Para la LXVII Legislatura el tema de la crisis con la empresa concesionaria Aguakan, no es prioridad, pese a las denuncias de miles de quintanarroenses que incluso votaron en las elecciones del año pasado, para que se anulara la concesión y al llamado del presidente de México, Andrés López Obrador para que la Gobernadora Mara Lezama resuelva el tema.
Los diputados crearon en abril pasado la "Comisión transitoria especial para el seguimiento y atención a los temas referentes de las concesiones de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V.", presidida por el diputado Humberto Aldana Navarro, actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, donde también participa el diputado Julián Ricalde Magaña, entre otros.
El objetivo de la comisión, se dijo, “es hacer valer la voluntad ciudadana expresa en la consulta popular de junio del año pasado (2022), para retirar la concesión a la empresa Aguakan, y echarla fuera de los municipios de la zona Norte donde hoy presta el servicio, en particular Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde se determinó vinculante la consulta”.
Sin embargo, pese al llamado urgente del presidente Andrés Manuel López Obrador, hecho el pasado martes desde Palacio Nacional para que la gobernadora Mara Lezama Espinosa resuelva el tema, la inacción del Congreso y demás funcionarios del Gobierno del Estado, es nula. Simplemente no hubo eco del llamado presidencial.
Aguakan es una de las empresas líderes en denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), desde hace varios años, su presencia en Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres son los municipios en donde la mayoría de sus habitantes tiene por el servicio de la citada concesionaria.
Reclamos que retomó López Obrador quien reconoció “Siempre que vamos para allá hay esa demanda, de que no están cumpliendo con el contrato que tiene y que dan mal servicio y cobran mucho por el agua, eso lo tiene que ver la gobernadora”, urgió.
Al dar a conocer la creación de la comisión especial, el diputado Aldana Navarro advirtió que habría todo un proceso de investigación y deslinde de responsabilidades en contra de los involucrados, para llegar hasta las últimas consecuencias.
Dijo se llamará a rendir cuentas a los exalcaldes y exdiputados que aprobaron la extensión de la concesión en 2014, a finales del Gobierno de Roberto Borge Angulo, a cambio de una aportación de mil 55 millones de pesos por parte de la citada empresa, para conocer a fondo las justificantes.
Incluso, no descartó llamar al exgobernador Mario Villanueva Madrid, que, de origen, en el año de 1994, entregó en manos de Aguakan el servicio de agua potable de la ciudad de Cancún, bajo argumento de incapacidad financiera y operativa por parte del Gobierno del Estado y la administración estatal en turno.
A siete meses de esos anuncios, aún se desconoce de las acciones legales emprendidas para la actual Administración a favor de los miles de quintanarroenses que votaron para retirar la concesión a Aguakan en 2022.
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HS