Rolando Bello Paredes
En medio de diversos escándalos, generados principalmente por la falta de pago oportuno en los salarios de los docentes, al Ejecutivo yucateco, por conducto de su Secretaría de Educación, le corre el término previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias de la (contra) reforma educativa, para “armonizar” la legislación estatal en materia educativa, sin que hasta la fecha haya dado a conocer algún avance de su proyecto legislativo.
No se sabe si en el actual período ordinario de sesiones de la LXII Legislatura local –iniciado el pasado 1 de febrero y que concluirá el 31 de mayo próximo- se abordará el asunto. Lo que se ha publicado es que los congresistas centrarán inmediatamente su atención en la “glosa” del primer informe de gobierno y en las reformas para “eliminar” el derecho de seguridad que pretendió cobrar el Ejecutivo, para recaudar la cantidad de 278 millones 811 mil 521 pesos, de acuerdo a las estimaciones gubernamentales.
El Ejecutivo envió una iniciativa para modificar las leyes hacendarias y de ingresos, pero no remitió la correspondiente al presupuesto de egresos 2020, que se verá disminuido en algunos rubros por la “cancelación” del referido derecho. Así lo entiende la Secretaria General de Gobierno: “Los que únicos que tienen las facultades para aprobar, modificar o hacer lo que consideren mejor para el presupuesto es el Congreso del Estado” (POR ESTO! 6 febrero 2020).
Según un artículo periodístico del presidente ejecutivo de la asociación Mexicanos Primero (El Financiero 30 enero 2020), los congresos de Jalisco y Nayarit han convocado a foros de consulta para la armonización de las leyes estatales en materia de educación. En el texto, da cuenta de que la federación elaboró una “Ley Marco, es decir, una redacción totalmente desarrollada, título por título y artículo por artículo, de una ley estatal, con los correspondientes espacios en blanco para poner “las y los jaliscienses” o “las y los nayaritas” (Aquí, sería “las y los yucatecos”). El autor cuestiona que sea exitosa la “Ley Marco”.
Con excepción, tal vez, del diputado Luis María Aguilar Castillo, ex dirigente sindical de los profesores estatales, los demás congresistas tendrán que estudiar a fondo la reforma constitucional y las leyes secundarias que constituyen la (contra) reforma educativa del gobierno federal, para adecuar las disposiciones normativas locales, aunque su quehacer legislativo está delimitado fundamentalmente por el texto del artículo 3º. Constitucional, en vigor desde el 16 de mayo de 2019.
El Poder Legislativo efectuó un Foro Regional “Armonización legislativa estatal del acuerdo educativo nacional, del que no se proporcionó información relevante, sólo los discursos oficiales. Hubo quizá una advertencia de la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados: “Debemos de recordar que si bien las entidades federativas gozan de autonomía para la toma de decisiones de gobierno en su ámbito de competencia, su legislación debe de estar en completa concordancia con la legislación federal, para así conservar su validez y vigencia” (POR ESTO! 8 febrero 2020).
Con la anterior Reforma Educativa, en 2013 la entidad siguió un proceso de “armonización” de la legislación estatal con las disposiciones constitucionales y las leyes secundarias, principalmente con la Ley General del Servicio Profesional Docente. Con la presión de los docentes, la Secretaría de Educación del estado proyectó modificaciones a la Ley de Educación del estado, que al final fueron de la satisfacción de los propios docentes y de la autoridad federal. Difícil el tránsito, pero se logró ajustar las leyes estatales que otorgaron un ámbito de certidumbre y legalidad a las acciones educativas emprendidas desde entonces y hasta el momento de la (contra) reforma educativa de 2019.
Ahora podrían ser llamados a opinar los maestros, padres de familia y sus asociaciones, y demás actores educativos, que componen y constituyen el sistema educativo nacional, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Educación, en vigor desde el 1 de octubre de 2019.
Admisión al servicio educativo. En la actual situación estatal de imprecisión legal, las autoridades educativas federal y estatal comenzarán a publicar las convocatorias para el proceso de admisión al sistema educativo, que en el estado se ha programado para el próximo viernes (de carnaval) 21 de febrero, de acuerdo al calendario de la SEP.
La admisión al servicio público educativo estará sujeta a las “tres condiciones siguientes: a). Estructuras ocupacionales autorizadas, b). Necesidades del servicio público educativo y, c). Disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación.
Las plazas docentes deberán ser registradas previamente en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas, que según propone la SEP, “garantizará certidumbre, imparcialidad y legalidad en las asignaciones” de dichos puestos de trabajo.
Recuérdese que para la admisión se considerarán “elementos multifactoriales”, como: “Un sistema que permite apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos”; “El promedio general de carrera”; “Los programas de movilidad académica”; “La experiencia docente”.
Los resultados de la valoración de esos elementos se pondrán, en su oportunidad, a “disposición de las autoridades educativas de las entidades federativas y de las representaciones sindicales”, que en el estado son cinco:
1. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene dos secciones, la 33 que agrupa a los trabajadores federalizados y que constituye el grupo magisterial más numeroso del SNTE, y la 57 a los estatales; 2. El Sindicato Yucateco de Trabajadores Transferidos de La Educación; 3. El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán; 4. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México; y, 5. El Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación.
Nota importante es que los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, tendrán “prioridad para la admisión” al servicio público educativo. Fue un compromiso presidencial: “El que salga de la escuela Normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores” (ver Bocadillos en POR ESTO! 22 septiembre 2019).
¿Federalización educativa? En la mañanera del pasado 31 de enero, el presidente se refirió de nuevo a la “federalización de los sistemas de educación en Michoacán”. Su explicación: “Los maestros en Michoacán, maestros federales, cobraban puntualmente y los del estado no, se les demoraban sus pagos. Ahora ya no, es una sola nómina y el gobierno federal se hace cargo de que no les falte el pago a los maestros de Michoacán”. Luego formuló una invitación: “El primer estado con el que comenzamos fue Michoacán y vamos a seguir, pero también es voluntario; si un gobernador acepta, vamos”.
El proceso al que se refiere el presidente de la República no es una “federalización”, sino más bien uno de centralización de las nóminas educativas. En la entidad, la nómina del personal transferido o federalizado está centralizada y a cargo de la SEP, quien realiza los pagos a los maestros, a nombre y cuenta del gobierno yucateco. La nómina del personal estatal sigue bajo la administración directa del Ejecutivo por conducto de las Secretarías de Administración y Finanzas y de Educación.
No se sabe si el gobierno de Yucatán considera o no, aceptar la invitación presidencial, dado el desorden administrativo imperante en la dependencia educativa del estado, que provoca “crisis nerviosas” en los docentes estatales por la falta de pago oportuno de sus sueldos, como le reclaman insistentemente los diversos grupos magisteriales.
Renuncia. En las redes circula un documento dirigido al gobernador del estado, suscrito por 72 organizaciones de la sociedad civil. Piden, entre otras cosas:
- “Exigimos la renuncia de la Secretaria de Educación del gobierno del estado Loreto Noemí Villanueva Trujillo, por la violencia laboral y de derechos humanos que ejerce contra los trabajadores de la educación, ya que no se otorgan plazas según los Concursos de Oposición de ley ya finalizados. Además de que los contratos laborales carecen de toda prestación legal, violando las leyes laborales y educativas correspondientes”.
Tardeada dominical. En la novela de Salman Rushdie, “La encantadora de Florencia”:
- “Todos los seres humanos son necios en igual medida”.