La iniciativa antidiscriminatoria propuesta en el Congreso debe incluir, además de amonestaciones económicas, el cierre temporal de centros de empleo y despidos a quien no las cumpla, consideró Gina Villagómez Valdez, activista de derechos humanos e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Como oportunamente se informó ayer miércoles, la diputada Janice Escobedo Salazar, del PRI, presentó una iniciativa para sancionar con amonestaciones y multas económicas de más de 43,444 pesos a quienes realicen actos de discriminación relacionados con la salud y su duplicación en caso de registrarse en la actual contingencia por el COVID-19.
Esta iniciativa contempla las denuncias por despidos injustificados a personas que presentaron síntomas relacionados con COVID-19, incorporándola como una conducta discriminatoria al prohibir o negar el libre acceso o permanencia al empleo, difusión de su condición de salud o historial médico.
La activista manifestó que esta iniciativa es muy buena y necesaria porque Yucatán tiene una sociedad muy polarizada, con alto índice de discriminación, violencia social, sobre todo contra los grupos vulnerables, gente trabajadora, población maya, adultos mayores y discapacitados.
En las últimas décadas se ha trabajado mucho por el cumplimiento de los derechos humanos y parte de esa lucha es la no discriminación, sobre todo en el ámbito laboral, que es uno de los que menos sanciones tienen para las diferentes formas de violencia en el trabajo.
Inaceptable
Villagómez Valdez señaló que lo que se está viviendo con los trabajadores es inaceptable, a estas alturas del desarrollo de los derechos humanos, que a pesar de los avances que ha tenido Yucatán en materia de derechos de las mujeres y no violencia aún tengan leyes que no contemplan a la diversidad sexual y, ahora, a las personas que han padecido el coronavirus, que tienen este padecimiento o lo vivieron.
El hecho de discriminarlas, sobre todo los empleadores y compañeros de trabajo, demuestra ignorancia y poca tolerancia. La iniciativa debe ser tomada en cuenta de inmediato porque el COVID no va a desaparecer ahora ni en algunos meses.
La Secretaría del Trabajo y las autoridades estatales, incluida la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), debe dar certeza laboral y jurídica a la gente que padezca discriminación por el COVID.
Obligado
En el caso de los mensajes e imágenes de burla, que ya está tipificados como violencia digital, la activista mencionó que el gobierno estatal tiene la obligación, al igual que la Secretaría del Trabajo, de sensibilizar en todos los medios posibles, así como ahora nos están diciendo cómo lavarnos las manos, conservar la sana distancia, también deben haber mensajes de NO discriminación en todos los centros de trabajo y promover la denuncia.
Una de las denuncias que se puede hacer es la violencia digital, cuando a través de memes o de redes sociales alguien se atreva a hacer escarnio o violencia de gente que haya padecido esta enfermedad.
Finalmente insistió en que es una buena iniciativa y espera que el Congreso del Estado no ponga trabas para su aprobación, porque considera que es un derecho fundamental.
(Melly Manzanero)