La deuda de Quintana Roo con instituciones bancarias llegó a los 19 mil 500 millones de pesos al término de la Administración del exgobernador preso, Roberto Borge Angulo, en el 2016, y desde entonces se ha mantenido en los mismos 19 mil 500 millones gracias a los innumerables refinanciamientos y reestructuraciones que sólo han extendido el plazo de pago entre cinco y 10 años más, con elevados intereses que impiden disminuir el monto original del pasivo.
Esta política de refinanciamiento tras refinanciamiento la comenzó a aplicar el propio Borge Angulo en los últimos tres años de su Administración y la han continuado al pie de la letra los Gobiernos que le sucedieron, el de Carlos Joaquín y María Elena Hermelinda Lezama Espinoza.
Desde el borgismo a la fecha, el argumento para aplazar interminablemente la deuda ha sido el mismo: “una medida preventiva para bajar el gasto y garantizar recursos para obra pública productiva”.
Estos refinanciamientos extienden el plazo promedio para pagar la deuda con una tasa de interés más baja y un mayor periodo de gracia para evitar el riesgo de incumplimiento ante el impacto de una eventual crisis, a cambio de comprometer por entre 20 y 30 años las participaciones federales de la Quintana Roo.
Un poco de historia
A la mitad del sexenio borgista, la deuda se refinanció con Banobras, extendiéndose de ocho a 20 años el plazo de pago y elevando el monto de 10 mil 727 a 13 mil 25 millones de pesos.
Los siguientes dos años continuó incrementándose la deuda estatal, pero con créditos de corto plazo que no tenían que pasar por la aprobación del Congreso.
Cuando los plazos de esos créditos se hicieron impagables por la Administración borgista, en julio del 2013 se volvió a enviar al Congreso del Estado una nueva iniciativa de refinanciamiento por 4 mil 984 millones de pesos, que se sumaban a los 13 mil 25 millones de pesos que ya enfrentaba Quintana Roo con instituciones bancarias.
Para junio del 2015, con más créditos solicitados a la banca, la deuda de Quintana Roo se situaba en los 19 mil 549 millones de pesos y desde entonces se ha mantenido en los mismos niveles, pese a que se ha pagado ya esa misma cantidad sólo en los intereses derivados de tan abultada deuda.
A la postre, Borge Angulo fue acusado de ejercicio indebido del cargo público que desempeñó y se encuentra preso.
Joaquinismo
Durante el mandato de Carlos Joaquín González, Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Quintana Roo ante la disminución de ingresos y la contratación de deuda a corto plazo por parte de esa Administración.
Al cierre del 2020, el saldo de la deuda de corto plazo era de 2 mil 71.9 millones, aunque originalmente fue por 2 mil 384 millones, los cuales, supuestamente, se destinaron a inversión y transferencias relacionadas con la pandemia.
También en el 2020, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dio a conocer que adjudicó a tres bancos el refinanciamiento y reestructura de la deuda pública de Quintana Roo.
Los bancos ganadores de la licitación y los montos que refinanciarán son Banorte, con 6 mil 300 millones a 20 años; Banobras, 11 mil 286 millones 561,295 pesos a 22 años, y HSBC México, con mil 150 millones de pesos a 25 años. Es decir, una segunda reestructuración durante este periodo de Gobierno al mando del hoy Embajador de México en Canadá.
Aunado a ello, en marzo del 2021, el Congreso del Estado aprobó el dictamen de decreto por el que se autoriza al Gobierno del Quintana Roo obtener uno o varios financiamientos, o la colocación de deuda en mecanismos bursátiles por hasta 820 millones de pesos.
La nueva deuda comprometió, por 20 años, el 25% de las aportaciones que recibe la Entidad de la Federación.
En teoría, este dinero deberá ser usado para la realización de 102 obras de infraestructura estatal. El dictamen se aprobó con 16 votos a favor, tres en contra, dos ausencias y tres curules vacantes.
La iniciativa argumentaba que la nueva deuda era fundamental “para fomentar la reactivación económica, la cual consiste en detonar la inversión pública productiva mediante la potencialización de los ingresos estatales para fomentar la inversión y el empleo en forma inmediata”.
La iniciativa de decreto detallaba uno a uno los 102 proyectos a los que se destinarán los recursos; entre los que se encuentra la repavimentación de calles de Cozumel por un monto de 25 millones 61 mil 400 pesos; rehabilitación del campo de beisbol “Rojo Gómez”, por 4 millones 115 mil 700 pesos; parque emblemático de Cozumel, por 20 millones de pesos; pavimentación de vialidades en Bacalar, por 28 millones 968 mil 620 pesos; pavimentación de vialidades en Felipe Carrillo Puerto, por 18 millones de pesos; mejoramiento de la plaza central de Isla Mujeres, por 7 millones 144 mil 80 pesos; y la rehabilitación del parque escultórico Punta Sur, por 8 millones 670 mil pesos.
A ello se suma que al finalizar el 2020, la Sefiplan reportó que la deuda bruta total de Quintana Roo ascendió a 18 mil 949 millones de pesos, por lo que con los 820 millones que le autorizó el Congreso al Gobernador, la deuda se incrementó hasta los 19 mil 769 millones de pesos.
Es decir, se mantuvo en los mismos 19 mil y pico de millones de pesos que dejó Borge, por lo que a lo largo de cinco años de joaquinismo la deuda no se redujo en lo absoluto.
Actual Administración
Como calca de lo sucedido en el joaquinismo y el borgismo, la actual Gobernadora envió al Congreso del Estado una iniciativa de refinanciamiento de la deuda de Quintana Roo, la cual fue autorizada en septiembre del 2023.
Al igual que con Borge y Carlos Joaquín, el argumento recurrente es mejorar las condiciones globales de tasa, plazo y perfil de amortizaciones, sin incrementar el saldo global de la deuda “para liberar recursos y destinarlos a proyectos de infraestructura y programas sociales”, según informó el Congreso local.
La medida se aprobó con 23 votos a favor, a través de uno o varios financiamientos, con una o varias instituciones financieras mexicanas, hasta por un monto de 19 mil 625 millones 687 mil 171 pesos.
En tribuna, los Diputados de Morena y PVEM, así como las representaciones legislativas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y “Fuerza por México” coincidieron en señalar que a través de este mecanismo se podrán liberar recursos que actualmente se utilizan para el pago de los servicios de la deuda pública (como amortizaciones, intereses y comisiones), para destinarse al fortalecimiento de los ejes prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado, como Salud, Educación y Desarrollo Social, así como para inversiones de obra pública directa.
La Diputada y Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Mildred Ávila Vera, destacó que gracias a las medidas integrales para equilibrar las finanzas públicas fue posible obtener una calificación favorable que abrió la puerta para esta reestructuración y/o refinanciamiento de la deuda a largo plazo para atender la deuda social del Estado.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, aseguró que pese al discurso de reforzamiento de recursos en programas sociales, ya existen suficientes evidencias del uso electoral de estos programas por parte de conocidos miembros de la actual Administración y del Partido Verde Ecologista, así como beneficiarias de estas mismas ayudas que forman parte de la propia estructura de Gobierno.
Es decir, aunque el dinero que se “ahorra” ampliando el plazo de la deuda del Estado sí se ha destinado a programas sociales, el mal uso de estos programas desvirtúa el objetivo inicial de sacrificar un periodo mucho más largo de pago para destinar el dinero a acciones que tienen un evidente uso electorero y faccioso a favor del PVEM.
Actualmente, la deuda refinanciada por la Administración de Mara extendió por otros cinco años más el plazo de pago, por lo que los créditos que con Carlos Joaquín se terminarían de pagar en el 2041 y 2045, ahora se extenderán hasta el 2046 y 2051.
Compromisos insalvables
Al cierre del 2023, Quintana Roo se mantuvo entre los Estados con la mayor deuda per cápita del país, pues la deuda dividida entre cada habitante corresponde a los 11 mil 375.4 pesos. Además que cuatro de sus 11 municipios tienen pasivos por 2 mil 96.6 millones de pesos, de acuerdo con datos del Senado.
Al cierre del 2023, las Entidades federativas que presentaron un mayor nivel de endeudamiento per cápita respecto del total fueron: Nuevo León, con 16 mil 621.3 pesos; Chihuahua, 13 mil 473.4 pesos; Coahuila, 11 mil 607.2 pesos; Quintana Roo, 11 mil 375.4 pesos; Ciudad de México, 10 mil 923.1; y Sonora, 10 mil 700.7 pesos.
Lo anterior, con base en el reporte trimestral sobre la Deuda de Entidades Federativas y los Municipios, correspondiente al cuarto trimestre del 2023, del Instituto Belisario Domínguez.
Además, entre los Estados que presentaron una mayor relación entre su deuda y sus participaciones federales figuran Nuevo León, con 163.6 por ciento; Chihuahua, con 144.2 por ciento; Coahuila, con 141.6 por ciento; Quintana Roo, con 118.3 por ciento, y Sonora, con 108.4 por ciento.
Además, por la relación de su deuda respecto de su Producto Interno Bruto (PIB) Quintana Roo encabeza este índice con 5.1 por ciento; Chihuahua, con 4.6 por ciento; Chiapas, con 4.4 por ciento; Nuevo León, con 4.3 por ciento y Veracruz, con 4.0 por ciento.
Es decir, los niveles de deuda se mantienen muy elevados, prácticamente en los mismos niveles que dejó ocho años atrás la Administración corrupta de Roberto Borge Angulo.
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JG