Comerciantes y pequeños empresarios que han sido víctimas de extorsión aseguran que este problema se agrava cada vez más en Benito Juárez, y ha provocado el cierre de muchos negocios, no sólo en esta ciudad, sino en todo el estado.
Jacinto es un taxista de mediana edad, quien hace unos meses intentó establecer, junto con su esposa, un negocio de venta de pollos asados en la esquina de su casa. Sin embargo, en menos de 10 días llegaron dos sujetos que se identificaron como integrantes de una célula delictiva y le exigieron 5 mil pesos cada semana como pago por “derecho de piso”, por lo que decidió clausurar su incipiente proyecto.
“Ni siquiera sacaba ese dinero de las ventas. Era muchísimo y sería como trabajar para ellos nada más, y mejor lo quitamos, porque me dijeron el nombre de mi esposa y de mis hijos; no sé cómo consiguieron esos datos, dirección y todo. Entonces mejor seguí en el taxi, no es rentable un negocio así. Además están por todos lados, llegan y extorsionan en las tortillerías, cremerías, en todos los negocios, pero no se meten con las grandes franquicias, prefieren los pequeños”, lamentó.
La dueña de una estética que rentaba un local comercial en una céntrica plaza de la ciudad también fue víctima de extorsión vía telefónica; pero ella sí denunció los hechos y la investigación arrojó que una de sus exempleadas y su pareja sentimental fueron los autores; sin embargo nunca fueron detenidos. Los dueños de la plaza no la apoyaron y decidieron cerrar su local.
Durante la administración de Mara Lezama las extorsiones han ido en aumento; de septiembre del 2022 a julio de 2024 las estadísticas arrojan que se han cometido 256 extorsiones, principalmente al sector de la construcción, náutico y restaurantero. Este es uno de los delitos que más lacera al sector empresarial y las intenciones de inversión por lo que para conocer a profundidad la problemática, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, lanzó una encuesta, en la que esperan la participación de la comunidad empresarial.
Respuesta
La Encuesta de Victimización de Extorsión a Empresas en Quintana Roo 2024 busca recolectar las opiniones de la mayor cantidad posible de pequeños, medianos y grandes empresarios de la entidad, señaló James Tobin Cunningham, coordinador de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia.
La iniciativa de análisis se realiza en colaboración con el Centro Ciudadano de Crímenes Atroces (CICA), asociación civil que ha colaborado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y de acuerdo con el código QR, para el acceso a la misma, toda la información será confidencial. Uno de los principales problemas relacionados con el delito de extorsión es la falta de denuncia, incluso en la línea especializada del servicio 089 para denunciar este tipo de delito en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los reportes son bajos, pues la extorsión no encabeza las listas de ayuda.
Además, muchos casos se quedan sólo en este tipo de reporte, pues entre el 2016 y 2023 la corporación policial registró 30 mil llamadas de este tipo; en contraste, únicamente se asentaron mil 30 denuncias formales en la Fiscalía General del Estado (FGE) en el mismo período.
Según datos de las autoridades, en los casos denunciados ante la FGE, los integrantes de grupos criminales exigieron un monto acumulado por 850 millones de pesos, de los cuales las víctimas habrían pagado 126 millones de pesos.
Una de las posibles causas por la que el sector empresarial de Quintana Roo, desde los pequeños negocios hasta las grandes corporaciones e industrias no denuncian la extorsión es por temor a su integridad física y la de su familia, y también por la falta de confianza con las instituciones, de acuerdo con el coordinador.
En este tipo de delito, los delincuentes amenazan a la víctima con supuestos escenarios de riesgo o peligro para ella o sus familiares, tales como amenaza de daño físico o patrimonial, secuestros, o incluso la muerte. En estos casos, los criminales utilizan la violencia psicológica para intimidar a las víctimas, por ello es usual que recurran a las agresiones verbales, de modo que la persona afectada pague cierta cantidad de dinero, entregue bienes materiales, o en su caso, envíe o deposite dinero.
Algunas asociaciones civiles han alertado que éste se ha convertido en el delito más frecuente y más del 50% de las víctimas entrega el dinero para evitar un daño físico o material. El entrevistado mencionó que, a la par, ya entró en operaciones un call center que recibirá denuncias de la población, en temas como acoso, violencia y extorsión, a través del número 01800.
Dijo que, si bien la prevención de los delitos es importante, en especial en colonias con “focos rojos” dentro de este polo turístico, la ciudadanía también cuenta, desde agosto pasado, con este servicio gratuito para realizar denuncias ante las autoridades.
Secuestros, otro delito al alza
Las estadísticas de secuestro también se elevan de manera alarmante, pero el que sufre no sólo una víctima, sino toda la familia. En lo que va del año se han contabilizado 14 hechos y hay más de dos mil carpetas de investigación por delitos que atentan contra la libertad personal, principalmente desapariciones y privaciones ilegales de la libertad.
Vivir un día a la vez, ser humilde, amar a la familia y hablar con Dios fueron algunas de las enseñanzas que adquirió “Alejandro”, un empresario cancunense quien fue plagiado en el 2015. Sin embargo, también aprendió a desconfiar y a cerrar círculos, Narró que unos sujetos lo bajaron de un taxi y lo subieron a una camioneta Suburban.
Recordó que usaban chalecos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), le taparon los ojos y se comunicaban vía radio con una persona, a quien sólo le dijeron “ya lo tenemos”. “Me llevaron a una casa de seguridad, me metieron a un clóset, amarrado, y escuchaba voces de más víctimas, entre ellos mujeres y niños. Fueron 20 días y 19 noches.
Todo olía a marihuana, nos golpeaban, no nos daban de comer, me quemaban los pies para que gritara y mis padres escucharan. Siempre tenían música de banda y de los Ángeles Azules, lo recuerdo bien y si hablabas te daban una paliza. Me dijeron que me llevaban estudiando 6 meses hasta que me agarraron, cuando finalmente se pagó el rescate, me tiraron encostalado en la carretera México-Cuernavaca y cuando me encontraron fui hospitalizado varios días, entre las secuelas que me quedaron es que perdí gran parte de la audición y quedé ciego 6 meses y 20 días”, contó.
Dijo que después de la traumática experiencia, necesitó acudir a terapia, hasta superarla, y además recordó que, a otra de las víctimas, de tan sólo 7 años, a quien mataron, pese a que se pagó el rescate. Aunque “Alejandro” se autodenomina anti-religioso, aclaró que en esa etapa conoció personalmente a Cristo y evidentemente eso le dejó muchas enseñanzas. “Cristo tiene un propósito para todo y todos, valoras tu libertad, a tu familia, a ser más humilde. Aprendí que es mejor dar que recibir, hay que sembrar para cosechar y aprendí a desconfiar desde que pasó eso y empecé a comer nueva- mente. Nunca he dejado de orar y agradecer por el desayuno, la comida y la cena, que muchas veces no valoramos”, concluyó.
Cancún, “foco rojo”
En Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez continúa en primer lugar tanto en secuestros como en extorsiones, pues según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de este año se han reportado 64 denuncias por extorsión y nueve secuestros, así como 771 expedientes por “otros delitos que atentan contra la libertad personal”.
En éstos se engloban los casos de desaparecidos y víctimas de privación de la libertad. La cifra va en aumento si lo comparamos con el mismo periodo del 2023, cuando en este municipio se denunciaron ante el Ministerio Público 32 extorsiones y dos secuestros, en tanto que, de enero a julio del 2022, la cifra era aún menor, con 16 extorsiones y un secuestro, es decir que el periodo actual cuadruplicó los números de carpetas de investigación.
Pero no sólo en Cancún los números son alarmantes, por ejemplo, en Othón P. Blanco, en el periodo en cuestión del 2022 se denunció apenas un caso de extorsión; de enero a julio del año pasado fueron cuatro y en el actual, nueve; asimismo Felipe Carrillo Puerto pasó de una víctima de extorsión a ocho; Playa del Carmen también tuvo un incremento considerable de uno a siete.
Los municipios que en el 2023 no reportaron ningún caso de extorsión fueron Isla Mujeres, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar, pero en este año fueron alcanzados por las garras del crimen organizado, al reportar, en el mismo orden, tres, uno, uno, siete y tres casos de extorsiones, lo que demuestra que las células delictivas cada vez se apoderan más de la paz y tranquilidad de la población.
Al hablar de los casos que están en el concepto de “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, en el 2022 se denunciaron 585, durante el primer semestre del año pasado fueron 646 y durante el 2024 se reportaron 771; en cuanto al secuestro en sus modalidades de extorsión y exprés también registró un incremento al pasar de un caso en 2022 y 2023 a nueve durante el tiempo actual, todos en Cancún.
Los datos recabados fueron a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimenta con la información que proporciona la Fiscalía General del Estado, sin embargo es importante señalar que existen muchos más casos que la ciudadanía no denuncia por miedo, desinformación y desconfianza en las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
El cobro de “derecho de piso” es un secreto a voces entre comerciantes, ya sea fijos o semifijos, en cualquier punto de Quintana Roo. Desde fondas en mercadillos, vendedores de hot-dogs, tienditas de la esquina, peluquerías, taquerías formales e informales; prácticamente cualquier negocio es objeto de este crimen. Algunos propietarios o gerentes argumentan, “¿qué hacemos, cerramos o mantenemos la planta productiva?”
De acuerdo con el coordinador de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, James Tobin, el delito de extorsión en Quintana Roo sumó 32 mil reportes al número 089, de 2016 a 2023 y afecta principalmente a tres sectores: el de la construcción, el náutico y el restaurantero.
En el mismo periodo, se registraron mil 032 denuncias en la Fiscalía General del Estado, con 97 por ciento de cifra negra, es decir, de casos no reportados. Aunque el número de carpetas de investigación creció un 106 por ciento. Estimó que el monto total que se solicitó a través de esas extorsiones podría alcanzar los 850 millones de pesos, de los cuales, pagaron 126 millones, de acuerdo a datos preliminares. A partir de mayo pasado, los casos de extorsión en Quintana Roo serán objeto de investigación de oficio, lo que significa que no requerirán una denuncia formal por parte de la víctima.
