Ante hechos posiblemente delictivos cometidos en agravio a su persona, el presidente municipal, Enrique Ayora Sosa, presentó formalmente, ayer viernes, ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia contra quien o quienes resulten responsables de los mismos.
Informó que el pasado 4 de noviembre, recibió al menos en cuatro ocasiones llamadas del número telefónico 999-905-96-31, mismas que no pudo contestar, pero apenas tuvo la oportunidad se comunicó al mismo.
Agregó que, al hacer la llamada al número, contestó una persona que se identificó como José Carlos Puerto, de la Secretaría General de Gobierno, quien le comentó que se comunicaba con él por instrucciones de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz, y del Gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal.
Dijo que el motivo de la llamada era por la construcción de dos estaciones de servicio (gasolineras) ubicadas en la cabecera municipal de Valladolid, y que le manifestó que el gobernador y la secretaria general de Gobierno contaban con información de que la Policía Municipal había realizado detenciones arbitrarias y que contaban con videos, asimismo, que le hizo saber que a su criterio, esos videos aún no habían salido a la prensa debido a que “el gobernador había estado conteniendo a la prensa” y que estaba muy preocupado por la supuesta violación al Estado de Derecho que estaba ocurriendo en Valladolid.
Mencionó que la persona le comunicó que desde la Secretaría General de Gobierno ya se habían hecho averiguaciones con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Fiscalía General del Estado, así como con los titulares de las mismas.
El número telefónico usado es: 999-905-96-31 (que se ostentaba con la identidad de José Carlos Puerto de la Secretaría General de Gobierno), y que esa persona se dirigió hacia el presidente municipal, con un tono de voz muy fuerte y hostil, dejándole saber que esa actitud no era la visión del Gobierno del Estado de Yucatán, y que el gobernador no iba a permitirlo.
Indicó que nombró a la empresa Fullgas y a personas de apellido Figueroa como las afectadas de las supuestas violaciones al Estado de Derecho, incluso preguntó “¿por qué el Municipio de Valladolid no estaba actuando con el caso de las personas de apellido Figueroa de la misma manera que con el caso de la familia Medina?”, repitiendo que estaba afectando los intereses de los empresarios de apellido Figueroa.
Para finalizar, el presidente municipal comentó que se comunicó enseguida con la abogada María Dolores Fritz Sierra, secretaria General de Gobierno, para relatarle los hechos, quien en respuesta dijo que no tenía conocimiento alguno de ello y que de la Secretaría General de Gobierno no ha salido ninguna instrucción ni llamada relacionada con lo sucedido. Y que, con la finalidad de dilucidar lo previamente acontecido me pondría en contacto con el director general Jurídico y de Gobierno, el licenciado José Carlos Puerto Patrón.
El licenciado Puerto Patrón le indicó que su número telefónico no coincide. Ante ello, tanto la secretaria general de Gobierno como el director general, José Carlos Puerto Patrón, le señalaron al alcalde la importancia de presentar formalmente la denuncia.
El alcalde, Enrique de Jesús Ayora Sosa, quien estuvo acompañado del asesor jurídico externo del Ayuntamiento, Euberto Díaz Rivero, se presentó ante la Fiscalía para interponer la denuncia que quedó asentada en la carpeta con número de registro 1830/2020.
El primer edil solicita que se realicen las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y ejercer acción penal en contra de las personas que resulten afectadas por estos lamentables hechos por los delitos que se encuadren ante esta conducta contraria al derecho.
Por La Redacción