Una red de complicidades y negocios oscuros envuelven el tema de la llamada celda emergente de la Parcela 175, donde los Gobiernos estatal y municipal, así como empresarios, se han coludido para el manejo y disposición final de la basura, y que representa un millón 99 mil 800 pesos de ganancia diaria.
En julio del año pasado, Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal de Benito Juárez, aprovechó la emergencia ambiental provocada por el colapso del basurero para desplazar a la empresa encargada de manejar los residuos sólidos: Promotora Inmobiliaria Majahual (PIMSA) y beneficiar a su preferida, Promotora Ambiental Contenedores y + S.A. de C.V. (PACSA), que es un apéndice de Red Recolector (también llamada Red Ambiental), empresa ligada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que traslada las más de mil 300 toneladas que se producen diariamente.
A PIMSA, el Gobierno Municipal le pagaba un costo unitario de 238.63 pesos por tonelada de desechos que ingresaba al relleno sanitario, ubicado en la Parcela 196, pero con la entrada de Red Ambiental se incrementó el pago a 846 pesos por tonelada, de acuerdo con declaraciones de las partes.
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Luego de la supuesta emergencia ambiental se ha forjado una espiral de negocios obscuros que le permiten controlar todos los procesos de recolección, acopio, recepción, transporte, transferencia, almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, transformación, procesamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos, materiales valorizables, así como subproductos.
La fórmula que ha aplicado con sus cómplices y padrinos políticos fue renovar el contrato para recolección de basura a Red Ambiental, el contrato SIRESOL-DG-CPS-01-23, por 324 millones de pesos. Cabe señalar que también fue por asignación directa, sin competidores al frente, lo que se presta para moches, diezmos y todo tipo de componendas por debajo de la mesa. Aquí ya se tiene lo más importante, que es el control de la recolecta y trasporte de la basura.
Por si fuera poco, en Cancún se paga la basura más cara de todo el país, como si de un casino se tratara, pues se juega con una variable de recolección que va de mil 200 hasta mil 500 toneladas diarias, dependiendo de la temporada. Y es que, si se paga 846 pesos por un promedio de mil 300 toneladas diarias, da la cifra de un millón 99 mil 800 pesos de ganancia diaria.
Todo lo anterior fue para ir abriendo el camino para empezar a operar la llamada celda emergente, ubicada en la Parcela 175, que, en teoría, adquirió Red Ambiental a mediados del 2023, donde ha invertido o proyecta invertir 400 millones de pesos, y casualmente fue la única empresa, a través de Centro Integral de Procesamientos de Residuos (Cipres) de Red Ambiental la que participó en la licitación del Ayuntamiento de Benito Juárez, lanzada en diciembre pasado, para la construcción de la celda emergente.
A principios de este 2024, el Ayuntamiento de Benito Juárez daba a conocer que dicha empresa “fue la ganadora del proceso de licitación y será la encargada de construir la celda emergente para el destino final de la basura que genera el municipio de Benito Juárez”, y así lo confirmó el Síndico municipal, Miguel Ángel Centeno Cortés, quien es cuñado de la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y esposo de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF en el Estado, Verónica Lezama.
Cuando Mara Lezama era Alcaldesa de Benito Juárez, en su etapa de reelección dio entrada a la empresa neolonesa Red Ambiental para la recolección de basura.
Después, esta se quedó con la operación del relleno sanitario en la Parcela 196, ubicada al Norponiente de Cancún, pero al mismo tiempo que se declaraba la contingencia ambiental, dicha compañía adquiría un nuevo terreno para la construcción de la celda, incluso, antes que se lanzara convocatoria para la licitación.
Además, Solución Integral de Recursos Sólidos Cancún (Siresol), encargó a Red Ambiental el dictamen sobre cuánto tiempo le quedaba de vida útil al relleno sanitario de la Parcela 196; el mismo dictaminador y, en ese momento, futuro “ganador” de la amañada licitación y futuros dueños de la celda emergente.
Artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley en Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
En febrero pasado, Juan Gracia, representante de Cipres, aseguraba que la nueva celda estaba lista y podría entrar en operación en cuanto lo dispusiera la autoridad municipal. Aseguró que cuentan con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA’s) respectivas, aunque en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no aparecen tales.
La nueva celda, que tiene una superficie de 10 hectáreas y una vida útil estimada de cinco años, contará con un sistema de impermeabilización, drenaje, captación y tratamiento de lixiviados, así como un sistema de control de gases y olores. Según Cipres, cumplirá con las normas ambientales vigentes y permitirá una mejor gestión de los residuos sólidos urbanos.
En tanto que Redes Sociales Mayas, una página creada por el exdirector de Siresol, Wilberth Esquivel Zanoguera y autonombrado ambientalista de Cancún, denunció que: “esa celda clandestina viola las NOM083 Semarnat 2003, inciso 6.1.4, sobre la ubicación de rellenos sanitarios, que no pueden ubicarse en “zonas de recarga de acuíferos” y ahí se extrae el agua potable de Cancún.
“Además, viola el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y no tiene Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sólo tiene una para extracción de material pétreo. Además, es un negocio de Ángel Álvarez con funcionarios y Red Ambiental. La licitación fue una simulación. Hay como 30 delitos incluyendo los ambientales”, dijo.
El 29 de febrero entró en operaciones la llamada celda emergente, día en el que la Asociación Civil Salvemos Nizuc presentó y ganó la suspensión provisional contra la construcción de una celda emergente en la Parcela 175. El representante legal de la asociación, Raúl Karim de la Rosa Peláez, informaba que presentaron un amparo indirecto en contra de la construcción y operación de la celda emergente y el Juez Séptimo de Distrito les otorgó la suspensión provisional.
El objetivo es velar por la protección del medio ambiente, pues el relleno pretende operar, porque ya está construido, sobre dos Unidades de Gestión Ambiental del POEL de Benito Juárez, por lo que con el amparo se logró tener una suspensión provisional, a decir del representante de la asociación civil.
El Biólogo Emilio de Jesús Barrueta Rath, especialista en evaluación de impacto ambiental, presentó un informe técnico de la evolución del estado del predio Parcela 175, donde se ubica la celda emergente.
Basado en un seguimiento desde el 2014 a la fecha, con imágenes satelitales, indica que éstas muestran, sin margen de duda, que el desmonte en áreas de selva ocurrió meses antes que se licitara el relleno sanitario denominado celda emergente, y de que se presentara la MIA.
En un informe de 10 páginas, con más de 20 imágenes de satélite, el especialista desmenuza año por año cómo fue evolucionando la devastación de la superficie.
Detalla que el predio Parcela 175 se encontraba sin afectación apreciable en imágenes de alta resolución (50 cm por píxel) hasta mediados del año 2018.
En el 2018, el predio fue objeto de desmonte para explotación de materiales pétreos en una superficie irregular no mayor a tres hectáreas, y dicha explotación fue abandonada en el 2019, lo que dio lugar a que se iniciara un proceso de recolonización de las especies vegetales en esa superficie afectada, favorecida por el entorno de selva que se observa.
El proceso de recuperación del área desmontada persistió hasta la segunda mitad del año 2022, cuando la vegetación volvió a ser eliminada del área previamente desmonta.
El desmonte rebaso el área del anterior bando de material pétreo y se extendió durante 2022 y 2023 hasta aproximadamente el triple del área talada en 2018.
La información espacial de las imágenes satelitales revela que, para enero del 2024, el desmonte ya había rebasado las ocho hectáreas, y en ese mismo mes se colocó la geomembrana negra, en una superficie de cuatro hectáreas, que corresponde a una de las celdas del proyecto de nuevo relleno sanitario denominado celda emergente.
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