La violencia electoral tiene como objetivo influir en los resultados de un proceso democrático y puede manifestarse de diversas formas, desde las amenazas, hasta los asesinatos. En México, ha sido un problema persistente durante años, donde se han registrado casos de intimidación, agresiones físicas, asesinatos de candidatos, así como coacción hacia los votantes. Los grupos criminales a menudo están vinculados con estas acciones, buscando influir en los resultados electorales y proteger sus intereses.
Las autoridades han implementado diversas medidas para combatir este fenómeno, como mayor presencia de fuerzas de seguridad durante los procesos electorales y con la creación de programas de protección para candidatos en riesgo, pero garantizar elecciones libres y justas sigue siendo un desafío importante para el país.
En lo que va del proceso 2023-2024, se han registrado al menos 29 casos de aspirantes asesinados en distintos puntos del país, que tenían alguna afiliación partidista, 17 de las víctimas se identificaban como aspirantes o precandidatos a algún cargo público y Morena ha sido el partido que ha sufrido la mayor incidencia. El caso más reciente ocurrió el fin de semana pasado, cuando Yair Martín Romero Segura, aspirante de Morena a diputado federal, en el Estado de México, y su hermano Joan Martín fueron asesinados.
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Un par de semanas atrás, el magistrado Felipe de la Mata, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), alertó sobre la presencia del crimen organizado como factor de presión en las elecciones; le llamó el “elefante blanco que nadie quiere ver”. En este sentido, Héctor Ortega, fundador de Morena y aspirante a Diputado local por el Distrito 06, aseveró que, en su partido hay un “blindaje” para evitar que intervenga la delincuencia organizada en las elecciones. Por su parte el también actor político Rafael Quintanar, consideró que es urgente que las autoridades electorales aterricen estrategias concretas para evitar que el proceso se siga contaminando con este tipo de situaciones, pues la presencia del crimen organizado en la Entidad es evidente y “juega un papel, si no de presión, sí de influencia por la forma como se actúa, beneficiando a unos y perjudicando a otros en todos los sectores, desde ciudadanos, hasta partidos políticos, ganando muchas veces, quien tenga de su lado ese tipo de aliados, es lamentable y preocupante”.
De acuerdo con un análisis realizado por el Laboratorio Electoral, en lo que va del proceso 2023-2024, -que se ha dicho será la madre de todas las elecciones- se han registrado al menos 29 casos, 17 de las víctimas se identificaban como aspirantes o precandidatos a algún cargo público en las elecciones de 2024 y Morena ha sido el partido que ha sufrido mayor incidencia con 13, seguido del PRI, PAN Y PRD -aunque en la suma de los partidos de la coalición opositora tienen 12 víctimas mortales-.
Un par de semanas atrás, Rosa Icela Rodríguez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseveró que tiene listo un plan de trabajo para proteger a los candidatos a los 629 puestos de elección federal que estarán en juego el próximo 2 de junio y dicha estrategia habría sido presentada el viernes pasado para que sea analizada por Guadalupe Taddei, presidenta del INE y es que la titular de la SSPC, reconoció que hay algunas zonas que ameritan más atención que otras y recordó que la seguridad de los candidatos a puestos de elección popular a nivel estatal, es responsabilidad de las autoridades de las entidades federativas.
En las elecciones presidenciales pasadas, según la consultora Etellekt informó (con corte al 25 de junio de 2018) que la cifra de muertes de políticos, incluyendo a los candidatos y precandidatos desde el inicio del proceso electoral fue de 130, mientras que el número de aspirantes a un puesto público asesinados llegó a 48, mientras que, en el proceso electoral de 2021, fueron ultimados 102 personas, de los cuales 36 eran candidatos o precandidatos.
Entrevistados al respecto y por separado, tanto Rafael Quintanar como Héctor Ortega, opinaron sobre los riesgos de la incursión de la delincuencia organizada en el proceso electoral para la entidad.
“Me parece que la presencia de la delincuencia organizada en sus distintas modalidades están muy establecidas en Quintana Roo y sin lugar a dudas juegan un papel si no de presión, sí de influencia en los hechos por la forma como se actúa y al final de cuentas a unos beneficias y a otros perjudicas en ese tipo de situaciones a las que ellos llevan a los diferentes sectores de la sociedad, llámense ciudadanos, autoridades o partidos político lamentablemente, por ser la ‘Joya de la Corona’ y el lugar más visitado por el turismo, además de su condición geográfica estratégica, dejó de ser un punto de paso de la delincuencia, se ha ido asentando a lo largo de los años, derivado de que los Gobiernos han ido relajando el compromiso de velar por los intereses de los ciudadanos, eso es algo muy lamentable”, aseveró Rafael Quintanar.
El actual proceso electoral 2023-2024 inició formalmente el 7 de septiembre de 2023 y se elegirán 20 mil 367 cargos, entre los que destacan 629 cargos federales y 19 mil 738 locales, incluyendo 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX y elecciones en más de mil 800 municipios. Teniendo así procesos locales concurrentes en todo el país y con la posibilidad de que voten más de 100 millones de personas, dentro y fuera del país.
Se han registrado 50 casos de violencia electoral desde el 4 de junio de 2023 al 12 de febrero de 2024. De ese total, 34 corresponden a personas asesinadas, 11 atentados, 2 casos de amenazas y 4 casos de secuestro/desaparición. Todos estos casos iban específicamente dirigidos a incidir en el proceso electoral, especialmente a personas que buscaban algún cargo o que estaban haciendo trabajos preparativos de la elección.
Esos 34 casos son de personas asesinadas directamente relacionadas con el proceso electoral: aspirantes, precandidaturas, candidaturas, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares. Se explicó, que se incluyó la categoría de familiares y personas cercanas a personas directamente relacionadas con el proceso electoral, pues se ha demostrado que esta es una forma de intimidarles y de incidir indirectamente en el proceso. De las 34 víctimas mortales, 28 (84.8%) fueron hombres y 5 (15.2%) mujeres, pero de las víctimas de otros tipos de violencia electoral, como atentados o amenazas, las mujeres representan el 47,05% de los casos y los hombres el 52,94%. Los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 14 de las 32 entidades federativas, siendo Guerrero la entidad con mayor incidencia por violencia electoral registrada con 08 casos, seguido de Veracruz con 5 y Michoacán 5. Por su parte, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos, estado de México y Zacatecas, han sido los estados con menos registros e incidencia de víctimas mortales por violencia electoral, registrando 1 cada una.
Respecto a la filiación partidista de las víctimas mortales, 29 de las 34 personas estaban abiertamente afiliadas a algún partido político, siendo Morena el partido que ha sufrido mayor incidencia, mientras que los partidos de la coalición opositora tienen la misma cantidad de víctimas. De esos 29 casos, 17 las víctimas se identificaban como aspirantes o precandidatos a algún cargo público para las elecciones de 2024, un total de 6 eran de Morena, 4 del PAN, 3 de MC, 2 del PRD, 1 del Verde y 1 del PRI.
El 81,25% de los aspirantes asesinados perdieron la vida en entidades gobernadas por Morena, -que gobierna 21 de las 32 entidades federativas- y no hay registros de aspirantes de precandidaturas y/o candidaturas independientes que hayan sido asesinados, pero sí se cuenta con registro de personas colaboradoras en el proceso electoral asesinadas. Como hemos visto, los grupos criminales seguramente intervendrán en las elecciones a través de la violencia política, financiamiento de campañas, imposición de candidatos, movilización o inhibición del voto, así como intervención en casillas, pues como se ha señalado con anterioridad, esté será el proceso más grande en la historia del país y hay mucho en juego como para que la delincuencia organizada se quede en “fuera de lugar”. (fuentes Laboratorio; Electoral consultora Integralia; consultora Etellekt).
Historia de violencia electoral en Q. Roo
Aunque el Caribe Mexicano no es una de las zonas donde ocurran mayormente este tipo de atentados, en la historia reciente, varios funcionarios o aspirantes han sido víctimas de este tipo de ataques armados.
El 11 de junio de 2018, Rosely Danilú Magaña Martínez, candidata a Regidora por el PRI en Isla Mujeres, fue atacada a balazos durante una reunión de activistas de su partido en una colonia de la Zona Continental. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada al Hospital General de Cancún, “Jesús Kumate”, donde finalmente falleció.
Para el 1 de febrero de 2020, el Coordinador del PT, en Tulum, Luis Alfredo Flores Manzanilla, fue asesinado por dos personas con un arma de fuego, en un domicilio ubicado en la colonia 2 de octubre. Al parecer, el móvil de la ejecución pudo estar relacionada con unos terrenos.
El 25 de marzo, del mismo año, Román Guzmán González, excomisario ejidal de Bacalar y exdiputado local por el PRD, fue asesinado a disparos por dos personas que llegaron hasta su rancho, ubicado a 2.5 kilómetros de la carretera Bacalar-Reforma.
También, para el 7 de abril de 2020, Obed Durón Gómez, quien era Alcalde de Mahahual, fue interceptado por un vehículo mientras se encontraba a bordo de una camioneta tipo Van, en el entronque de la carretera Xcalak-Mahahual, desde el cual abrieron fuego en su contra. La víctima recibió cinco disparos, y aunque fue llevado a una clínica particular, no logró sobrevivir.
En febrero de 2021, cuando Ignacio Sánchez Cordero, virtual candidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos, fue asesinado en un restaurante y en mayo de ese mismo año, la viuda y en ese entonces candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos por la alianza “Juntos Haremos Historia”, Blanca Merari (hoy Alcaldesa que busca reelegirse), sufrió un atentado en su domicilio de Leona Vicario, en donde culminaba su agenda proselitista del día. La abanderada salió ilesa del ataque, mientras que un policía ministerial y otro de La Guardia Nacional, ambos sus escoltas, resultaron heridos.
El 11 de marzo de 2021, Flor de María Ballina Sánchez, precandidata suplente a la Presidencia municipal de Isla Mujeres, por el Partido Redes Progresistas (RSP) fue ejecutada a balazos mientras se encontraba con su esposo al interior del bar Casa Blanca, ubicado en la isla. Cabe señalar que, en aquella ocasión, la pareja de la víctima resultó ilesa.
El 15 de mayo, del mismo año, Alfredo Partida Esparza, director de Recursos Materiales y Suministros de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Cozumel, falleció en el Hospital, luego que un par de sicarios, a bordo de una motocicleta, le dispararán en la colonia 10 de abril.
El último de los casos que se tiene registro, ocurrió el 12 de agosto de 2021, Pedro Abirán Fuentes Cruz, oficial mayor del Ayuntamiento de Isla Mujeres, fue ejecutado a balazos por un sicario que bajo de un vehículo, mientras se encontraba en un domicilio en el fraccionamiento Tikal, de Cancún.
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HS