Activistas de derechos humanos, como el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, aseveraron que hay una grave crisis de derechos humanos en el país que se agudizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que resulta una total incongruencia porque México tiene buenas leyes, pero no se cumplen.
El sacerdote y activista ofreció ayer una rueda de prensa en el marco de la Quinta Jornada de Derechos Humanos, acompañado por Lucía Díaz Genao, directora del Colectivo Solecito de Veracruz, y por Ximena Suárez Enríquez, subdirectora para México de la organización Internacional Washington Office for Latin America.
Solalinde Guerra destacó que la comunidad internacional ha condenado a México por esta crisis.
“Pero todas (las condenas y recomendaciones) se las ha sacudido Peña Nieto y esto es muy grave porque vemos que recientemente la ONU condena nuevamente y hace recomendaciones que no se han cumplido desde el 2004 y hace otras nuevas, pero a él le vale”, señaló.
“Cosmetólogos”
Además, dijo que para tratar de quedar bien con la comunidad internacional, Peña Nieto ha gastado millones en lavar su imagen, usando sus “cosmetólogos”.
“Tenemos un Estado con una crisis grave de derechos humanos, pero tenemos la esperanza de que una vez que se vaya (Peña Nieto) haya más congruencia entre todo lo que se ha firmado (tratados internacionales) y lo que se hace en la práctica”, señaló.
El sacerdote dijo que, en cuanto se vaya Peña Nieto, empezará a aflorar la porquería, como ya está sucediendo en el aparato de procuración de justicia, donde existe una policía inepta, donde se fabrican culpables y no se investiga.
“Cuando se vayan desde luego quedarán remanentes y el reto de la sociedad civil será darse cuenta de que, tras la fachada que nos presentaron, hay un crimen organizado y autorizado, todo se empieza a saber y la ciudadanía tendrá cartas para exigir justicia”, expuso.
Por su parte, la activista Lucía Díaz Genao dijo que durante 12 años se han presentado en el país 250 mil homicidios, lo que debería de ser suficiente para ver la grave situación por la que atraviesa el país, además de los miles de desaparecidos que hay.
Por ello, dijo que la Quinta Jornada de Derechos Humanos es de suma importancia, pues permite que se visibilicen este tipo de problemas y atraer sobre todo a la sociedad civil para que participe en los cambios que necesita México, y sobre todo a los jóvenes.
A envalentonarse
Señaló que el próximo cambio de gobierno se ve como positivo, pero con escepticismo, pues no hay garantía de que las cosas vayan a cambiar, por lo que reiteró que la sociedad civil “se debe envalentonar y salir a luchar”.
Dijo que se debe hacer un esfuerzo por fortalecer el tema de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, y por acabar con la corrupción y la impunidad.
Al ser cuestionados sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral, Díaz Genao aseguró que sí funciona, pero el tema por el que los delincuentes salen a la calle es por impunidad. Dijo que México no tiene pena de muerte y que la tortura está sancionada, pero no se necesita ni una ni otra, porque los delincuentes no son tocados por la corrupción y la impunidad.
A su vez, Ximena Suárez opinó también que este sistema sí funciona y que es un paso adelante en materia de justicia, pero señaló que el gran reto es cambiar mentalidades, porque la mano dura no ha funcionado. Dijo, sin embargo, que hay que tener paciencia y sobre todo exigir resultados de este nuevo sistema.
Problema estructural
Expuso que muchas de las fallas que se presentan en este nuevo sistema no son porque éste no funcione, sino porque no se investiga debidamente y porque en general hay un problema estructural de impunidad y corrupción.
Lucía Díaz dijo en este sentido que el talón de Aquiles en la procuración e impartición de justicia es la investigación, por lo que se necesitan instituciones sólidas y preparadas, con gente honesta. Puso como ejemplo que muchos jueces son una desgracia para el sistema, pues como tienen sueldos fastuosos no les importa hacer justicia, no les importan los resultados.
Dijo que es un tema de ineptitud y corrupción, que nada tiene que ver con el funcionamiento del nuevo sistema, pues antes tampoco se judicializaba ni se hacía justicia, no había sentencias.
Solalinde opinó que, a partir del próximo 1 de diciembre, las cosas serán diferentes y no porque Andrés Manuel López Obrador vaya a tomar el cargo de presidente, sino porque así lo ha ordenado la sociedad civil y será ésta la que exija un cambio, que se cumpla y, por ello, dijo, la gente debe participar, como aseguró él lo hará.
(David Rico)