La Secretaria de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Basto Avilés, informó ayer que en total se presentaron 31 denuncias por presuntas irregularidades financieras de la administración anterior halladas en el proceso entrega-recepción, todas “contra quien resulte responsable”.
Luego de comparecer por espacio de unos 17 minutos ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, la funcionaria respondió a la prensa que “estamos cumpliendo con nuestra labor del análisis, hay una investigación hecha por profesionales, hay peritajes contables y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad”.
Informó que, tal y como se anunció el miércoles 9 de la semana pasada, tras la revisión e investigación de casi 2,000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el Gobierno del Estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración anterior.
Refirió que las presuntas irregularidades fueron detectadas principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF). La Contralora General presentó ante los organismos fiscalizadores un total de treinta y un denuncias. En éstas se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas.
Basto Avilés se presentó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a la una de la tarde. Desde temprano por la mañana, luego del video que subió a redes sociales el ex Gobernador Rolando Zapata Bello, en el que señaló que no iba a permitir ni difamaciones ni calumnias, los medios preguntaron a las instancias de Comunicación Social del Ejecutivo a qué hora habrían de presentar las denuncias.
En manos de la Vicefiscalía
A las 12:42 horas se les avisó que la cita habría de ser a la una de la tarde, motivo por el cual numerosos medios de comunicación no pudieron llegar a tiempo y tampoco alcanzaron a entrevistar a Basto Avilés, porque sólo hizo unos 17 minutos, máximo 19 minutos, en la FGE, incluyendo una breve entrevista con los reporteros que sí llegaron, unos porque de por sí cubren esa fuente y otros porque andaban en el Congreso del Estado, es decir, cerca.
“Pediremos que se cumpla la ley y el proceso está en manos de la Vicefiscalía”, dijo, especialmente cuando le preguntaron qué opinaba del video del ex mandatario.
Un reportero preguntó si las pruebas entregadas eran suficientes para configurar delitos penales, pero respondió: “No te podría decir en este momento, es la autoridad la que nos pedirá que aportemos. El proceso no está en manos de la Secogey, guardando lo establecido hicimos los citatorios, cada dependencia los llamó en aclaraciones y nos notificaron aquello que no fue aclarado”, abundó.
“Como se informo? el mie?rcoles pasado”, recordó la Contralora Basto Avilés, “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepcio?n, se encontraron inconsistencias –financieras, materiales e informativas– y, en cumplimiento y respeto de la ley, se presentan las denuncias correspondientes. Confiamos en la Vicefiscali?a Especializada en Combate a la Corrupcio?n y la Auditori?a Superior del Estado de Yucata?n en que cumplira?n con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”.
Penales y administrativas
De acuerdo con el Ejecutivo, hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, las segundas, por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En ambos casos, el Gobierno del Estado –a través de la Contraloría General y la Consejería Jurídica– brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran. Es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
El Poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la ley, así como el compromiso que marcó el Gobernador Mauricio Vila Dosal de combatir de manera frontal la corrupción. Son ahora los Poderes Judicial –a través del Tribunal de Justicia Administrativa– y Legislativo –de quien depende la Auditoría Superior– los encargados de estudiar y juzgar estas irregularidades, anotó.
La titular de la Contraloría General del Estado sostuvo que el Poder Ejecutivo “brindara? todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes”. Reiteró que, como es evidente, “esto no es un asunto poli?tico, sino un tema estrictamente juri?dico resultado de los procesos de entrega-recepcio?n”.
Otras dependencias
Otras de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría General del Estado son las Secretarías de Educación, de Administración y Finanzas, de Salud, la General de Gobierno, de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey). También el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP)y el Hospital Comunitario de Peto.
(Rafael Gómez Chi)