Diputados del Congreso del Estado presentaron ayer al pleno un par de iniciativas para castigar con hasta 5 años de prisión a quienes agredan o llevan a cabo actos discriminatorios en contra de personal de salud, de instituciones públicas o privadas, y para que el delito de agresiones contra este sector sea perseguido de oficio.
A nombre de la bancada del PRI, el diputado Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno, presentó una iniciativa en la que se propone modificar el Código Penal del Estado a fin de tipificar específicamente las lesiones que se infieran en contra del personal médico y hospitalario, es decir, a cualquier persona que labore en instituciones de salud públicas o privadas.
Se propone crear un artículo 358 Bis a la ley sustantiva penal que contemple que cuando el ofendido pertenezca a una institución médica o de prestación de servicios de salud pública o privada y sufra lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido y tarden en sanar hasta quince días, se imponga a quien las infiera, de 1 a 3 años de prisión o de 50 a 200 días - multa y de 50 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad.
Si tardare en sanar más de quince días se le impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 50 a 500 días-multa.
Asimismo, cuando las conductas señaladas se cometan durante una emergencia sanitaria o, quien las infiera sea un servidor público, las penalidades del párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad más, además de contemplar que este delito se perseguirá de oficio.
El diputado Luis Borjas Romero (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, al hablar a favor de la inactiva que fue turnada ayer a la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que en esta contingencia del Covid-19 se han presentado en Yucatán y en otros lugares del país, actos de violencia contra el personal de salud.
“Por el único hecho de vestir con ropa clínica o uniforme de alguna institución de salud, reciben agresiones por parte de personas irracionales que sin causa les han proferido desde insultos, negado el acceso a algún servicio, agredirlos físicamente, hasta el arrojarles líquidos o químicos que podrían ser muy dañinos y generar lesiones graves que sean de difícil o hasta imposible recuperación”, expuso.
En este marco, dijo que el Congreso del Estado se encuentra obligado a generar un acto legislativo contundente cuyo objetivo sea disuadir y a la vez preservar la integridad del personal que labora en los centros de salud, pues ellos son quienes al día de hoy representan el primer frente de batalla contra la pandemia del Covid-19.
La segunda iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Díaz Suárez, a nombre de la bancada del PAN, y propone también una reforma al Código Penal del Estado para establecer sanciones a quienes agredan al personal de salud, con motivo de la contingencia por el Covid-19.
Las reformas al Código Penal son para adicionar el artículo 185-BIS, que establecerá sanciones de 2 a 5 años de prisión o hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, para quien realice o incite a otros a ejecutar actos discriminatorios en contra del personal del sector salud, tales como la negación en la prestación de un servicio público o privado, o se restrinja su libertad de tránsito o se dañe su integridad psicológica.
También se reformaría el artículo 378 para añadir un segundo párrafo para que cuando exista emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, determinada por autoridad competente, se considerarán calificadas las lesiones u homicidio que se cometan contra personal del sector salud. Si se cumplen los requisitos del presente párrafo, estos delitos se perseguirán de oficio.
Díaz Suárez manifestó que el amplio miedo al virus y la desinformación han creado un fenómeno: la discriminación selectiva hacia trabajadores de la salud y citó como ejemplos las agresiones sufridas por personal del IMSS en Yucatán fuera de sus áreas de trabajo, así como malos tratos recibidos por parientes de un enfermo de Covid-19.
Indicó que, en un plazo de dos semanas, las agresiones reportadas en doce estados del país, incluyendo Yucatán, suman 21 casos.
(David Rico)