Registro Agrario Nacional debe respetar fallo a la comisaria legítima
Ejidatarios del municipio de Chocholá, exigen al Registro Agrario Nacional respetar el fallo de los Juzgados de Distrito en el que se reconoce como legítima comisaria ejidal a la señora Claudia Cob Durán.
Tras un albazo legaloide que avaló una asamblea espuria, el RAN reconoció como comisario a Paulino May Moo quien ha sido señalado por comercializar cientos de hectáreas de montes de Chocholá mediante asambleas ejidales amañadas o inexistentes, a grandes consorcios como la constructora Proser, que se adjudicó un terreno de 24 hectáreas que utilizó como banco de materiales.
El conflicto se origina de hace algunos años, explicó el representante del comité de vigilancia del comisario, tras un albazo legaloide del RAN y su titular Omar Corzo
Los inconformes señalan que el Registro Agrario Nacional y sus funcionarios a los que acusaron de estar coludidos con empresarios yucatecos se niega a reconocer como autoridad legítima a la señora Cob Durán.
Todo inicia en el 2016, cuando ella, al asumir el cargo, comienza a realizar una investigación y depuración del ejido así como revisar las actas de asambleas en las que se comercializan cientos de hectáreas de terrenos ejidales a empresarios yucatecos.
Los primeros resultados de la investigación fueron el detectar la presencia de 10 personas ajenas a la comunidad, que no son vecinas de Chocholá y que figuran en la lista de ejidatarios. Se trata de Luis Alfonso Rodríguez Campos, Vicente Matos Castañeda,
Erick Matos Castañeda, Jorge Humberto Lixa Dájer, Sergio Pérez López, Janeth Basteris Ramírez, Jorge Enrique Fernández Martín y Juan Carlos Briceño González.
Los ejidatarios inconformes, encabezados por José Gonzalo Alcocer Peña y Natividad Romero, señalaron que tras empezar a aparecer las irregularidades, las ventas ocultas de terrenos, Paulino Moo, el actual comisario espurio que insiste en avalar el RAN, prepararon el albazo legal para desconocer a la señora Cob Durán.
Intentaron realizar un par de asambleas para destituir a la comisaria legítima a fin de ocultar todos los desvíos, ventas realizadas en asambleas ejidales inexistentes o amañadas.
Los informantes hablaron de más de tres mil 500 hectareas vendidas ilegalmente, pero solo se ha comprobado la venta de 652 y a regañadientes tras la negativa de la Procuraduría Agraria de hacer pública la información de las supuestas asambleas de compra-venta.
Paulino May Moo y Arturo Gómez Romero, fueron señalados como responsables de las ventas ilegales y por eso el afán de querer destituir a la comisaria legítima.
Los inconformes señalaron que estos dos sujetos ex comisarios son títeres de grandes empresarios que buscan apoderarse de extensos terrenos para construir una fábrica de productos cálcicos así como a favor de PROSER constructora.
Fueron dos intentos de destitución, pero al tercer in tento, tuvieron que realizar una asamblea espuria fuera del local del comisariado y con poca gente para simular una asamblea y otra en el interior del local del comisariado donde la comisaria fue ratificada, mientras que en la asamblea espuria fue destituida. Tanto el RAN como la Procuraduría Agraria reconocen solo la asamblea realizada de manera ilegal en la plaza del poblado el pasado 12 de marzo del 2017.
Así las cosas, Paulino Moo, comisario impuesto de manera ilegal, asesorado por Manuel Ontiveros y Gloria Magaña y Carlos Briceño.
La asamblea legal no se inscribe en el RAN.
De tal manera que los inconformes promovieron un juicio de amparo, el cual falló a su favor, sin embargo el RAN se niega a acatar dicho fallo.
La mafia agraria que hay detrás de los terrenos de Chocholá, abundantes en material pétreo para construcción, mueve a las autoridades agrarias, ya sea la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional.
Cuando la empresa PROSER empezó a sacar material para carretera y vías ferreas, en un terreno ejidal que no fue vendido ni cedido ni nada, se detonó todo este conflicto, explica Natividad Romero.
En un espacio de 24 has, de uso común, Proser comenzó a sacar material .
Se le envió a Rolando Zapata Bello una carta sobre el problema, pero jamas hizo caso, fuimos a parar la obra, nos mandan a la policía y se llevan a siete detenidos, y a la comisaria, la mantuvieron detenida 24 horas, recordaron los ejidatarios entrevistados.
Ahora se desató un nuevo conflicto, tras que una empresa particular empezó a retirar varias toneladas de tubería antigua o chatarra que pertenecía al gasoducto.
La tubería inservible se encuentra en terrenos ejidales y ahora resulta que los directivos de las empresas que realizan el retiro de dicha estructura, fueron mal informados por el RAN sobre quién es el verdadero comisario, pasando por encima del fallo de los Juzgados Federales que indican que la Comisatia Ejidal legítima es Claudia Cob Durán.
Resulta que la empresa que realiza el retiro de la chatarra entregó recursos económicos al comisario espurio, el cual está haciendo mal manejo del dinero y no lo está repartiendo de manera honesta entre los ejidatarios.
Los inconformes exigen al Gobierno Federal intervenir y hacer valer la voluntad de los pobladores de Chocholá.
Además exigen la destitución de Paulino Moo, quien está haciendo mal uso de los recursos que genera el retiro de cinco kilómetros de tubería.
Los quejosos indicaron que Paulino Moo sólo entregó 300 pesos de una buena suma que recibió por parte de la empresa que retira la tubería y que en breve la comercializará como chatarra. Se trata de cinco kilómetros lineales.
(José Manrique)