El Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó de manera indebida más de 20 proyectos eólicos y fotovoltaicos para Yucatán, al omitir la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) regional como establece la Ley de Transición Energética (LTE), expusieron ayer en conferencia de prensa investigadores y académicos del Cinvestav, así como el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori Sampedro.
Lo anterior fue expuesto ayer por la mañana durante la presentación de los resultados de los “Talleres de Evaluación Ambiental Estratégica para la Transición Energética en Yucatán”, celebrada en el Salón Labná de la Secretaría de Fomento Económico, evento en el que también participaron representantes de la UNAM-Sisal; El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM, la Universidad de York y Articulación Yucatán.
Se explicó que, mediante este trabajo, se propone dar seguimiento a la controversia generada por la Reforma Energética del 2013 y, en particular, a la LTE del 2015 en materia de más de 20 proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala que se plantean instalar en Yucatán. Estos resultados se entregarán a las nuevas autoridades federales y estatales para que los tomen en cuenta en busca de que se respete todo el marco legal en esta materia.
Sorpresa
Rodrigo Patiño, investigador del Cinvestav-Mérida, dijo que a pesar de la omisión del EAE, en el 2016 la Semarnat autorizó bajo un marco especulativo-técnico-económico, a través de las llamadas Subastas de Largo Plazo, 10 megaproyectos energéticos que pretenden ser emplazados en territorio yucateco, seguidos de otra decena más de megaproyectos con autorizaciones posteriores.
Señaló que estas decisiones de carácter meramente vertical sorprendieron a las autoridades y a la población local porque no están preparadas con las herramientas necesarias para proteger los derechos de una población mayoritariamente indígena y con un espacio de gran riqueza cultural y ambiental, pero también con una alta vulnerabilidad en el contexto de cambio climático y eventos meteorológicos extremos.
En ausencia de la EAE, los proyectos propuestos se rigen bajo un diseño de políticas públicas y legislaciones que, si bien contemplan mecanismos de protección de derechos humanos individuales, colectivos y ambientales, en la práctica se implementan lejos de los estándares internacionales establecidos.
Agregó que instrumentos como la Subasta de Largo Plazo, la Manifestación de Impacto Ambiental, la Evaluación Social o la Consulta Indígena, pierden su propósito original cuando se desarrollan en los territorios o con las comunidades susceptibles de afectación, en un contexto de inequidad, falta de transparencia y estado de miseria de las poblaciones implicadas.
Riesgos
Rodrigo Patiño recordó que la propuesta técnica fue resultado de un trabajo que se hizo durante tres días en jornadas de trabajo, en mesas de discusión con más de 100 participantes representantes de los tres niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales, académicos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades mayas, para discutir sobre la pertinencia de una Evaluación Ambiental Estratégica que por ley debería haberse hecho antes de la autorización de los proyectos eólicos y fotovoltaicos para Yucatán.
—Estamos presentando cómo debería hacerse la evaluación y considerar todos estos riesgos y buscar alternativas que tengan menos impactos ambientales y sociales que representan estos megaproyectos, agregó.
Dijo que de todos los proyectos hay dos ya construidos y listos para empezar a operar con los riesgos que ello implica, pero hizo notar que hay más de 20 proyectos en puerta.
Reiteró que básicamente tendría que hacerse esta evaluación a través de la Semarnat, que es la dependencia obligada a hacerlo y revisar justamente la pertinencia de estos proyectos u otros proyectos alternativos que sean, sí con energías renovables, pero de una manera mucho menos riesgosas para la región.
—Todos estos permisos no debieron de haberse dado hasta después de haber hecho primero la Evaluación Ambiental Estratégica, estableció.
Apuntó que, si bien se han hecho, la Manifestación de Impacto Ambiental, la Consulta Indígena, la Subasta de Largo Plazo no siguen el espíritu original de protección al medio ambiente y a la sociedad, ya que al no haber una evaluación ambiental no se están considerando todos estos problemas a nivel acumulativos.
Gobierno estatal ajeno
Agregó que de los dos proyectos a punto de operar en Yucatán, el de Dzilam de Bravo inició antes de la Reforma Energética.
En cuanto a las repercusiones, señaló que son muchos riesgos y que si bien no se sabe con certeza cuáles serían porque no hay todavía ningún proyecto en marcha, sí preocupa a nivel acumulativo y como ejemplo dijo en el caso del esquema fotovoltaico implica deforestación de selvas, mientras que los parques eólicos conllevan riesgos sobre los cimientos en los suelos cársicos, el paso de aves migratorias y locales y otros que no se sabe como el paso de huracanes, así como los conflictos a nivel social en comunidades, el uso de la tierra y la biodiversidad.
A su vez, Batllori Sampedro dijo que la Seduma es ajena a los permisos autorizados y lo que ha tratado de hacer son acciones de coordinación con las diversas dependencias para atender los impactos que podrían generar, así como, en este caso, acordar con el Cinvestav llevar a cabo los talleres para realizar una evaluación.
—Ahorita hay una subasta de nueve proyectos, pero hay una proyección mucho más amplia, entonces realmente necesitamos tener la información fresca para adecuarla a la situación ambiental y social que pueda prevalecer en esta área, pero eso no quiere decir que porque ya hay una subasta no podemos hacer nada, sino al contrario, estamos mucho más obligados a hacerlo para poder prevenir de mucho mejor manera las actividades que se estén desarrollando, añadió.
No es el primer caso
—Las evaluaciones en impacto ambiental las hace la Semarnat, las de tipo social lo hace la Sener, nosotros no tenemos injerencia en esto, pues los ejidos son los que rentan o venden y eso lo hacen a través de la Reforma Agraria y la Sedatu; el Estado realmente no tiene una competencia directa sobre esto para impedir o promoverlo, entonces, lo que estamos haciendo nosotros es retomar este punto para poder establecer qué salvaguarda tendríamos que hacer y dar las recomendaciones necesarias a quienes están dando las autorizaciones sobre dónde sí y dónde no, y qué necesidad previa se tiene que hacer, agregó.
—¿Por qué no actuó antes la Seduma?, se le preguntó.
—Cuando son decisiones federales y se dan autorizaciones, como fue el caso de los transgénicos, no nos enteramos hasta que salió una carga contaminada con transgénico, entonces ese es uno de los problemas que se tiene cuando las autoridades federales otorgan autorizaciones en los recursos que son reservados a ellas, y este fue el mismo caso.
Otro ejemplo que señaló es cuando el Gobierno Federal quiso emitir también la subasta de hidrocarburos que tenían el bloque 30 frente a Arrecifes Alacranes, “y nosotros pudimos trabajarlo y finalmente sacar ese bloque, pero en este caso ya las negociaciones con los ejidos y los propietarios de predios ya estaban avanzadas, además de que es competencia y responsabilidad federal”.
(Rafael Mis Cobá)