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El director general y apoderado legal de Aguakan, Paul Rangel, por fin logró que le fuera concedida una suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra, derivada de las acusaciones de falso testimonio que le imputa el gobierno de Quintana Roo, en el juicio por la cancelación del contrato de concesión de agua potable en cuatro municipios de Quintana Roo.
Se trata apenas de una medida precautoria temporal, pues ya se le había negado en definitiva este recurso en otro amparo tramitado previamente. El próximo 4 de abril, a las 10:15 horas se decidirá en audiencia incidental si le otorgan suspensión definitiva.
Este segundo amparo que tramitó el directivo de Aguakán tiene que ver con la denuncia interpuesta por el gobierno de Quintana Roo ante la Fiscalía General de la República en el juicio iniciado por la propia Aguakan en contra de la cancelación del contrato de concesión que ésta posee en cuatro municipios de Quintana Roo.
En dicho juicio, Paul Rangel está acusado de mentir deliberadamente al asegurar que el Congreso de no está facultado para derogar un contrato que fue autorizado por el gobierno del estado y los municipios, debido a que la ley de municipios sí prevé que cuando una concesión excede el tiempo en funciones de una administración municipal, el poder legislativo debe autorizar un nuevo permiso mediante una licitación, lo cual no sucedió en el caso de Aguakan en 2014 cuando le extendieron el contrato de agua potable hasta 2053.
El anterior amparo promovido por el directivo de Aguakan le fue negado el pasado 15 de marzo. Esa medida cautelar fue sancionada por el Juzgado Octavo de Distrito en primera instancia, así como por el Segundo Tribunal Colegiado, en segunda instancia, según consta en los expedientes número 206/2024 y 91/2024, respectivamente.
En ambos casos le negaron la protección que buscaba, pese a haber pagado una fianza de 10,000 pesos. Sin embargo, por el momento no se sabe de ninguna orden de aprehensión librada en su contra.
Se debe recordar que este tema por la cancelación del contrato de concesión de agua potable se origina a finales del año pasado, cuando el COngreso del estado aprueba el decreto 195, mediante el cual se establece que el contrato de agua potable otorgado desde 1990 a Aguakan para operar el servicio de agua potable expiró el 31 de diciembre de 2023, anulando con ello un decreto previo de 2014 , año en el que el entonces gobernador Roberto Borge —hoy preso— concedió una ampliación anticipada de la concesión hasta 2053.
La concesionaria impugnó ese decreto y logró que le fuera concedida una suspensión provisional, la cual fue ratificada como definitiva el lunes 22 de enero.
El gobierno de Quintana Roo interpuso una impugnación contra la medida provisional, argumentando que el contrato ampliado por el ex gobernador Borge en 2014 estuvo viciado de origen.
Al no prosperar esta impugnación, el gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia contra el director de Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo la empresa habría incurrido en argumentos falsos para abonar a su causa.
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AT