El diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD), presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, expuso que, aunque en el proceso de fiscalización de la cuenta pública por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) se han determinado numerosas irregularidades, tanto de tipo económico como administrativas, hay un importante rezago con respecto a las sanciones a servidores públicos, por lo que urgen acciones, sobre todo en los municipios.
Luego de hacer el análisis de la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2018 que proporcionó la ASEY al Congreso, el legislador dijo que se observa que los siguientes pasos a la determinación de los resultados es uno de los momentos que presentan mayor rezago con respecto a las sanciones a servidores públicos que incumplieron alguna normativa en su actuar durante el servicio prestado, tanto a nivel estatal como municipal.
Dijo que, enfocándonos a nivel municipal, esta obligación de conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades para aplicar sanciones les corresponde a los órganos internos de control o, en caso de no tenerlo integrado, en el síndico.
Lo anterior, se establece en la fracción VII artículo 211 de la Ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán. Sin embargo, asociado a las múltiples observaciones se identifica que, de los 106 municipios en el estado, alrededor de 4 a 7 de ellos son los únicos que tienen una estructura de control interno que permita atender esta tarea, el resto, solo cuenta con la figura del síndico municipal.
Por ello, dijo que es prioritario implementar acciones que permitan concientizar a las estructuras municipales de la necesidad de contar con equipos de control interno que permitan mitigar los riesgos en las operaciones inherentes a las actividades municipales, y que diseñen tareas tanto preventivas como correctivas, estas últimas, para generar responsabilidades a los servidores públicos incumplidos.
Además, en el caso de los síndicos municipales, mencionarles que en caso de no cumplir con sus obligaciones de vigilancia en el actuar de los funcionarios también puede ser objeto de responsabilidad y sanción en términos de la Ley de responsabilidades administrativas y la misma Ley de gobierno de los municipios, ambas, del Estado de Yucatán.
Cabe recordar que en esta tercera entrega se da cuenta que de las auditorías realizadas derivaron un total de 4,469 observaciones, de las cuales solo se solventaron 585, quedando 3,884 observaciones sin solventar, cuantificadas en 3 mil 329 millones 499 mil 904.99 pesos y se llevaron a cabo 3,417 promociones de responsabilidad administrativa, 16 recomendaciones, 572 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 1,819 pliegos de observaciones.
Esta última acción representó un posible daño o perjuicio a la hacienda pública de mil 287 millones 381 mil 509.61 pesos.
(David Rico)