Padres de familia acusaron que de los 400 mil pesos que recibió la escuela “Edesio Carrillo Puerto” de la comisaría de Mesatunich por medio del programa federal “La Escuela es nuestra”, el antiguo comité y una servidora de la Nación únicamente entregaron 30 mil pesos por una obra hecha este año.
Según informaron los inconformes, en el 2020 se depositaron los primeros 200 mil pesos y posteriormente, la otra parte durante el presente año. Sin embargo, los tutores acusaron que, en el 2020 se utilizaron los recursos sin pedir la autorización de los padres de familia, por lo que al salir la antigua comitiva únicamente entregaron 30 mil pesos sobrantes de los 400 mil pesos entregados para la institución.
Los quejosos indicaron que tanto la presidenta como la tesorera del comité anterior, de acuerdo a los estatutos, ya no tenían derecho a continuar en sus cargos, ya que sus hijos terminaron de estudiar en dicha escuela, pero alegaron que la servidora de la Nación encargada de esa comunidad y la directora, les había autorizado continuar en el puesto, negando tener conocimiento que se les ha sustituido y que desconocían los reglamentos de dicho programa.
“La directora fue la encargada de invitarnos a una reunión para hacer el cambio, solo se presentó la presidenta, pero la tesorera no, alegando que no estaba enterada, posteriormente la directora le fue a pedir que las acompañe junto con la directiva recién nombrada a realizar el traspaso de la tarjeta a nombre de la nueva tesorera, le dijo que ese día no podía, pero que iría el siguiente martes, cita a la cual no asistió porque tuvo gripa”, indicaron los afectados, quienes omitieron su nombre por temor a represalias.
“Posteriormente se presentó la extesorera con la directora para informar que había retirado 170 mil, por lo que quedaba solo 30 mil en la tarjeta, lo que sorprendió a los padres de familia, por lo que se convocó a una reunión para el día 16 de noviembre para tratar el tema, invitando a la servidora de la Nación y al supervisor escolar, el día de la reunión no se presentó la trabajadora, sólo el supervisor de la zona. Sin embargo, ese mismo día llegaron los albañiles que darían inicio a las obras de remodelación de una bodega de dos por ocho metros, por orden de la antigua tesorera, sin autorización del nuevo comité, ni de la directora y mucho menos de los padres de familia”, indicaron los tutores.
“De acuerdo con el reglamento, debió haber rendido un informe previo y presentar cuando menos tres cotizaciones para elegir el más conveniente, de igual manera, debieron haber rendido un informe de los gastos efectuados, pero no lo hicieron, para el 26 de noviembre se convocó una nueva reunión invitando a la antigua tesorera y a la servidora de la Nación, quienes en esta ocasión sí se presentaron. En la reunión se les cuestionó porque había retirado el dinero sin autorización y por qué no asistió al cambio de comité, diciendo que la servidora de la Nación le había dicho que no había ningún problema en que continúen formando parte de éste y administren el dinero.
“El 29 de noviembre se realizó otra reunión con el encargado de la obra que contrató la extesorera, quien proporcionó el presupuesto desglosado de los trabajos, el costo total es de 154 mil más 24 mil 650 pesos por la facturación, lo que arroja un total de 178 mil 712.88 pesos, se le deben además 8 mil 71 a la empresa que está a cargo de la obra, que no es una constructora, es una compañía de perforación de pozos y obras eléctricas, se considera que el costo está alterado con un monto de tres veces de lo real”, indicaron los quejosos.
Por último, preguntaron si podían cancelar el contrato, les señalaron que sí, pero tendrían que pagar una penalización con un monto no establecido, “el encargado de la obra, junto con otros padres de familia se retiraron de la reunión diciendo que tenían cosas que hacer sin esperar a que culminará la reunión y no se llegó a ningún acuerdo. No obstante, por orden del supervisor de la zona de la escuela, se canceló la obra ya que había analizado que en las facturas había anomalías “, indicaron los afectados.
Finalmente, señalaron que interpondrán una denuncia penal contra la comitiva y exigieron que la servidora de la Nación sea intervenida por el Gobierno Federal.
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CC