El Congreso del Estado aprobó por unanimidad expedir la Ley de Imagen Institucional del Estado que tiene por objeto regular la utilización de colores en los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio de la administración pública estatal, municipal y órganos autónomos, a fin de frenar el excesivo derroche de recursos que se registra en cada cambio de administración.
La nueva ley, que fue promovida por el diputado Luis Borjas Romero (PRI), establece que cada municipio o poder use su escudo de armas y establezca el blanco, negro y escala de grises como los colores para los bienes muebles e inmuebles, de manera que ya no se podrán usar colores que hagan referencia a los partidos políticos.
“En momentos como estos donde la economía familiar se ha visto seriamente afectada por el coronavirus, el ejercicio eficiente y transparente del gasto público se hace urgente para ser invertido en programas como salud, seguridad pública y educación” señaló Borjas Romero.
Añadió que el objetivo es promover el ahorro gubernamental de recursos en gastos de imagen, crear una identidad y cohesión social y evitar el uso de recursos públicos para fines partidistas. Lo ahorrado en “Servicios de comunicación social y publicidad” y en la partida de “Conservación y mantenimiento menor a inmuebles” sería aplicado en programas sociales, educativos, culturales o de salud procurando que el beneficio sea para todos.
“Cambiar abruptamente la imagen oficial cada que hay un cambio de administración resulta una ofensa para la ciudadanía pues existen necesidades más apremiantes. Son prácticas que deben dejar de realizarse y sobre todo normarse”, apuntó.
Mencionó que la partida correspondiente a los “Servicios de comunicación social y publicidad” aumentó de 104 a 133 millones de pesos del 2019 a este año y la partida de “Conservación y mantenimiento menor a inmuebles”, donde buena parte de ese recurso se usa para pinturas, pasó de 76 a 358 millones en el presupuesto de egresos actual.
Además, la ley contiene responsabilidades y sanciones administrativas, determinan los supuestos en los que se pudiera incurrir en responsabilidad por mal manejo de la imagen institucional por parte de un servidor público, con independencia de las responsabilidades penal, electoral civil o de cualquier otra naturaleza que conforme a las disposiciones aplicables, pudieran resultar procedentes.
(David Rico)