Luego de 3 horas de discusión entre los diputados de la Comisión de Presupuesto, quedó estancada la solicitud del Gobierno del Estado para modificar el contrato del Proyecto para la Prestación de Servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida (GMMM), debido a que varios diputados señalaron falta de información acerca de la iniciativa, del contrato mismo, de los montos a pagar, entre otros.
Mientras varios diputados del PRD, PRI y MORENA pusieron sobre la mesa la falta de información y la falta de concordancia en los números, pues no se explica de dónde se podrán ahorrar los mil 500 millones de pesos que ha dicho el Ejecutivo, diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano sostuvieron que la información era suficiente y clara como para poder dictaminar el mismo día de ayer.
Sin embargo, luego de varias propuestas para que se obtuviera mayor información e incluso para que pudiera acudir algún funcionario del Gobierno del Estado para clarificar la iniciativa, finalmente se decretó un receso y la comisión continuará la discusión hoy, a partir de las 11 de la mañana. Se acordó enviar las dudas y cuestionamientos entregados por el PRI y el PRD para que el Dconteste.
“La Jacarandosa”
Por momentos la discusión se tornó álgida y con tonos de sarcasmo y de evidente falta de sororidad, como en el caso de la diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC), quien recordó que el proyecto del GMMM viene de la administración de la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, a quien llamó de manera despectiva “La Jacarandosa”.
“De eso estamos hablando, si a algunos les hace mucho escozor, mejor que no le muevan y si quieren que revisemos el convenio para que todo Mérida y Yucatán recuerde lo furiosos que estamos los yucatecos con este museo y, para los jóvenes que no saben quién era ‘La Jacarandosa’, lo recuerden también al son de una jarana y de William Levy”, expuso.
El diputado Marcos Rodríguez Ruz (PRI) condenó este hecho, pues dijo que representa la violencia política de una mujer contra otra mujer.
Cuestionamientos
Al inicio de la sesión la diputada Janice Escobedo Salazar entregó a nombre de la bancada del PRI un documento con dudas y cuestionamientos, solicitando información diversa que, según expuso, no se contiene en la iniciativa, pues no se conoce el anteproyecto del convenio que se pretende modificar, en qué consistiría, a nombre de quién se estarían promoviendo los documentos fiscales, entre otros puntos.
El diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD) también señaló la falta de información, pues dijo que no se anexa el convenio a modificar y uno de los temas, expuso, es que al cambiar a responsable del GMMM a la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) como administradora del Museo, no se aclara si se mantendrán los servicios y la planta laboral del lugar.
Un punto que cuestionó fue el porqué se eligió a Banorte como la empresa a la que se le saldará el monto de 3 mil 88 millones de pesos para la terminación anticipada y se le pague en un plazo de 12 años.
“Negocio de Peto”
En la sesión se vertieron un gran número de cifras. Cuevas Mena dijo que el contrato original se pactó en un precio de más de 770 millones de pesos, en un plazo a 252 meses y, de éstos, ya se pagaron 108 meses, es decir, 9 años, y faltan por pagar otros 144 meses, 12 años, pero el saldo al 31 de marzo es de 770 millones 425 mil 594 pesos, por lo que dijo que “no se ha reducido ni un solo peso”.
“Por eso vale la pena revisar. Hoy plantean que se ahorrarían mil 500 millones de pesos, pero para ello estaríamos hablando de una inflación de más del 8 por ciento y no se nos explica cómo se calculó esta cifra”, señaló, y agregó que hoy no está claro de dónde se reduciría dicha deuda.
Además dijo que, si se deben 770 millones y algo más de la cifra de 3 mil 88 millones que se le darán a Banorte, alrededor de 2 mil 318 millones serán para la institución.
“No es que pasemos de hacer un negocio de Peto a otro negocio de Peto, y que al final sea lo mismo y que se diga los otros eran cuates de los anteriores, pero los de ahora son cuates de los mismos”, expuso.
No hay que ser matemáticos
Romero Bastarrachea aseguró que “no hay que ser matemáticos” para ver las cifras y los beneficios del acuerdo que se propone, pues el primer año del contrato se pagó una renta anual de 140 millones y hoy se pagan más de 280 millones, pues el monto ha ido en aumento y, si persisten las mismas condiciones, el monto del proyecto llegará a 5 mil 40 millones de mantenerse la misma tasa.
Expuso que lo que hoy se propone es pagar la penalización y rescindir el contrato y sobre todo dejar de darle dinero a particulares.
El diputado de MORENA, Miguel Candila Noh, opinó también que hace falta mucha información y que la misma se debe proporcionar a los diputados y que, por ejemplo, se demuestre que efectivamente hay un ahorro de mil 500 millones de pesos.
Contrato leonino
El diputado Víctor Merari Sánchez Roca (PAN) dijo que el vigente es un contrato leonino a todas luces, pues está establecido un aumento anual del 4 por ciento, pero sobre lo pactado el año anterior, de tal forma que el monto va creciendo y al ritmo que se lleva el aumento total anual sería del 130 por ciento.
La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) aseguró que el Ejecutivo encontró una forma para reducir los recursos que egresa por el pago del proyecto del GMMM y, en este sentido, recordó que 6 meses antes de hacer el contrato con la empresa Yaxché se creó la figura de PPS durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Después el contrato tuvo dos modificaciones, ambas en el sexenio de Rolando Zapata Bello, la primera para que ya no sea Cultur la que pague y que contraiga las obligaciones en este caso, sino que se transfiera al Instituto de Museos.
En la segunda, el Congreso autorizó otro cambio en el contrato y en este sí incrementó la deuda al pasar de 143 a 167 millones en el pago que hacía el Gobierno del Estado por el Museo. En la actual Legislatura, se reformó el Código de Administración Pública de Yucatán y, entre otras cosas, el Instituto de Museos pasó a formar parte de la Sedeculta.
Explicó que el Ejecutivo estatal está solicitando en el artículo 1 que se cambie la cláusula del contrato para que ya no sea el Instituto de Museos el que haga los pagos y las obligaciones financieras.
Subrayó que la iniciativa no pide autorización para refinanciar este compromiso. Añadió que, junto con la iniciativa, incluyó dos cartas signadas por la empresa Yaxché y la institución que prácticamente ha estado cobrando el dinero (Banorte).
Obligación jurídica
El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, aseguró que si esta iniciativa ayuda a disminuir los compromisos de pago del Ejecutivo no dudarían en apoyarla, sin embargo, recordó que como legisladores se tiene una obligación jurídica y en este sentido se debe cumplir con dar toda la información correspondiente.
“Entre los requisitos para aprobar una modificación a cualquier convenio de esta naturaleza está el turnar el modelo de contrato, por lógica hay que conocer los términos que se plantean en él y eso es lo que estamos pidiendo, que el Ejecutivo cumpla con esa obligación para que nosotros podamos cumplir con nuestra obligación de legislar de manera adecuada; nadie quiere obstaculizar que los yucatecos paguemos menos, lo que varios legisladores queremos es que las cosas se hagan conforme a derecho y con toda claridad”, dijo.
Por David Rico