A pesar de que el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo estableció que de ahora en adelante las personas listadas en el Registro Nacional de Deudores deberán informar sobre sus ocupaciones a las autoridades, el desconocimiento de la ley, los trámites y la falta de recursos son algunos de los problemas que enfrentan las madres solteras para exigir el pago de la pensión alimenticia, como es el caso de Blanca Coria Delgado, madre de dos hijos, quien mantiene en su totalidad los gastos corrientes de los menores. “Todos me dicen que ya lo deje así, porque son procesos muy largos y desgastantes”, dijo.
Tras separarse, se encontró sola con la responsabilidad de los gastos de los menores por lo que actualmente se dedica a la venta de ropa de segunda mano, donde apenas saca para lo necesario.
Dijo sentirse abrumada por la situación, ya que todos los días es una lucha para proporcionar comida, ropa y educación a sus hijos, ante la falta de apoyo de su expareja, llevándola a una situación de pobreza y estrés.
Caso parecido vivió Ana Lidia Gómez, madre de tres menores, quien hace cuatro años decidió no dejar a sus hijos sin el derecho de recibir el dinero que en verdad necesitan, por lo que se asesoró en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y aun así, el proceso duró año y medio.
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De acuerdo con la Secretaría General del Estado, en la entidad se tiene un registro de 50 deudores alimenticios, de los que el 80 por ciento están en Othón P. Blanco.
Por su parte, Aridna Song, fundadora del colectivo “Red de Víctimas”, dijo que existe una lista negra al respecto, ya que dentro de la organización se atienden alrededor de 300 casos.
También refirió que uno de los factores más comunes es que la pareja se separa en un entorno hostil, como con violencia física, verbal, psicológica y económica, lo que complica más los procesos.
Según los datos del Registro Civil de Benito Juárez, los divorcios por la vía judicial son los más comunes. En el 2023 se realizaron mil 112 disoluciones matrimoniales, de los cuales, 820 fueron por la vía judicial y 229 de manera administrativa.
Dentro de la ley, los gastos que se deben cubrir son los de alimentación, nutrición, vestimenta, habitación, atención médica y psicológica preventiva, integrada a la salud, asistencia médico hospitalaria, gastos de embarazo y parto, así como por educación y formación.
Roberto Rodríguez, miembro de la Barra de Abogados en Quintana Roo, dijo que uno de los factores que complica el proceso es que muchas madres no denuncian debido a la falta de conocimientos sobre sus derechos o miedo a represalias; además, los trámites para incluir a un padre en la lista de deudores pueden ser lentos y burocráticos, lo que puede disuadir a la denuncia.
Hay hombres que se salen de los trabajos para tener el argumento perfecto para no cumplir con sus responsabilidades; sin embargo, con esta modificación estará obligado a brindar detalles de a lo que se dedica y los recursos obtenidos, comentó.
Recientemente, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la vinculación a proceso de un padre de familia, identificado como Julio Estefano “N”, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en agravio de una víctima menor de edad, en Chetumal.
GC