Raúl Vela Sosa*
No es retórico señalar la velocidad con la que se han venido dando los cambios en la sociedad mundial en los últimos años, lo cual ha transformado de manera sustancial las formas de convivencia, la manera de interpretar los fenómenos sociales y los mecanismos para la toma de decisiones y de resoluciones de problemas.
Las teorías ya no son suficientes para explicar la complejidad de la realidad actual. El Estado tradicional ha reducido su participación en la conducción de diversos procesos, cediendo espacios a otros agentes económicos.
Sin embargo, más allá de los criterios de eficiencia impuestos hoy día, el Estado responsable no debe olvidar su función reivindicatoria hacia segmentos de la población desprotegidos y marginados en donde se debe actuar con equidad en la asignación y el uso de los recursos, demostrando que el Estado y el mercado deben ser más aliados que adversarios.
Concentración y desequilibrios regionales
Hoy día uno de los planteamientos de mayor importancia es de las políticas de desarrollo regional, a la luz de la preocupación de los gobiernos por disminuir los desequilibrios en el crecimiento desigual de las regiones geográficas.
La experiencia ha demostrado que los procesos de concentración y acumulación de recursos en determinadas ciudades acentuaron las diferencias en los niveles de productividad entre las ciudades y las áreas rurales, propiciando la descapitalización del campo y su empobrecimiento progresivo.
La distribución excesivamente centralizada de los recursos en alguna región con alta intensidad geográfica y económica, tiende a distorsionar el funcionamiento de la economía y frena el desarrollo de las capas de población menos favorecidas.
Por el contrario, una distribución de los recursos descentralizada hacia todas las regiones en una entidad federativa, estimulará el consumo y promoverá la generación de bienes, contribuyendo con ello a una dinámica económica sana.
Para que se generen beneficios en un modelo de descentralización necesariamente tendrá que haber una armonización y articulación entre los intereses de la sociedad y las políticas públicas.
Transición productiva regional
En nuestra península la historia registra momentos de dinamismo económico en ciertos sectores que contribuyeron a fomentar el crecimiento.
Un primer caso, la transición de una economía de actividad intensiva de captura de camarón a la de expansión de la extracción de petróleo en Campeche.
Un segundo caso, el tránsito de una actividad de explotación de chicle, de la madera y los beneficios de una Zona libre comercial a la de la actual dinámica turística internacional en Quintana Roo.
Y un tercero, el salto de obtener grandes ingresos por la comercialización de la fibra de henequén a la de un modelo industrial de maquila de exportación en Yucatán.
En los casos descritos el petróleo, el turismo y la inversión extranjera, propiciaron la creación de infraestructura para las ciudades, comunicaciones, electrificación, crecimiento del empleo, crecimiento del sector financiero y el de los servicios especializados, lo que fortaleció a la amplia capa de clase media urbana.
Por otra parte, esto trajo también la generación de puestos de empleo no obligadamente calificados, pero sí necesarios en la cadena laboral que se creó ante una dinámica económica activada.
En la medida de que los beneficios de ese crecimiento se dispersan en la geografía propician un efecto de atracción hacia otras actividades productivas y de servicios.
Descentralización educativa e innovación productiva
Traigo a este Foro una experiencia que retrata una política pública que contribuyó al desarrollo local de Yucatán, a partir de una serie de estrategias de cambio para que nuestra entidad federativa pudiera integrarse a nuevos mercados internacionales, por lo que se promovió la inversión extranjera directa a través de ofrecer infraestructura y condiciones preferentes a inversionistas, en particular, a los de la industria maquiladora de exportación.
Sin embargo para no seguir concentrando en la ciudad de Mérida, capital del Estado, los servicios, las inversiones y las oportunidades de empleo, se propició un desarrollo equilibrado con una reorganización geográfica a partir del perfil socioeconómico de las regiones, agrupándolas en función de su vocación productiva y de sus problemas comunes. Esto dio lugar a la creación de 9 regiones socioeconómicas.
Fue muy relevante el no seguir concentrando la instalación de industrias en una sola área, porque ello trae aspectos negativos como la insuficiencia de ciertos servicios, por la saturación en determinadas horas en las vías de acceso de las plantas, riesgos en la seguridad de los trabajadores, entre otros inconvenientes.
Con el deterioro de la comercialización en los mercados externos de la fibra y el hilo industrial de henequén, la presencia del modelo maquilador vino a resolver problemas de ocupación e ingreso, contribuyó a disminuir relativamente la migración a otras regiones como Mérida y Cancún, y desarrolló una nueva disciplina laboral, nuevos hábitos de consumo y una transformación en las conductas de los habitantes de esos municipios, además de la construcción de infraestructura.
La transformación que se buscaba entonces tendía a un cambio estructural en el padrón productivo yucateco en aras de su modernización, pensando en destinar recursos a financiar actividades e infraestructura ligadas a la nueva visión económica de Yucatán, que era hacernos competitivos ante los mercados mundiales.
Pero teníamos un problema. Cuando se piensa en la inserción internacional de una economía, y que el cambio estructural tendrá efectos económicos de largo plazo ante el cambio de patrón productivo, entonces la producción de conocimientos tendrá influencia definitiva sobre el ritmo de crecimiento económico, por lo que se deberá invertir en capital humano para el aprendizaje de los individuos, lo que traería efectos sobre la productividad de los propios individuos y sobre los resultados en el desarrollo económico.
La acumulación de conocimientos de las sociedades intensifica sus ventajas comparativas con relación a otras, por lo que podemos afirmar que las diferencias de tasas de crecimiento económico entre países, entre entidades o entre regiones, se debe en gran medida a las disparidades en sus tasas de aprendizaje.
Estamos hablando entonces de educación superior, la cual no sólo significa un instrumento fundamental para el ascenso social visto en la individualidad, sino que también es un medio idóneo para impulsar el crecimiento económico de una entidad.
Se inició una política de ampliación de cobertura educativa del nivel superior, que no sólo motivó la creación de 2 nuevas universidades, 4 nuevos institutos tecnológicos, y un campus de la Universidad Autónoma de Yucatán, distribuidos en diversos municipios, sino que significó la descentralización de la oferta educativa profesional en 6 regiones distintas de la geografía yucateca, constituyendo un impacto directo para el desarrollo económico, social y territorial de Yucatán. Junto con ello se fundó un Centro de Docencia e Investigación.
Esta política propició lo que he denominado “Bono de matrícula”, que significa que en los años siguientes de fundadas las instituciones educativas, se diera un crecimiento tal de la matrícula, que llegó a representar más del 33% de los estudiantes de nuevo ingreso y el 17% del total de la matrícula del nivel, al egresar las primeras generaciones.
La política pública de educación superior en Yucatán de entonces, se concibió como un detonante no sólo para formar capital intelectual sino para el desarrollo económico. La mejora en los niveles de conocimiento de la población transforma positivamente los niveles de bienestar, en el entendido de que el conocimiento es riqueza social.
Veinte años después de iniciado este modelo de expansión de la educación superior, sin precedente en el siglo XX yucateco, la distribución territorial de la nueva oferta educativa del nivel superior, significó también la posibilidad de distribución de la riqueza. Hoy se cuenta con exitoso sistema de instituciones de educación superior (IES), descentralizadas y la posibilidad de incorporar a jóvenes profesionales al mercado laboral, en mejores condiciones.
Este es un caso específico de política pública que tuvo buenos resultados. Es una enseñanza de lo que significa el fortalecimiento en la gestión estatal para desplegar sus capacidades en la promoción de estrategias de desarrollo regional que reduzcan las presiones macroeconómicas que ejercen sobre las entidades federativas los ajustes de los desequilibrios a nivel nacional.
Pero estas experiencias regionales por lo regular son excluidas del análisis para las estrategias de desarrollo nacional. Son muy importantes en lo local y por su contribución al espectro nacional, si entendemos que en economías abiertas los procesos económicos regionales tienen relaciones directas con agentes externos. Por ello los niveles de crecimiento de las regiones hoy día no se pueden explicar sin entender los elementos externos y la capacidad que están desarrollando las entidades federativas para atraer inversiones del extranjero.
Por ello para propósitos de diseñar políticas públicas de desarrollo económico, se debe partir de considerar las diferencias entre la dinámica nacional y las dinámicas regionales, porque no es lo mismo la región fronteriza del Norte que convive con nuestro mayor socio comercial y una de las economías más desarrolladas, que la región fronteriza del Sur que tiende a resistir el flujo de problemas de las economías del istmo centroamericano.
Vivimos entonces una profunda diferenciación en el nivel de desarrollo regional del país, en el esquema de articulación territorial y en los niveles de bienestar alcanzados por la población.
Articulando la educación superior y la economía
En la planeación de la educación superior se debe pensar con parámetros de alta calidad que nos permitan construir una oferta educativa vinculada al desarrollo.
Lo anterior requiere la redefinición de un proyecto de desarrollo incluyente que promueva un amplio fomento articulado de lo económico con lo educativo, que sea capaz de aprovechar las oportunidades que cada región pueda ofrecer para su propio desarrollo, a fin de llevar a cabo las estrategias necesarias en aras de la obtención de un mejor nivel de vida. Insistir en la necesidad de una auténtica vinculación entre el crecimiento productivo y el desarrollo educativo; que las instituciones educativas tengan la posibilidad real de contribuir en la construcción de políticas públicas de fomento y desarrollo; y que los actores productivos y de toma de decisiones, tengan un espacio en la precisión de líneas educativas en los programas de estudio.
En la medida de que las decisiones sobre políticas públicas de desarrollo no incorporen el componente de educación superior, los niveles de productividad de la economía estarán perdiendo un elemento fundamental en la generación de valor agregado que es el conocimiento.
Es necesario fomentar una mejor distribución territorial de la oferta educativa. Se requiere, desde los planes de estudio valorar el papel estratégico del territorio en el desarrollo nacional y regional. Esto implica la búsqueda de formas alternativas de inserción internacional del país como un todo y en sus diferentes regiones.
Se necesita capacidad productiva regional para retener el capital intelectual formado y apropiar parte del excedente económico ahí generado a fin de reinvertirlo en la propia región, diversificando su base económica y conferir sustentabilidad de largo plazo.
Se requiere inclusión social, que implica la toma en cuenta a los diferentes actores económicos y la mejor repartición del ingreso nacional y regional entre las personas, así como su participación en las decisiones de competencia de la región.
Se requiere trabajar desde los planes de estudio en un creciente proceso de concientización y movilización social en torno a la protección ambiental y manejo racional y sustentable de los recursos naturales de la región.
* Intervención en el Foro: Educación Superior y Desarrollo Regional, organizado por el Colegio Nacional de Economistas en el marco del 98 aniversario de la fundación de la UADY. Febrero de 2020.