Rolando Bello Paredes
Bocadillos
La declaración presidencial en Tijuana, Baja California, es impactante: “Estamos hablando con las autoridades locales, los gobernadores, y se va a federalizar la educación pública, la federación se va a hacer cargo de pagarle a los maestros. Nos vamos a poner de acuerdo” (POR ESTO! 14 octubre 2019).
Luego, explicó la situación actual, según la versión estenográfica del discurso ejecutivo “Hay una transferencia de recursos federales a los estados, así se hizo, se transfirieron los servicios educativos a los estados y se entregaban fondos. ¿Qué pasó? No es que se hayan desviado los recursos, es que hubo estados que creció la matrícula y no aumentó el presupuesto, y resulta que hay maestros federales que cobran sin ningún problema, están en la nómina de Hacienda, y los maestros estatales a veces no cobran. Eso es lo que vamos a resolver aquí, en Baja California. Va a haber una sola nómina para que todos puedan cobrar todos los maestros de Baja California”.
En efecto, en 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, por el que la federación transfirió a las entidades federativas la responsabilidad de los servicios educativos de educación básica que tenía a su cargo. La finalidad del Acuerdo fue “corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo”.
Uno de sus compromisos fue otorgar recursos presupuestales crecientes para la educación básica. Se traspasaron, entonces, los establecimientos escolares de la SEP a la entidad, con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, y bienes muebles e inmuebles. El estado de Yucatán sustituyó al titular de la SEP en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores adscritos a los planteles, respetando los derechos laborales, incluyendo los de organización colectiva, de dichos trabajadores.
Recuérdese que la Ley de Coordinación Fiscal estableció un Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). La SEP implantó, así, un sistema de administración de nómina, por medio del cual se realizan los pagos de servicios personales de quienes ocupan las plazas transferidas a los estados por virtud del Acuerdo de 1992.
Todos esos pagos, desde 2015, quedaron a cargo exclusivamente de la SEP, ya no de los estados, por el “desorden administrativo” de las plazas docentes, en el que incurrieron algunas entidades del país, según se argumentó en su oportunidad. (En Yucatán, al menos durante la administración del gobernador Rolando Zapata Bello, no se registró ningún “desorden administrativo” en el asunto educativo, como consta en los documentos oficiales generados en el período por la federación y por el estado).
En la Península de Yucatán, los estados de Campeche y Quintana Roo no cuentan con un sistema estatal como sí lo hay en Yucatán, desde hace muchos años. El pago de la nómina a los trabajadores estatales yucatecos se registra con aportaciones de la federación y del estado. La Secretaría de Educación del estado (Segey) informó recientemente que “el gobierno del estado aporta el 55 por ciento de los recursos que se utilizan para la educación en Yucatán. Esto significa 7 mil 562 millones de pesos, mientras que la federación envía poco más de 6 mil millones, cuando debería ser al revés” (POR ESTO! 5 octubre 2019).
Ahora la cuestión es dilucidar la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Efectivamente, va a “federalizar la educación pública” en México?
¿O sólo “centralizaría” la nómina educativa, que ya está “centralizada” por el FONE?, ya que agregó que la federación pagaría a los maestros. Ya les paga, como se sabe, a los maestros que ocupan plazas transferidas a los estados, llamados federalizados, no así a los maestros estatales. A éstos se les paga con recursos provenientes del presupuesto de egresos del estado, que aportan los contribuyentes yucatecos. Aquí paga la Secretaría de Administración y Finanzas.
¿Sería un reforzado control centralizado del pago a los maestros? ¿Incluiría en esta nómina, y con recursos federales, a los maestros llamados estatales? –dijo que se pondría de acuerdo con los gobernadores. ¿La SEP absorberá los 7 mil millones de pesos que aportan los contribuyentes a la educación del estado de Yucatán?
¿Volvería a ser la SEP el patrón de los maestros, ya no el estado de Yucatán, en su caso? ¿Regresaría el “centralismo y burocratismo del sistema educativo”, que pretendió “corregir” el Acuerdo de 1992, dejando a éste sin efectos legales?
Esto hay que aclararlo y precisarlo muy bien, para que no haya márgenes de duda e incertidumbre en los integrantes del sistema educativo nacional.
Y en este asunto, la secretaría estatal de Educación (Segey) algo tendrá que opinar e informar. Aún no ha hecho pronunciamiento alguno. Ojalá lo haga pronto.
“La escuela es nuestra”. La (contra) reforma educativa de la 4T eliminó del orden jurídico nacional la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, que creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), reemplazando así al antiguo Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.
La vigente Ley General de Educación ordenó en uno de sus artículos transitorios la extinción del Inifed, que era la entidad “responsable de articular esfuerzos y promover la participación de la sociedad civil, la iniciativa privada y la comunidad educativa en el mejoramiento y mantenimiento de los inmuebles escolares”.
De esta manera, el gobierno federal dejará de construir, equipar, mantener, rehabilitar, reforzar, reconstruir, y habilitar los inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ahora dará el apoyo directo –subsidio- a los padres de familia y profesores (ver Bocadillos en POR ESTO! 23 junio 2019).
El programa implantado por el gobierno federal se denomina “La escuela es nuestra”, y según informe ejecutivo, contará inicialmente con una “inversión de 20 mil millones de pesos –aportados por la federación y los estados- para mejorar 170 mil planteles escolares del país” (POR ESTO! 5 octubre 2019). Los recursos serán administrados por los denominados “Comités Escolares de Administración Participativa”, integrados por padres de familia y/o tutores, docentes, directivos, y alumnos a partir del cuarto grado de primaria.
El presidente López Obrador recomendó que el recurso federal sea administrado por una mujer-tesorera, “porque la mujer es más honrada que el hombre”. Remató, hilarante: “Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial” (versión estenográfica del discurso ejecutivo).
Días antes del anuncio, la Segey externó su preocupación por el tema, dijo su titular: “Hasta el momento la Segey no ha sido notificada de dónde, ni cuándo se realizará”, aunque informó que “603 colegios de 13 comisarías de Mérida y 87 municipios del Estado, con una inversión de 122 millones 950 mil pesos, el cual debió arrancar el pasado 30 de agosto” (ver Bocadillos en POR ESTO! 29 septiembre 2019). El portal del programa precisa que el número de escuelas yucatecas es de 609, que se atenderán en una primera etapa.
Ahora la Segey debería confirmar la información del Ejecutivo federal, precisando el monto de la aportación estatal y el número de escuelas que se atenderán para iniciar el programa en Yucatán, y cuándo iniciarán y qué tipo de obras educativas se realizarán.
Otro informe pendiente de la Segey es acerca de la situación que prevalecerá en el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica del Estado de Yucatán (Idefeey), cuyo decreto de creación fue recientemente modificado (ver Diario Oficial del Gobierno del estado, 3 julio 2019), y que aún funge como “autoridad rectora en materia de infraestructura física educativa en el estado”.
El Idefeey sigue operando en el territorio estatal. Todavía el miércoles 9 de los corrientes publicó en el diario oficial estatal, una convocatoria de licitación pública para dar mantenimiento a dos escuelas ubicadas en el municipio de Dzan, cuyo fallo se dará a conocer mañana lunes 21.
Presupuesto de Egresos 2020. Las propuestas de los Poderes Legislativo y Judicial del estado de Yucatán, ascienden a la suma de 912 millones 600 mil 655 pesos: $257 millones 982 mil 891, de primero, y $654 millones 617 mil 764, del segundo (POR ESTO! 16 octubre 2019). El proyecto total del estado deberá presentarlo el Ejecutivo, a más tardar el próximo lunes 25 de noviembre.
Reprochable. Al igual que en el pasado inmediato, hoy el Estado y el gobierno de la 4T resultaron incapaces de garantizar la seguridad del pueblo mexicano. Fueron derrotados por un ilegal poder fáctico.
Tardeada dominical. “Consejo ortográfico”, en Facebook (visto el 14 octubre 2019):
- “Antes de cada culo hay una tilde. Ejemplo: habitáculo, tubérculo, vehículo, espectáculo…”.