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Yucatán

El Congreso del Estado admitió ayer un proyecto de punto de acuerdo para que las autoridades correspondientes sancionen a los funcionarios del Ejecutivo que no respondan las preguntas de los legisladores durante la Glosa del Informe.

En su calidad de coordinador de la bancada del PRI, el diputado Felipe Cervera Hernández presentó este proyecto de punto de acuerdo, el cual fue admitido con 13 votos a favor, 10 del PRI y 3 más de los diputados de MORENA. Los demás partidos votaron en contra y las diputadas de Movimiento Ciudadano se abstuvieron, pero al no existir la abstención su voto se contabiliza en contra.

El diputado dijo que en el anexo denominado “Respuestas a las preguntas del H. Congreso del Estado”, contenidas dentro del paquete del Primer Informe de Gobierno, el Ejecutivo fue omiso al dar respuesta a 49 preguntas de un total de 190 formuladas, es decir –dijo–, “se desatendió un mandato expreso contemplado en la Constitución del Estado de Yucatán; por tanto, el Ejecutivo no acató un mandamiento de estricto cumplimiento”.

Felipe Cervera recalcó que lo que se establece en el proyecto de acuerdo es que existe una probable comisión de delitos, pero no es el Congreso del Estado el que define esa probabilidad; sin embargo, si se considera que pudo existir un ilícito, la obligación, de acuerdo incluso al código nacional, es dar vista a las autoridades correspondientes, o sea, pedirles a las autoridades correspondientes que definan si hay o no algo que perseguir.

“Un acuerdo de Glosa no está por encima de la Constitución Política del Estado. El formato de la Glosa aprobado en febrero estableció únicamente la agenda y los horarios en los que los funcionarios vendrían a comparecer, no podríamos acordar en febrero lo que en diciembre se preguntó y se preguntó en diciembre, porque así lo mandata la Constitución; son dos cosas diferentes, una cosa son los tiempos para rendir respuestas de manera verbal y otras las respuestas por escrito que se deben rendir”, expuso.

Intervenciones más ágiles

La diputada Karla Franco Blanco (PRI) presentó una iniciativa para modificar los artículos 68, 70 y 71 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado a fin de regular el tiempo de intervención de las diputadas y los diputados en las sesiones plenarias.

“Tiene como objetivo regular el tiempo del que disponemos las diputadas y los diputados para presentar iniciativas de ley o decretos, hacer proposiciones que contengan puntos de acuerdos y presentación de efemérides o diversos posicionamientos, aspectos que al día de hoy no se encuentran regulados en dicho reglamento”, recalcó.

Dijo que con intervenciones muy largas se propicia el desinterés de los presentes en el salón del pleno, así como de quienes siguen la transmisión a través de internet, además que se busca hacer más ágiles las sesiones y más equitativo el uso del tiempo.

La propuesta establece que, en la presentación de dictámenes ante el pleno, el presidente de la Mesa Directiva dará el uso de la palabra a cada diputada o diputado hasta por 10 minutos.

Cuando se proponga la derogación, reformas o modificaciones de una norma, el tiempo de uso de la tribuna será hasta por 5 minutos.

En la presentación de proposiciones ante el pleno, que contengan puntos de acuerdo, el presidente de la Mesa Directiva dará el uso de la palabra a cada diputada o diputado hasta por 5 minutos.

En la presentación de efemérides o diversos posicionamientos, ante el pleno, el presidente de la Mesa Directiva dará el uso de la palabra a cada diputada o diputado hasta por 3 minutos.

Iniciativas. Feminicidio

La diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC) entregó una iniciativa para homologar el Código Penal local con el federal en las penas para el delito de feminicidio y que se ponga una pena máxima en Yucatán de 65 años de prisión, en lugar de 60 años como está al día de hoy.

Además, propone que se quite una atenuante que actualmente existe en la legislación local, que radica en que si el que agrede y comete feminicidio no es pariente de la víctima no puede tener la pena máxima y esto genera que el delito no se clasifique, por ejemplo, como intento de feminicidio sino como agresiones o lesiones.

Registro de Deudores Alimentarios

Luis Borjas Romero (PRI) presentó una iniciativa para crear el Registro de Deudores Alimentarios de Yucatán, que funcionaría como un instrumento de apoyo en los procedimientos jurídicos por alimentos, además de ser un mecanismo de presión social y civil para responsabilizar a los padres que incumplen con sus obligaciones y violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Codhey

Silvia López Escoffié (MC) presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que después que el titular de la Codhey rinda su informe anual de actividades ante el pleno de los diputados, la comisión permanente de la materia pueda citarlo a comparecer en un lapso no mayor a 10 días hábiles para rendir cuentas y contestar las preguntas de los integrantes del citado cuerpo colegiado.

Llamado a la SSP

Desde la tribuna hizo un llamado al titular de la SSP a que se aclare la muerte de una persona dentro de una patrulla, cuyos familiares señalan que fue muerto a manos de elementos policiacos.

Dijo que mucho se presume en Yucatán de los altos índices de seguridad, por lo que este asunto se debe aclarar. Pidió al titular de la SSP que se le dé seguimiento puntual al caso y que, de ser necesario, “se sancione a los agresores y que se vaya a fondo en el caso”.

“Que se aclare si murió a golpes de mano de los elementos de la SSP o por otras circunstancias”, expuso.

Reforma electoral

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) presentó una iniciativa para adicionar un inciso a la fracción segunda del artículo 214 de la Ley Electoral, con la finalidad de establecer que en la presentación de las listas de candidaturas para diputaciones por el principio de representación proporcional, esta sea encabezada por un candidato o candidata del género distinto al que predominó en las candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa.

“Si un partido político propone a 8 hombres y 7 mujeres para contender por diputaciones de mayoría su lista de candidaturas por el principio de representación proporcional deberá ser encabezado por una mujer. Esta propuesta la hacemos, porque hemos visto que, en la mayoría de los procesos electorales, las listas de candidatos a diputaciones plurinominales que presentan los partidos políticos son encabezadas por hombres”, expuso.

Agregó que se busca también adicionar el artículo 214 Bis a la Ley Electoral del Estado para establecer un nuevo procedimiento que permita que las mujeres encabecen planillas de regidores en municipios en los que su partido político sea realmente competitivo.

“Lo que se busca es que los partidos políticos cumplan con la paridad horizontal y, a su vez, observen la obligación de no destinar exclusivamente un solo género a aquellos municipios menos competitivos, en los que tuvieran los porcentajes de votación más bajos”, señaló.

Tope máximo

Además, se propone reformar el inciso B de la fracción tercera del artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, para que, en el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político garantice y destine anualmente mínimo el 25% y máximo el 50% del financiamiento para actividades específicas.

“Se pretende poner un tope máximo porque los partidos políticos tampoco pueden descuidar el financiamiento público que deben destinar para actividades específicas, pero también se garantiza que, con este porcentaje mínimo, se incentive a los partidos políticos para que destinen más financiamiento público para la capacitación y promoción de las mujeres, de lo que legalmente deberían destinar”, señaló.

(David Rico)

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