La XVIII Legislatura aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal del Estado de Quintana Roo, referente al robo equiparado de vehículos con la cual se busca que la sustracción de automóviles de arrendadoras sea castigada con 4 hasta 8 años de cárcel.
En la sesión, empresarios de este rubro, grupo que ha solicitado reiteradamente sanciones más duras en contra de los sujetos que cometan estás acciones, dieron seguimiento a la aprobación del dictamen, por el cual los 22 legisladores presentes votaron todos a favor.
"Con esta iniciativa se estaría creando el tipo penal de robo equiparado de vehículo, que permitirá reforzar las estrategias de protección de sustracción de vehículos arrendados que están inscritos en actividades económicas muy importantes para el turismo", declaró el diputado Jorge Sanén Cervantes.
Antes de la aprobación de esta reforma, la sustracción de vehículos era catalogada dentro del Código Penal como "abuso de confianza", por lo que las sanciones a los perpetradores no eran estrictas para los daños que ocasionan a dicho sector empresarial, reiteró el legislador.
En consecuencia, se modificaron los artículos 146 Ter 1 y 2 para señalar que se cometerá robo equiparado al rentar un vehículo y dolosamente no lo devuelva y lo utilice para cometer delitos; el Ter 2 puntualiza que las penas se duplicarán cuando quien se robe el vehículo tambien lo desmantele, altere documentación o los enajene.
Las autoridades estatales han apuntado que las bandas delictivas mantienen un modus operandi, mediante el cual rentan los vehículos a las empresas, pero nunca los devuelven. Estas unidades pueden ser desmanteladas para realizar la venta de sus partes o, como se mencionó anteriormente, para cometer crímenes.
Un escenario delictivo que los legisladores replicaron durante la sesión, por lo cual era necesario reforzar el estado de Derecho, por la protección de los arrendadores de vehículos y a su vez a la ciudadanía que se ve afectada como resultado de los delitos que derivan del uso de estas unidades sustraídas.
De acuerdo al gobierno quintanarroense, en los últimos dos años, esta actividad criminal casi se ha duplicado, pasando de 1606 casos en 2022, a sumar 2135 en lo que ha transcurrido de este año.
