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Yucatán

Sellan alianza para combatir corrupción

El Poder Judicial del Estado de Yucatán y la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción firmaron ayer un convenio de colaboración cuyo objetivo es conjuntar esfuerzos para prevenir y combatir actos ilegales de servidores públicos y, de esa manera, evitar graves consecuencias a la sociedad en su conjunto.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco”, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Avila Heredia, enfatizó que la corrupción es un tema toral que daña a la sociedad y con esta unión de esfuerzos y voluntades se promoverán acciones conjuntas que ayuden a la prevención de este tipo de actos.

Entre las acciones que se consideran poner en práctica están la promoción de la legalidad y las buenas prácticas, así como la realización de conversatorios, mesas, talleres y cursos que mantengan actualizados e incluso ayuden a desarrollar habilidades en los servidores públicos de ambas instancias en lo que se refiere al tema del combate a la corrupción.

Portal de denuncia

Sostuvo que la unión de fuerzas y voluntades se da en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, este último con la competencia para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades y hechos de corrupción, así como fiscalizar y controlar el buen uso de los recursos públicos.

Observó que, de acuerdo con el marco legal vigente, la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción es la instancia que tiene la facultad para investigar y perseguir los actos que las leyes consideran como delitos por hechos de corrupción, en tanto que al Poder Judicial corresponde la impartición de justicia en los casos que lleguen a proceso judicial.

El también presidente del Consejo de la Judicatura de Yucatán destacó las acciones que el Poder Judicial del Estado ha emprendido para hacer más transparente el ejercicio de sus recursos, como la publicación mensual en su página de internet sobre la lista de cheques y transferencias de más de 10 mil pesos pagados por la institución, como un ejercicio de transparencia que permite a la sociedad fiscalizar el destino de los recursos públicos y, en caso de detectar alguna irregularidad, la institución pueda tomar acciones correctivas o sanciones.

Asimismo detalló que la Contraloría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial instrumentó un portal de denuncia ciudadana, que incluye un manual de usuario para la captura y seguimiento de las denuncias por faltas administrativas de servidores judiciales, así como una guía para la presentación de las mismas en las que se explican los pasos a seguir, formatos y requisitos de tiempo, modo y lugar.

–Este portal de denuncias es un proyecto en tres etapas en el que los ciudadanos podrán consultar la denuncia para conocer su avance y, después, incluso consultar todo el expediente en línea, apuntó.

Hizo notar que, en el ámbito jurisdiccional, el Poder Judicial también cuenta con mecanismos abiertos a la sociedad, entre ellos la publicación en su página de internet de las versiones públicas de todas las sentencias emitidas por las salas del Tribunal Superior de Justicia, algunas de las cuales han sido traducidas en lengua maya como un hecho de inclusión, todo ello con la finalidad primordial de luchar contra la corrupción mediante la transparencia y la voluntad de quienes se dedican al servicio público.

La corrupción destruye confianza

Por su parte, el titular de la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, José Enrique Goff Ailloud, enfatizó que la corrupción destruye la confianza ciudadana y que no bastan las leyes, sino que es importante la actualización y capacitación para su combate.

–La corrupción es uno de los fenómenos más complejos y que mayor daño le ha causado a México y sus consecuencias se extienden a todos los ámbitos sociales imaginables, repercute especialmente en los grupos más vulnerables, obstaculiza el cumplimiento de metas estatales, impide el desarrollo, destruye la confianza ciudadana y genera impunidad, recalcó.

No es ningún secreto el descontento que tiene la sociedad y la deuda que se tiene con la misma –continuó–; sin embargo, si algo ha quedado claro a lo largo de nuestra historia, es que intentar combatir la corrupción de manera aislada y sin una adecuada planeación estratégica resulta imposible.

–Es por ello que necesitamos a todos los aliados posibles, desde los tres ámbitos de gobierno, los tres Poderes y los organismos autónomos hasta cada uno de los miembros de la ciudadanía, acotó.

Aseveró que, por tal motivo, resulta de suma importancia el convenio de coordinación y colaboración que se suscribía “en virtud de que somos autoridades que, desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, tenemos la responsabilidad de hacer frente a todas aquellas conductas que puedan constituir algún delito a través del inadecuado actuar de algún servidor público estatal o municipal”.

Para ello –subrayó–, no basta únicamente acentuarnos en la normativa existente y los criterios jurisdiccionales que día a día se van formando, sino que, considerando que la corrupción es un fenómeno en constante evolución, la educación, actualización y el intercambio académico serán ejes trascendentales para conseguir una plena eficacia.

El convenio fue firmado por el magistrado Avila Heredia, el Vicefiscal Goff Ailloud y como testigos de honor la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, y la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, Graciela Torres Garma.

En el evento estuvieron también presentes magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeras y consejeros del Consejo de la Judicatura de Yucatán, jueces y juezas, servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial y público en general.

Previo a la firma del convenio se dio paso a la mesa panel “Acciones institucionales en materia del sistema anticorrupción”, con la participación de los especialistas Sofía Elena Cámara Gamboa, Carlos Manuel Cetina Patrón, José Christian Pérez Flores, moderados por el magistrado Luis Felipe Esperón Villanueva.

(Rafael Mis Cobá)

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