Jesús Othón Baca Cacho, titular del despacho jurídico BA/CA Abogados, de la Ciudad de México, y representante legal de un colectivo denunciante que representa al 15 por ciento de los clientes de Grupo Inverco, afectados por un presunto megafraude del proyecto inmobiliario Pedregales de Misnebalam, informa que se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda contra esa empresa yucateca.
Aseguró que el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, aceptó iniciar a la brevedad una investigación exhaustiva de los hechos puestos de su conocimiento, mediante denuncia que se presentó el martes 20 pasado, con el objetivo de esclarecer el uso, operación y destino de los recursos económicos pagados a la constructora por cientos de familias hoy afectadas.
Ese despacho jurídico defiende legalmente a 100 familias nacionales y extranjeras afectadas, por un fraude que se calcula en por lo menos 100 millones de pesos. Ese colectivo presentó cuatro acciones judiciales, financieras y conciliatorias en contra de la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria (Grupo Inverco), que opera el desarrollo habitacional fraccionamiento Pedregales de Misnebalam.
Empero, como hemos informado, son al menos unos 700 clientes de Grupo Inverco los que ya reportaron que no les entregó los terrenos y casas tipo townhouse que ya pagaron. Entre los accionistas que cometieron el fraude está Rolando Alberto Bello Mejía, actual notario público y familiar del senador y exgobernador de Yucatán Rolando Zapata Bello.
Al respecto, Baca Cacho reportó que, por primera vez en Yucatán, se aceptó que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) revise de forma exhaustiva la queja grupal -que el mismo martes 20 presentó en esa dependencia-, a fin de que sean atendidos los reclamos de cientos de personas mediante el procedimiento conciliatorio expedito.
Para tal efecto, se requirió igualmente al procurador federal de Protección al Consumidor, David Aguilar Romero, que apoye la investigación y dictaminación especializada en operaciones de compraventa de bienes inmuebles y, en su caso, imponga las sanciones de ley a los proveedores responsables; es decir, a los accionistas y empleados de Grupo Inverco.
La tercera acción que los afectados -al menos 35 de ellos residentes fuera del país- emprendieron a través de sus abogados, y que fue aceptada por las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), es que el titular de esa dependencia, Alejandro Gertz Manero, ordene una investigación exhaustiva y coordinada, a fin de esclarecer los hechos puestos de su conocimiento el día 22 de agosto y, en su caso, determinar la responsabilidad penal de las personas morales y físicas involucradas.
Finalmente, el abogado pidió a Juan Manuel León León, fiscal general del Estado de Yucatán, una investigación exhaustiva de los hechos con apariencia de delito de “Fraude inmobiliario”, puestos de su conocimiento el día jueves 22.
El informante añadió que el funcionario estatal aceptó ese mismo día la denuncia penal del colectivo y de inmediato abrió averiguaciones ministeriales para conocer a detalle los alcances del presunto delito que se imputa a los accionistas, empleados y asesores inmobiliarios de la compañía.
JGH
