Luego de que la Asociación de Padres de Familia de Quintana Roo denunciara casos de acoso sexual en planteles escolares, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 25 en la entidad, José Arimael Salas Alcocer, refirió que en lo que va del 2024 se contabilizan 20 hechos, principalmente en planteles de nivel medio superior. De éstos, cinco han sido perpetrados por el mismo número de profesores, y 15, por estudiantes.
Al respecto se han activado los protocolos para que las autoridades correspondientes lleven a cabo la investigación. También se han implementado varios cursos y talleres para prevenir y concientizar a los docentes, para que tengan un parámetro de cómo actuar con los alumnos, pues ha habido incidentes donde se malinterpretan acciones o actitudes.
En caso de que algún estudiante señale a un maestro, se debe llamar a las autoridades, como al Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), que será el encargado de remitir las denuncias a las autoridades correspondientes.
Lo mismo ocurre cuando el acoso es de parte de un estudiante a otro, por lo que dentro de los programas del sistema educativo también se brinda la información sobre este tema y las consecuencias legales que puede tener, para que las víctimas sepan qué hacer y con quién acudir para salvaguardar su integridad.
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Entre los hechos más recientes se encuentran tres denuncias de presunto acoso sexual en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), ocurridos el pasado cinco de noviembre. Dos casos sucedieron en el municipio de Benito Juárez y uno en Othón P. Blanco, en los que estaría involucrado personal docente y administrativo. De acuerdo con las víctimas estas personas tuvieron conductas indebidas, por lo que Aníbal Montalvo Pérez, director general del Conalep en Quintana Roo, dijo que actualmente se encuentran en investigación.
Por otra parte, en el ciclo escolar 2023-2024 se denunciaron 30 casos de abuso sexual de profesores hacia estudiantes, de los que 26 fueron descartados por falta de pruebas. Tres se encuentran en proceso de investigación y uno fue vinculado a proceso.
Según el Gobierno Federal, es una forma de violencia con connotación lasciva en la que hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.