencia del sistema judicial y la necesidad de evitar cualquier uso indebido de la justicia con fines políticos. Los críticos han señalado que este episodio pone de manifiesto la fragilidad del sistema legal y la importancia de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en las instituciones encargadas de procurar justicia.
El arresto de José Esquivel Vargas ha suscitado un intenso escrutinio sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado, siendo calificado por algunos, como el Diputado Julián Ricalde Magaña, como un error político que podría tener repercusiones a largo plazo en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de velar por la justicia en Quintana Roo.
Ricalde Magaña afirmó que todas aquellas personas que cometan algún acto ilícito deben ser presentadas ante la justicia, pero este proceso debe llevarse a cabo tras la presentación de denuncias formales para que sean investigadas y, posteriormente, ejecutadas. En este caso particular, la situación se torna un tanto dudosa, especialmente considerando los tiempos electorales que se viven, cuando cualquier persona señalada de algo podría convertirse en un “mártir”.
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AT