Ante la problemática que viven los niños y adolescentes, que han decidido abandonar sus estudios y trabajar como pescadores, reportado oportunamente por POR ESTO!, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) realizará un operativo, en coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), para verificar las condiciones en las que laboran al menos estos 50 menores de edad, informó Hissarik González, directora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Codhey.
La misma dependencia afirmó que, por medio de sus facultades, se girará un oficio a dependencias locales para realizar diagnósticos que permitan visibilizar la situación del trabajo infantil del municipio, donde, a través de reportajes publicados en POR ESTO!, pudo constatarse que persisten trabajos en embarcaderos y zonas costeras de Progreso.
Parte de las funciones de la Comisión también recaen en proteger los derechos humanos de los menores, atendiendo problemáticas relacionadas con quejas de oficio, a solicitud de alguna persona o directamente del presunto agraviado, aunque se informa que en el caso del puerto aún no ha tenido lugar una demanda ciudadana de este tipo en lo que va del año.
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González sostuvo que el trabajo para menores puede originarse a partir de los 16 años siempre y cuando haya un apego a la ley, además que se especifique, por ejemplo, el consentimiento de sus tutores y que las tareas a realizar no pongan en peligro su integridad, que no tenga que abandonar sus estudios y que el horario no exceda las seis horas.
La Codhey señala que se considera abuso o explotación emplear a niñas, niños y adolescentes que, en principio, no cuenten con la edad de 15 años cumplidos y cuya jornada laboral exceda de seis horas, las cuales deben estar divididas en períodos máximos de tres horas con al menos una hora de reposo, conforme lo establece la fracción III del artículo 123 de la Constitución Política y el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo.
Parte de los trabajos prohibidos para el menor de edad son los que se desarrollan en buques de cualquier tipo. También se incluyen otros factores, como uso de residuos tóxicos y ambiente hostil.
“El trabajo infantil es una práctica que pone en peligro el bienestar de las generaciones futuras. Es perjudicial para los pequeños, quienes son privados de su niñez, dificultando su desarrollo y en ocasiones provocándoles daños físicos o psicológicos para toda la vida. El trabajo infantil equipara a los niños con recursos no recuperables y constituye una flagrante violación de sus derechos humanos”, destacó la especialista.
Añadió que en el último operativo de exhorto en Progreso fue hace aproximadamente siete años, pues se tenía un alto registro de niños provenientes de Chiapas realizando labores en el ambulantaje de carácter comercial.
El dato más reciente de niñas y niños laborando en el Estado se encuentra en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) realizada a pocos meses antes de la pandemia, la cual indicó que el porcentaje respecto a la población de cinco a 17 años en Yucatán es del 11.5 por ciento.