Jorge A. Franco Cáceres
Finalmente se asume desde el Estado mexicano que la construcción de una sociedad pacífica y democrática no es un asunto colateral del crecimiento desenfrenado de interés extranjero, sino un deber histórico prioritario de los poderes públicos con la justicia social.
Este compromiso estatal es un programa legítimo que requiere, para comenzar, de un gobierno sustentado en la austeridad republicana, el combate a la corrupción y el ahorro público, que son las políticas que posibilitan en conjunto la redistribución más equitativa de los beneficios económicos y patrimoniales.
Durante 36 años, las tecnocracias gobernantes repitieron que el crecimiento económico promovía el desarrollo social en la medida en que la base de recursos se ampliaba; e insistieron en que un mayor desarrollo generaba más crecimiento a medida que una población mayoritaria más libre, más sana y mejor educada contribuía a optimizar el desempeño económico. Una y otra vez, este credo elitista fue proclamado como la salvación patria desde los poderes públicos y los sectores privados.
El crecimiento desaforado se convirtió así en un requisito indispensable durante los sexenios neoliberales de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, declarándose siempre que era para alcanzar solidariamente los objetivos programáticos de progreso social y el combate a la pobreza. Se instrumentaron esquemas populistas como PRONASOL, PROGRESA, PROSPERA, SEGURO POPULAR, etc., que fueron ardides publicitarios de utilidad partidista más que compromisos estatales.
En esos gobiernos nunca se asumió críticamente y sí se ignoró intencionalmente, que el publicitado modelo económico –dependiente de las inversiones externas y las concesiones públicas–, sólo era una garantía tecnocrática para que el progreso social y el combate a la pobreza no ocurrieran nunca.
Se ignoró desde Salinas hasta Peña, que las políticas públicas debían estar encaminadas a la sensata redistribución social más que a la voraz acumulación empresarial, procediendo desde los poderes y las instituciones para reducir la brecha entre la población mayoritaria que susbsistía más pobre y más vulnerable y las elites minoritarias que se reproducían en la abundancia.
También se despreció superficialmente que la redistribución pudiera conseguirse desde programas sociales dependientes de los recursos públicos provenientes del combate de problemas estructurales: narcotráfico, lavado de dinero, dispendio público, evasión de impuestos, secuestros empresariales, tráficos migratorios, facturaciones falsas, etc., todos extorsionadores del crecimiento económico y distorsionadores de la acumulación de riqueza.
Cada vez más lejos de un país pacífico y equitativo, es decir, con menos corrupción y menos violencia, más bajos índices de pobreza y salud, con una población más educada y con trabajo reparador, se privilegió desde las leyes y las instituciones neoliberales que el crecimiento desaforado continuara adelante desde reformas estructurales.
Se insistió desde ellas en la renovación de los negocios industriales y empresariales de interés para los mercados transnacionales, dejando de lado las dos cosas más relevantes para el desarrollo social: 1) el gobierno austero, pulcro y ahorrador como principio rector en la ejecución de las políticas públicas y en la ejecución de los programas sociales, y 2) la sostenibilidad ambiental como prioridad esencial del bienestar general y como principio de equidad con las futuras generaciones.
Las autoridades panistas y priístas siguieron hablando de Programas Nacionales de Desarrollo (PND) para el crecimiento económico desenfrenado desde: 1) esquemas económicos que pregonaban más competitivos, más productivos y más innovadores, 2) bajo ardides de igualdad que simulaban oportunidades a los mexicanos, y 3) bajo otras tácticas falaces para la paz en todo el territorio nacional, pretendiendo siempre la vigencia de los Derechos Humanos y el funcionamiento eficaz de la Justicia. Ninguno de esos planes se cumplió a pesar de los reiterados pronunciamientos sexenales.
Las políticas públicas con avances en el desarrollo social y la igualdad de oportunidades no empezaron a ocurrir hasta que Andrés Manuel López Obrador alcanzó la Presidencia de la República en 2018, y la Cuarta Transformación comenzó a proceder desde los poderes del Estado mexicano.
Ahora sí se hablaba en serio de una población mayoritaria que urgía que fuera sana, educada, con trabajo y en paz para mayor bienestar social en todo el país. La aspiración presidencial de una política integral de desarrollo social y protección ciudadana comenzó a ser realidad desde el primer día de su mandato constitucional.
Un objetivo central del PND 2018-2024 del Gobierno Federal es consolidar un sistema de desarrollo social y protección ciudadana que contribuya eficazmente a proteger el capital humano, los ingresos de los hogares, la seguridad de las familias y a reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los pueblos ante las mafias violentas y los poderes corruptos.
Así las cosas y en función de procurar la igualdad de oportunidades indispensables para llevar la transición democrática y la transformación republicana a la población mayoritaria, se han elevado los Programas Sociales a Rangos Constitucionales en el Congreso de la Unión.
Se ha reconocido que se necesitan políticas públicas para la justicia social, que sean compromisos estatales más efectivos para reducir la inequidad social y mejorar las condiciones para la actividad laboral y la convivencia ciudadana.
¡Bienvenidos Programas Sociales a Rangos Constitucionales!