A pesar de que la semana pasada se firmó un acuerdo voluntario entre el Gobierno federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum y los empresarios gasolineros para fijar un precio máximo de 24 pesos por litro de la regular, que comenzó el pasado lunes en todo el país; en la ciudad, por segundo día consecutivo, no se respeta.
En un recorrido por diferentes zonas de la ciudad se pudo observar que tanto en estaciones de servicio de Petróleos Mexicanos (Pemex), como en Gas Auto y en Shell, los precios van de 24.65, el más bajo, a 24.92.
Según algunos despachadores, desde hace varios años y no sólo con la firma del acuerdo anunciado el fin de semana pasado, los costos varían durante el día.
El viernes pasado, durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno firmó un acuerdo voluntario con empresarios denominado “Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México”, para establecer un precio máximo de 24 pesos por litro de la Magna durante los próximos seis meses.
Casi al mismo tiempo, se dio a conocer que se recortó a la mitad el estímulo fiscal a la gasolina regular o Magna luego de la firma del pacto voluntario, el cual, entraría en vigor el lunes 3 de marzo.
El anuncio lo hizo la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien adelantó que sostendría reuniones con compañías que no se sumaron.
“No se trata de un control de precios, es una decisión colectiva entre Gobierno y sector empresarial. Son muy pocas las empresas que no se sumaron, vamos a intentar que entiendan el fundamento de esta medida”, comentó. Aseguró que Pemex mantendrá un precio único para las terminales de almacenamiento.
Sheinbaum enfatizó que el pacto es de carácter voluntario y que no impone obligaciones legales a las partes firmantes.
Al respecto, los expertos en esta materia han señalado que la medida podría generar problemas debido a las diferencias en costos logísticos en distintas regiones del país.
El acuerdo excluye a las estaciones ubicadas en zonas fronterizas, donde ya existen estímulos fiscales distintos. También se teme que el tope de precios fomente la venta clandestina de combustible robado, conocido como “huachicol”, ya que su comercialización ilegal suele realizarse a precios más bajos que los establecidos en el pacto.
Por su parte, la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo), aseguró que el acuerdo debe complementarse con acciones contra el robo de combustible y un análisis más profundos sobre costos logísticos.
