Inercias contra los derechos educativos mayas

Jaime Novelo González

Hasta este momento los derechos educativos de los mayas yucatecos han sido incumplidos, quedando así sin garantías los derechos humanos en general de nuestros mayas. Tanto la letra constitucional como las leyes que amparan tales derechos fueron convertidos en letra muerta por mecanismos ligados a intereses de grupos de poder que han controlado, siempre para su beneficio, las jugosas tajadas que pueden ser cortadas del presupuesto educativo maya. Tal presupuesto es un coto de caza con abundantes cazadores en funciones y al acecho. De nada ha valido denunciar continuamente esta realidad, porque lo jueces que debieron darle curso o bien tenían participación interesada en dicho control arbitrario o el miedo a enfrentar represalias de los grupos de tales cazadores los intimidó dejándolos congelados para poder actuar en justo apego a la legalidad educativa.

¿Qué está pasando hoy en nuestra educación maya? La nueva Ley de Educación es tajante respecto a que la letra legal educativa no volverá a convertirse en letra muerta. Saben los nuevos ejecutores directivos de la educación en Yucatán que tendrán que tomar todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto maya de los mecanismos que durante una larga etapa de rapiña, en forma de diversas variantes de corrupción y abusos de poder, han actuado impunemente como asaltantes de las partidas que conforman dicho presupuesto. La nueva ley deja claro que no puede haber desidia, mediatización o incumplimiento flagrante de que el perfil de un docente de educación maya responda a lo establecido en dos vertientes que son los conocimientos básicos y el dominio de la lengua y la cultura maya, que a fin de cuentas es su empleador.

¿Cómo se va a actuar en los nuevos nombramientos de docentes mayas en Yucatán? La respuesta de la Dirección de Educación Indígena de la SEGEY es esta vez contundente, se actuará en estricto apego a la legalidad normativa al respecto.

¿Cómo se resolverá el compromiso que puedan haber contraído intereses diferentes con personal docente no apto por no hablar la lengua maya o desconocer lo necesario de la cultura ancestral de este pueblo originario, gran orgullo de Yucatán? Pues simplemente desconociendo todo contubernio extra legal y apegándose total y decididamente a la legalidad que hoy dicta claro que no permitirá ser violada de ninguna forma.

Y ¿Cómo enfrentar el altísimo por ciento de docentes mayas ilegales, que portan plazas mal entregadas por los mecanismos violatorios de la ley que con anterioridad han campeado? La nueva ley es clara al respecto: no podrán continuar ilegalmente en dichas funciones. En realidad, se trata del tema central que actualmente hace la agenda de una inercia opositora, hoy vigente y ayer empoderada, que ha estado definiendo cotos de caza en diferentes perfiles del presupuesto educativo maya yucateco. La dignidad y eficiencia de la nueva directiva de la SEGEY en general, y muy particularmente de su Dirección de Educación Indígena, tiene el deber ineludible de terminar con el control caciquil ilegal y fomentador de grupos de intereses ajenos a los derechos educativos mayas, que hacen terreno propicio a la corrupción en los manejos de plazas, cambios de zonas, licencias médicas y otros servicios que deben empezar a estar estrictamente regulados por la normatividad.