Juan Pablo Guillermo Molina y Paula González Cetina, dos funcionarios de la administración del exgobernador, Roberto Borge, están incluidos en la denuncia penal presentada por el Gobierno de Quintana Roo contra la empresa Aguakan, concesionaria del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en cuatro municipios de la entidad.
Además de estos exfuncionarios, hay una larga lista de políticos, como regidores, diputados locales y federales, actualmente en funciones, que aprobaron en 2014 ampliar la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, por 39 años.
Como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Guillermo Molina, y González Cetina, de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), firmaron un contrato en diciembre de 2014 para extenderle a la empresa –anticipadamente– la concesión al 2053, a cambio de una “contraprestación única” por mil 50 millones de pesos.
La demanda presentada el 16 de mayo del 2024, por el Gobierno del Estado que encabeza Mara Lezama, sostiene que estos funcionarios carecían de facultades legales para la firma de ese acuerdo, que involucra a los representantes de la empresa DHC-Aguakan, Carlos F. F., Paul R.M. y Diego J.R.G.
La firma de ese contrato originó, mediante un acto presumiblemente ilícito, que el 15 de diciembre de 2014 la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún adquiriera la prórroga de la concesión, que se inscribe, según la denuncia, en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita o lavado de dinero. En diciembre pasado, un Juez federal libró las órdenes de aprehensión en contra de Paul R, y Diego J, apoderados de DHC-Aguakán, quienes presuntamente habrían promovido una “conducta ilícita” por parte de los funcionarios públicos, Guillermo Molina y González Cetina, también denunciados.
La concesionaria insistió que el contrato, que fue firmado el 5 de diciembre de 2014, forma parte de una serie de acuerdos avalados por el Consejo Directivo de la CAPA, en su Sesión Extraordinaria del 12 de noviembre de 2014, cuando aprobó la modificación del título de concesión, “en estricto apego y cumplimiento a las leyes aplicables, de forma institucional y transparente”.
“DHC y su equipo de asesores legales consideran que los hechos, materia de la investigación por los que se formulará la imputación, no son constitutivos de delito”, afirmó la concesionaria.
La sesión extraordinaria del 12 de noviembre fue presidida por Roberto Borge Angulo, y en ella se acordó el pago de la contraprestación por mil 55 millones de pesos a favor de la CAPA, pero el dinero fue desviado presuntamente a la Sefiplan, con Juan Pablo como titular.
Además de estos dos funcionarios hay políticos del PRI, Verde, PAN, PT y Morena, que también autorizaron y firmaron como diputados, alcaldes y regidores la prórroga de la concesión a Aguakan.
Desde Paul Carrillo, alcalde de Benito Juárez, hasta Agapito Magaña, en Isla Mujeres; Mauricio Góngora, en Solidaridad; y casi todos los regidores, votaron a favor de la ampliación de la concesión.
Por parte de la XIV Legislatura, en la sesión del 14 de diciembre, votaron a favor Ana Patricia Peralta, Berenice Polanco, Arlet Mólgora, Filiberto Martínez, Marcia Fernández Piña, Marybel Villegas, Mario Machuca, Juan Carrillo, José Luis “Chanito” Toledo, Jesús Pool Mo, Susana Hurtado y Pedro Flota.
Además, Hernán Villatoro, Remberto Estrada, Pablo Fernández Lemmen Meyer, Emilio Jiménez Ancona, Luis Fernando Roldán, Maritza Medina, Juan Manuel Herrera, José Ángel Chacón, Cora Amalia Castilla y Martín de la Cruz Gómez. Los únicos que votaron en contra fueron Perla Tun, Sergio Bolio, Trinidad García y Jorge Aguilar Osorio, actual secretario del gabinete estatal.
¿Quién autoriza las tarifas del suministro del líquido?
Entre sus afirmaciones, la empresa DHC-Aguakan insistió en que las tarifas que cobra las autoriza la CAPA y el Congreso del Estado, en tiempos que el PRI tenía todo el control, pero desde que entró el Gobierno de Morena, esta política sigue vigente. Esas tarifas, las más altas de América Latina como han señalado, tanto la actual presidenta Claudia Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, la propia empresa lo reconoce en su página web, donde afirma que las tarifas… “son establecidas por el Congreso del Estado para todos los municipios del estado”.
Desde que le fue entregada la concesión en 1993 y hasta 2024, Aguakan sigue cobrando las tarifas autorizadas por el Congreso del Estado y CAPA, y goza de impunidad total, pese a las miles de denuncias en Profeco por abusos, cortes arbitrarios, múltiples fallas, contaminación al manto freático y criminal manejo de las plantas de tratamiento, como han señalado ciudadanos de los cuatro municipios donde tiene la concesión.
