La Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su diputada, Karla Franco Blanco, presentó un proyecto de decreto para modificar la Ley de Fomento y Desarrollo Turístico y la Ley de Salud de Yucatán, con el fin de implementar acciones para hacer frente a las diferentes contingencias que se puedan dar y que afecten directamente al sector turístico, tal y como con la pandemia del COVID-19.
La legisladora explicó que las propuestas de modificación se plantearon luego de lo acontecido con la contingencia sanitaria actual y los fenómenos hidrometeorológicos que impactaron al estado en 2020, siendo el turismo el sector más golpeado, motivo por el cual dijo es importante definir y prevenir riesgos turísticos y así elaborar protocolos para prestadores de servicios, para que sepan de qué manera actuar en otra situación similar.
“Entre las acciones que se proponen, está el mejorar las condiciones sanitarias del entorno turístico con medidas preventivas y asegurar la protección y promoción de la salud del turista, instaurar normas y prácticas de seguridad y garantizar su observancia y cumplimiento por las empresas que prestan el servicio”, indicó la priista, quien además destacó la importancia del trabajo de las secretarías de los ramos mencionados.
Indicó que, si bien es prioritario mantener los medios de subsistencia que dependen del turismo, la reconstrucción del sector ofrece también una oportunidad de transformarlo prestando especial atención a aprovechar los efectos que ejerce en los destinos visitados y crear comunidades y empresas más resilientes ante situaciones como la pandemia, aunado a que la salud es un elemento importante para planear la actividad turística.
Comentó que consideraron necesario modificar las leyes, a fin de dotar al sector turismo de canales de coordinación para hacer frente a los diversos problemas de salud que puedan implicar peligro de propagación y provocar en consecuencia, el alejamiento de visitantes nacionales como extranjeros y, en consecuencia, dejar a nuestro estado no sólo sin beneficios económicos, sino una amenaza de salud entre prestadores.
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aarl