Calizas Industriales del Carmen (Calica) obtuvo una suspensión definitiva contra la sanción económica de 7 millones 985 mil pesos, asociada a las clausuras impuestas a la extracción de roca caliza en los predios El Corchalito y La Adelita, al Sur de Playa del Carmen, ocurridas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El miércoles, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó un acuerdo en el expediente 73/21-EAR-01-6 de juicio de nulidad, promovido en 2021 por la filial de Vulcan Materials Company, mediante el cual se obtuvo la suspensión del pago hasta que se resuelva el juicio.
“Se concede la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado respecto de las multas aplicadas, en cantidad total de $7,985,053.92, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran” (sic), se lee en el acuerdo dictado el miércoles.
Estos predios fueron clausurados en 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto, debido a que Calica excedió el nivel autorizado de extracción de material pétreo.
Con la imposición de los sellos oficiales, el gobierno mexicano también le exigió un pago millonario como sanción económica.
Asimismo, a raíz de estas clausuras, Calica inició un proceso legal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), mediante el cual reclama al gobierno mexicano 1,500 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de estos procedimientos.
La citada sala del TFJA que otorgó el beneficio a Calica tiene su sede en la Ciudad de México, donde la empresa ha abierto otro frente legal para revertir los actos administrativos impuestos por las autoridades mexicanas.
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En 2022 fue clausurado el predio La Rosita, también dentro de su zona de extracción, ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con esta sanción, se frenó cualquier intento de continuar sus labores mineras.
No obstante, en septiembre pasado, Calica sufrió el revés más fuerte, ya que el Gobierno Federal decretó sus terrenos como Área Natural Protegida, lo que supone un candado legal mucho mayor para detener sus actividades extractivas.
Debido a este decreto, la empresa anunció una defensa legal más firme, aunque hasta ahora no se ha publicado ningún acuerdo judicial relativo a este último acto.