Como lo anunció en julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó decretó por el que se crea una nueva Área Natural Protegida (ANP) llamada Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, con una extensión de más de 53,000 hectáreas, entre las que se incluye la mina Calica propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Material en Playa del Carmen.
El decreto invoca el artículo cuarto constitucional que establece que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.
También cita el artículo 27, párrafo tercero, según el cual “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público", y que el Estado dictará "las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques (...) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico", así como "para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.
Además de que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, señala en el artículo 8, que cada parte contratante "establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica"y "promoverá la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales".
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De las 53,227 hectáreas que abarca la nueva ANP, un pequeño porcentaje (4.4%) corresponden a las 2,387 hectáreas divididas en cuatro predios que pertenecen a la trasnacional Vulcan Materials, propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica) y del muelle Punta Venado, desde donde embarcaban hasta el año pasado el material pétreo extraído del subsuelo mexicano para exportarlo a la Unión Americana.
Según se lee en el estudio justificativo, el impacto de las actividades extractivas en la mina Calica ha llegado a tal grado que “se han expuesto nueve cuerpos de agua tras la remoción de la vegetación y la roca caliza, mientras que el polígono La Dársena de la propuesta de ANP funciona como sitio para el resguardo de banco de material y puerto marítimo.
Los dos polígonos que conforman esta área de protección, tanto el de la flora como la fauna de Felipe Carrillo Puerto, se encuentran en un sistema de coordenadas en Universal Transversa de Mercator (UTM), justo en la zona norte.
Se añade que “los impactos de aprovechamientos de materiales pétreos mayores se relacionan con desabasto de aguas y modificación de los flujos subterráneos. Con la modificación de las corrientes del sistema subterráneo y el manto freático, existen diferentes implicaciones en las dinámicas hidrológicas y la calidad de sus aguas”.
¿Por qué es importante el decreto de la mina Calica?
Calica ha sido un tema polémico en Playa del Carmen, ya que ha sido acusada de explotar recursos minerales en Quintana Roo, pese a la advertencia de que detuviera sus actividades.
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Es una planta de la empresa “Calizas Industriales del Carmen SA de CV”, filial de la minera estadounidense “Vulcan Materials”.
Su permiso fue otorgado sin contar con un estudio ambiental, dañando selvas, ríos subterráneos, cenotes, manglares y ha dañado el hábitat de animales en peligro de extinción.
Es por ello que el Gobierno de AMLO se ha enfocado en convertir a Calica en área natural protegida, con el fin de frenar las actividades de explotación y enfocarse en apoyar al ecosistema.
En julio pasado, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador anunció que antes de concluir su mandato convertiría la mina Calica en reserva natural luego de haber fracasado el diálogo con la empresa estadounidense para que el Estado mexicano les comprase la tierra.
Sin embargo, fue ahora cuando se logró que se decretara la nueva Área Natural Protegida (ANP) llamada Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, con una extensión de más de 53,000 hectáreas, entre las que se incluye la mina Calica