Luego de varios años, quedaron prohibidas en definitiva las calesas jaladas por caballos en Cozumel, además de las corridas de toros. Lo anterior luego de que el Congreso de Quintana Roo aprobó una reforma de ley que prohíbe el uso y tránsito de animales en vehículos de tracción animal, lo que implica la cancelación del uso de caballos para brindar paseos a las y los turistas en la Entidad.
Con la reforma se prohíbe también celebrar, organizar, patrocinar o promover exhibiciones, espectáculos o actividades similares o equiparables a las corridas de toros, vaquillas, novillos, becerros para cualquier fin, ya sea de lucro o sin él, así como la crianza, entrenamiento, comercialización, compra o posesión de animales para su utilización en este tipo de espectáculos.
En la sesión ordinaria número 5, las y los diputados aprobaron reformas a la Ley estatal de Protección y Bienestar Animal, a fin de prohibir el tránsito de animales en vialidades empedradas o asfaltadas para finalidades distintas a las relacionadas con las actividades agropecuarias.
La modificación va en concordancia con la reciente reforma constitucional mediante la cual se reconoce a los animales como seres sintientes, sujetos de consideración moral, por lo cual deben recibir trato digno.
La reforma no menciona por ningún lado el tema de los delfinarios, los cuales está comprobado que someten a un elevado estrés a los mamíferos marinos, que además son explotados y confinados en espacios muy limitados durante toda su vida.
Lo anterior, pese a que el 16 de octubre pasado, el Congreso del estado aprobó un exhorto urgente al Senado de la República para destrabar la iniciativa archivada en diciembre de 2022 que prohíbe los delfinarios en México.
Durante la lectura de la propuesta en el Congreso local, la diputada Mildred Ávila Vera expuso que no hay claridad sobre el número de mamíferos marinos en cautiverio que utilizan los delfinarios, pues las empresas ocultan los datos:
“Actualmente viven en cautiverio 450 delfines, es un estimado; los reportes solicitados a la Semarnat mencionan que no hay un seguimiento, ni existe obligación por contabilizar los nacimientos y muertes, lo cual es grave al deslindarse de esta responsabilidad, además de la confidencialidad de datos públicos que han escondido los delfinarios bajo secreto industrial y comercial”.
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AT