La Ley de Seguridad Vial que está próxima a aprobarse en el Congreso del Estado será la base del Sistema Estatal de Seguridad Vial, el cual debe poner al peatón como prioridad con el objetivo de proteger los derechos a la vida y a la integridad física de las personas en sus desplazamientos por la vía pública.
Lo anterior, bajo un enfoque de protección que disminuya los factores de riesgo generando sistemas viales seguros.
Esta iniciativa se analiza en la Comisión de Desarrollo Urbano y hoy podía ser aprobada, luego que se dio un día de plazo para que la Secretaría de Seguridad Pública emita sus opiniones al respecto.
Dicha Ley contiene lineamientos generales y conceptuales bajos los cuales se regirán las acciones de gobierno. No contiene disposiciones técnicas o específicas, pues éstas deberán incluirse en el Reglamento que, de aprobarse el dictamen, deberá elaborarse en 90 días.
Esta iniciativa se presentó hace año y medio y, de acuerdo al documento, la Ley de Seguridad Vial busca establecer las bases del Sistema Estatal de Seguridad Pública que tendrá como base la coordinación entre el Ejecutivo del Estado y los municipios, para prevenir y reducir muertes, lesiones y discapacidad ocasionada por siniestros.
La Ley en discusión plantea que la seguridad se basará en principios específicos, como que todo siniestro de tránsito es prevenible, que el resguardo de la integridad física del usuario es responsabilidad compartida entre los proveedores de las vías, los operadores de los distintos modos de transporte y los propios usuarios.
Accesibilidad universal
Entre otros aspectos, se menciona que la seguridad vial depende de la infraestructura vial diseñada bajo los criterios de accesibilidad universal.
Parte importante de esta Ley es que establece que la prioridad del uso de las vías, tanto en políticas públicas como en planes y programas de seguridad vial, estarán determinadas por el nivel de vulnerabilidad de quienes las usan.
Así, en primer lugar, se pone a las personas con movilidad limitada y a los peatones; después a los usuarios del transporte no motorizado; luego los motociclistas; usuarios del transporte público; prestadores del servicio público; prestadores del servicio de carga; y finalmente los usuarios de automotores o vehículos privados.
La Ley en cuestión contempla la creación de un Consejo Estatal de Seguridad Vial, en el que además de organismos de gobierno participará gente de la sociedad civil. Se contempla el establecimiento, también, de un Observatorio de Seguridad Vial.
Al respecto, la diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC) expuso sobre esta Ley que deberá ser el marco normativo que regirá las políticas de los gobiernos en materia de seguridad vial.
“Con este ordenamiento tendrán que modificarse las políticas públicas, la forma de hacer calles, banquetas y muchos otros aspectos”, expuso.
Por David Rico