Más de 70 denuncias por extorsión y nueve secuestros han sido denunciados en Cancún de enero a agosto de este año, así como 790 casos que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en el concepto de “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, cifra que se ha incrementado en comparación con el mismo periodo del 2022 y 2023.
El municipio de Benito Juárez es el que continúa en primer lugar en cuanto a las extorsiones y secuestros, pues según las cifras de la FGE y autoridades federales, de enero a agosto de este año se han reportado 71 denuncias por extorsión y nueve secuestros, así como 790 expedientes por el concepto que califican como “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, este engloba los casos de desaparición forzada y víctimas de privación de la libertad.
La cifra va en aumento si lo comparamos con el mismo periodo del 2023, cuando en este municipio se denunciaron ante el Ministerio Público 32 extorsiones y dos secuestros, en tanto que en los mismos meses del 2022 la cifra era aún menor, con 16 extorsiones y un secuestro, es decir que el periodo actual cuadruplicó los números de carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General de Quintana Roo.
Pero no sólo en Cancún los números son alarmantes, por ejemplo, en Othón P. Blanco, en el periodo en cuestión del 2022 se denunció solo un caso de extorsión, en el mismo periodo del año pasado fueron cuatro y en el actual nueve; asimismo Felipe Carrillo Puerto pasó de una víctima de extorsión a ocho; Solidaridad también tuvo un incremento considerable de uno a siete casos.
Los municipios que en el 2023 no reportaron ningún caso de extorsión y secuestro fueron Isla Mujeres, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar, pero este año ya fueron alcanzados por las células del crimen organizado al reportar, en el mismo orden, tres, uno, uno, siete y tres casos de extorsiones, lo que claramente demuestra que las células delictivas cada vez se apoderan más de la paz y tranquilidad de la ciudadanía.
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Al hablar de los casos que están en el concepto de “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, en el 2022 se denunciaron 585; durante el mismo periodo del año pasado fueron 646 y durante el 2024 se reportaron 790; en cuanto al secuestro en sus modalidades de extorsión y express también registró un incremento al pasar de un caso en 2022 y 2023 a nueve durante el tiempo actual, todos en Cancún.
Según los expertos en este tema, durante el 2023 las células delictivas pidieron alrededor de 850 millones de pesos como rescate o por extorsión, de los cuales fueron pagados 126 millones en todo el país, ante esta creciente ola del delito a partir de mayo pasado, los casos de extorsión en Quintana Roo son objeto de investigación de oficio, lo que significa que no se requiere una denuncia formal por parte de la víctima.
La población teme denunciar
Los casos de extorsión tienen una cifra negra en donde el 98 por ciento de las víctimas optan por no denunciar, fenómeno criminal que se debe combatir. “Como ciudadanos, podemos ser parte del cambio para erradicar la extorsión”, afirmó James Tobin, Coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia.
Además, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra ha crecido en Quintana Roo, pues en 2022 era del 91.3 por ciento, el porcentaje de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación
Son tres aspectos principales por lo que los ciudadanos no denuncian: primero, por miedo a repercusiones; segundo por falta de confianza en las autoridades y tercero, por falta de resultados, es decir el clamor de la ciudadanía es que “hago una denuncia y no pasa nada”, precisó.
En ese sentido, lamentó que la del estado 2024, que se lanzó en agosto pasado y concluye este 29 de septiembre, cuente con muy baja respuesta, con menos de mil participantes.
Por ello, volvió a realizar un llamado a los ciudadanos para que participen en dicha encuesta lanzada por la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, en conjunto con el Centro de Investigación de Crímenes Atroces.
Garantizó que es totalmente anónima y puede participar toda la población que haya sido víctima de algún tipo de extorsión, ya sea a través de una llamada telefónica -que en su mayoría son realizadas desde algún centro penitenciario-dijo-, o presencialmente.
“Es muy importante esta participación ciudadana. De verdad nos va a ayudar muchísimo a poder, pues combatirla (la extorsión). Insisto: una vez más lo quiero decir por qué es importante la encuesta victimización, que solo busca, de forma anónima, obtener información para poder contar con datos más precisos y presentarlos a las instancias federales a fin de diseñar mejores estrategias para combatir este flagrante delito”, enfatizó.
“La encuesta es virtual y la información que proporcionan permitirá comprender las dimensiones reales y las características del fenómeno de la extorsión en la entidad, en la que ya se tienen identificados tres sectores que son los más afectados: el náutico, el restaurantero y el sector de la construcción”.
Comentó que este proyecto está diseñado en siete módulos, el primero para conocer al participante; otro campo es sobre las características de la empresa; uno más sobre la extorsión.
También se busca saber el impacto de la extorsión en la empresa; las características del perpetrador; la respuesta institucional y la percepción del fenómeno de extorsión. Se estima que el tiempo que se invierte para contestar es de aproximadamente 30 minutos; además aclaró que no se proporciona información personal.
El coordinador insistió que para la Mesa y las autoridades es primordial conocer la situación, ya que el 98 por ciento de quienes son víctimas de algún tipo de extorsión no denuncian por miedo.
Agresiones, grescas, balaceras han sacado a la luz un problema que afecta a comerciantes y dueños de negocios en zonas de casi todo Quintana Roo, y en especial en Cancún.
A nivel nacional, en el último año, la extorsión se incrementó un 38.9% con respecto al año anterior. En 2022 se abrieron 357 carpetas de investigación por este delito, mientras para 2023 subió a 496, es decir, 139 casos más que el año anterior, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).