A pesar de que el Código Penal de Yucatán contiene cinco causales para que las mujeres puedan abortar legalmente, por las presiones de los grupos antiabortistas y otros factores, en la Entidad es casi imposible hacerlo.
Por ejemplo, aunque la causal de aborto por violación está vigente desde 1938 sólo 11 mujeres han podido acceder a este derecho, señalaron ayer las periodistas Lilia Balam y Katia Rejón, quienes ayer presentaron los resultados de su reportaje “Maternidad forzada: el mito del aborto legal en Yucatán”.
En acto que tuvo lugar en la Casa de la Cultura Jurídica, indicaron que este reportaje implicó 9 meses de trabajo, en los que hicieron entrevistas y presentaron solicitudes de información pública, entre otras acciones, para conocer del tema, pues señalaron que los datos son escasos y en muchos casos inexistentes y confusos.
Precisaron las cinco causales para que las mujeres puedan abortar de forma legal aquí: cuando la mujer es víctima de una violación; cuando hay peligro de muerte de la mujer; por un acto imprudencial, como algún accidente; cuando el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas graves, y por causas económicas si la mujer tiene cuando menos 3 hijos.
Sin embargo, debido a la falta de capacitación, por las presiones de los grupos antiabortistas, la criminalización de las mujeres y la legislación vigente que protege la vida desde el momento de la concepción, impulsada por grupos de ultraderecha en el período de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, abortar es imposible como lo muestran los datos, aunque se cumplan las causales.
Sólo 11 casos
En este sentido, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Yucatán, sólo 11 mujeres en un lapso de 80 años, desde que está vigente la causal por aborto, han logrado interrumpir su embarazo y no hay registros de algún otro caso, más que el de 2016 cuando se presentó una solicitud para que una mujer abortara por causas económicas, pero la solicitud fue rechazada.
En este sentido comentaron que, cuando hay solicitudes de este tipo, lo que sucede es que las autoridades del Sector Salud dan largas para que el embarazo continúe y entonces la mujer esté ya fuera del tiempo de las 12 semanas, aunque aclararon que en Yucatán esta periodicidad no está contemplada.
Por el contrario, y según los datos presentados, un total de 65 mujeres han sido denunciadas entre el 2009 y el 2018 por aborto y por aborto culposo, incluso cuando éstos no hayan sido inducidos, lo que ha llevado a mujeres a prisión.
En este tenor presentaron el caso de “Evelia”, una mujer maya condenada a 12 años de prisión luego de que tuvo un aborto espontáneo cuando ella no sabía que estaba embarazada, pero fue acusada de homicidio en razón de parentesco. Su embarazo fue producto de una violación.
La investigación muestra que las presiones y los intereses de los grupos conservadores y antiabortistas han influido en que las mujeres no puedan acceder a sus derechos contemplados en el Código Penal.
Regresión total
La muestra más clara de ello, señalaron, es la regresión que se dio en Yucatán en el 2009 cuando el Congreso del Estado aprobó una modificación a la Constitución local, que establece la protección a la vida desde el momento de la fecundación, como parte de una embestida de la ultraderecha conservadora en todo el país, pues alrededor de 16 Estados aprobaron modificaciones en el mismo sentido.
Además, narraron que en su momento la agrupación UNASSE pidió a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco vetar la modificación, pero no lo hizo, además de que se solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) para que se promoviera una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, pero no hubo respuesta.
En las conclusiones de este reportaje se establece que:
“Hablar de aborto implica mucho más que discutir sobre moral, pues se trata de un asunto de salud pública que debe ser abordado desde diferentes perspectivas: culturales, sociales, psicológicas y jurídicas.
Al debatir sobre ese tema es necesario alejar las ideas románticas del embarazo y asumir una realidad: la maternidad es un castigo para las mujeres que no desean ser madres y que se embarazan por el fallo de un método anticonceptivo, violencia sexual o presión por parte de la pareja.
Decisión difícil
Los testimonios –incluso los que no formaron parte del reportaje escrito, pero sí de la investigación– indican que la interrupción de un embarazo, sea cual sea la circunstancia en la que ocurre, es una decisión difícil para las mujeres.
De acuerdo con la evidencia científica recabada y plasmada en este texto, es erróneo comparar el aborto con un asesinato y, por lo tanto, resulta excesivo el estigma al que son sujetas las mujeres cuando deciden interrumpir sus embarazos.
Lo preocupante en el caso de Yucatán es que ni siquiera en el marco de la legalidad se les facilita a las mujeres el acceso al aborto y esto deja ver serias omisiones por parte de las administraciones estatales.
El hecho de que gran parte de la sociedad ignore cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos es un foco rojo, pero si los prestadores de servicios también desconocen las normas que rigen al Estado en que viven y laboran, deben encenderse más señales de alarma.
Hacemos particular énfasis en el Sector Salud, puesto que se ha detectado que es el mismo personal médico el que denuncia a las mujeres por aborto inducido o espontáneo, además de que en la mayoría persiste la negativa moral para prestar el servicio como marca la ley.
Por otra parte, y contrario a lo que se solicitaba en las recomendaciones de la Conavim como parte del proceso de declaración de la AVGM en Yucatán, hasta ahora no se ha realizado una campaña para que la sociedad yucateca conozca sus derechos sexuales y reproductivos.
Capacitarse e informarse
Se percibe que tanto la agenda nacional como estatal pretenden abordar el asunto. Para muestra, un botón: el pasado 12 de marzo, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se expusieron temas legislativos para incluir en la agenda de ese cuerpo colegiado. Entre otros tópicos, mencionaron el aborto. Días después, en otra reunión de trabajo de la misma comisión, activistas solicitaron acciones para que se cumpla con las disposiciones de la NOM 046.
La opinión pública y las autoridades legislativas necesitan capacitarse e informarse en este tema que involucra más de una arista, para avanzar en la legislación de un país que respete los derechos humanos de las personas que han nacido, que están conscientes de su existencia y sufren las consecuencias del prejuicio, la discriminación y la desinformación en todos los aspectos de su vida”.
(David Rico)