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Yucatán

Vecinos afectados por fallo agrario darán la batalla

Vecinos de la colonia Vista Alegre y del Fraccionamiento del Arco recurrirán al Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México para solicitar un recurso de revisión y defender su patrimonio, luego de la primera resolución del Tribunal Unitario Agrario de Yucatán, el cual falló en un caso a favor de los ejidatarios de Chuburná.

Informamos que los ejidatarios de Chuburná demandan una indemnización de 200 pesos por metro cuadrado, pues aseguran que las tierras donde están asentados la colonia y el fraccionamiento les pertenecen, de acuerdo con una resolución del 2006. El ejido interpuso 120 demandas por igual número de predios y el Tribunal Unitario Agrario emitió ya una sentencia de una de las demandas, en la que condena a pagar la indemnización de 200 pesos por metro cuadrado, ya que de lo contrario se rematará la propiedad.

Rusell Santos Morales, uno de los afectados y vocero de los vecinos, dijo que presentarán un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, con la certeza de que este organismo los escuchará, pues señaló que resulta una injusticia que luego de haber pagado predial por más de 40 años por sus propiedades, así como sus créditos bancarios, además de tener escrituras debidamente emitidas por el Registro Público de la Propiedad, les vengan a decir ahora que las tierras en cuestión son propiedad del ejido de Chuburná.

Expuso que, en efecto, en 129 se le dotó estas tierras al ejido de Chuburná y en 1929 se hizo válido, y hasta 1994 no hubo ningún problema, cuando 65 años después los ejidatarios “se dieron cuenta” de que les faltaba un pedazo de tierra.

Planos manipulados

“Pero, además, la demanda que presenta el ejido de Chuburná viene con los planos totalmente manipulados, con los planos que están borrados. Es increíble que se presente una demanda y las casas que supuestamente se demandan están borrados, es decir, está borrada la litis del caso”, expuso.

Dijo que hay muchas irregularidades, como el hecho de que en una certificación que presentan los ejidatarios de 1992 señalan que en el lugar no había asentamientos humanos ni infraestructura, cuando todos los propietarios de la zona compraron sus casas y están asentados desde los años 70.

Señaló que por 30 años estuvieron pagando sus créditos bancarios de las propiedades, además de que por más de 40 años han pagado impuesto predial y cuentan con sus escrituras debidamente emitidas por el Registro Público de la Propiedad de Yucatán.

“Tenemos toda la relación de pagos al Catastro desde 1975 y en el Registro Público se encuentra todo un historial registral de la vida jurídica de los predios y nunca se habló de una afectación a la propiedad de los ejidatarios”, señaló.

Santos Morales dijo que hay 120 demandas y el Tribunal Unitario Agrario de Yucatán ya emitió la primera sentencia favorable a los ejidatarios y por el magistrado Antonio Luis Betancourt, que es la que se pedirá su revisión en el Tribunal Superior Agrario, ya que tiene muchas irregularidades.

Compradores de mala fe

“Imagínate que la sentencia nos pone como compradores de mala fe, cuando hemos sido dueños de nuestros predios por más de 45 años y pagamos nuestros créditos por más de 30 años al banco”.

“Y que nos pongan como compradores de mala fe es muy malo porque esto implica que, si alguien no tiene para pagar, se ponga a remate su casa y de allá se cobre lo que supuestamente se les debe; por eso vamos a seguir hasta las últimas consecuencias y así será en las demás resoluciones que haya del Tribunal por las demandas que aún están en curso”, comentó.

Reiteró que si las tierras estuvieran irregulares no tendrían sus escrituras debidamente emitidas por el Registro Público de la Propiedad, ni hubieran pagado por más de 40 años predial al municipio, como tampoco hubieran tenido los créditos bancarios que pagaron durante más de 30 años.

Se sabe que en este caso los vecinos afectados ya se acercaron al Gobierno del Estado, pero el Consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, prácticamente se lavó las manos, pues dijo que es un asunto de orden federal, no obstante que el Registro Público les entregó a todos sus escrituras como legítimos dueños.

(David Rico)

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