El actual precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, y la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, encabezan la lista de funcionarios, políticos y empresarios señalados como la “Mafia Agraria”, grupo que ha permitido en las últimas tres décadas que más de 500 mil hectáreas de terrenos ejidales en la región, hayan pasado de manera irregular a manos de particulares, de acuerdo con el informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán” del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
A estos se suman el de otros exdirigentes estatales como Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), Andrés Granier Melo (Tabasco), Javier Duarte (Veracruz); así como exdelegados del Registro Agrario Nacional (RAN), Alfonso Pereira Palomo o Antonino Almazán Arteaga; y el exsubprocurador de justicia en la Entidad, Rafael Acosta Solís.
Estos son sólo algunos de los nombres que se suman a los de empresarios de familias de renombre, que integran al grupo que logró un inusual aumento de cambios de destino y procesos de parcelamiento para lograr la privatización de la tierra. Todo esto figura en el documento elaborado por la profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), sede Peninsular, Dra. Gabriela Torres-Mazuera, con la colaboración de Sergio Madrid y Raúl Benet.
La investigación establece que a partir del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), puesto en marcha en 1993, se abrieron al mercado las tierras de los ejidos que aceptaron parcelar sus propiedades (incluidas aquellas que tenían cubierta forestal), esto debilitó la gobernanza comunitaria y facilitó la venta de los llamados “terrenos nacionales”.
En las transformaciones que se dieron en Yucatán, posteriores al Procede, destaca que se mantuvo una tendencia de cambios de destino en 354 ejidos y varios de ellos realizaron esta acción en más de una ocasión.
En aquella época en la Entidad, destacó el proyecto de construcción de un nuevo aeropuerto promovido por el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada. Nunca se realizó, pero entre 2000 y 2006 adquirió a nombre del Gobierno del Estado, amplias extensiones de tierras en ejidos cercanos a Mérida; entre estos destacan algunos de Hunucmá, Ucú y Umán.
Además, en este periodo se identifican también cambios de destino promovidos por empresarios para distintos proyectos inmobiliarios, turísticos, agroindustriales, y de diversa índole. Se menciona en este rubro, el inicio de la construcción sobre tierras del ejido de Chablekal del Country Club de Yucatán, “con inversiones de políticos yucatecos con gran poder, como Emilio Gamboa Patrón”.
El texto expone que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), un total de 68 mil hectáreas pasaron de régimen ejidal a “dominio pleno”; este fue el sexenio, desde 1992, en el que más superficie ejidal se desincorporó del régimen social para convertirse en propiedad privada en la Península de Yucatán.
En el apartado “La ‘Mafia Agraria’ en la Península de Yucatán”, el informe del CCMSS señala que, tras un análisis de los datos obtenidos del Registro Agrario Nacional se nota un aumento inusual de cambios de destino de tierra y cambios a dominio pleno en Yucatán y Quintana Roo entre 2014 y 2015. Esta anomalía está relacionada, no sólo con el incremento en el número de ejidos que parcelaron sus tierras de uso común y la superficie de dichos parcelamientos, sino con la velocidad con la que varias de las actas de asamblea fueron inscritas en el RAN.
En algunos casos, este proceso se realizó en menos de un año tras la celebración la asamblea ejidal, lo cual es muy excepcional, ya que la inscripción normalmente debe pasar por un conjunto de trámites y revisiones del expediente que suele demorar más de un año.
La investigación plantea que, de acuerdo con abogados de la región, la respuesta a esta anomalía está en quien fue el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) entre 2012 y 2014, Jorge Carlos Ramírez Marín; personaje que se apropió de grandes extensiones de tierras ejidales en Yucatán y Quintana Roo, en zonas con valor para el desarrollo inmobiliario y turístico.
“Durante esos años, las delegaciones peninsulares del RAN y la Procuraduría Agraria estuvieron al servicio de los intereses empresariales vinculados a Ramírez Marín. Es justamente entre 2012 y 2015 que identificamos un aumento de actas de asambleas que validan cambios de destino y que incurren en diversas ilegalidades que involucran ejidos con tierras de enorme valor comercial, muchas de las cuales están en litigio en la actualidad”.
“Entre los ejidos con actas de asambleas calificadas que promueven cambios de destino en este periodo encontramos: Muxupip, Komchén, Yaxkukul, Hunucmá, Chablekal, Ucu, Motul, Caucel, Samahil, Seyé y Valladolid en Yucatán”, se menciona.
Además, el informe señala que en este periodo hay numerosas denuncias en los medios de comunicación, a través de notas periodísticas, sobre el despojo de tierras ejidales en las que participan activamente un conjunto de personas que conforman la “Mafia Agraria”.
Se ofrece un largo listado de personajes relacionados en ésta, como los exdelegados del RAN, Alfonso Pereira Palomo, Antonino Almazán Arteaga, Carlos Briceño, Rigoberto Paz, Fernando Torres. También los exdelegados de la Procuraduría Agraria, Gloria Magaña, Omar Corzo Olán, Pablo Alcocer, Manuel Ontiveros; así como Gaspar Loría, jurídico de la PA.
A la lista se suman otros nombres como el del exsubprocudador de justicia, Rafael Acosta Solís, así como de exgobernadores como Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, quien enfrenta procesos penales por delitos relacionados con la apropiación y venta indebida de decenas de predios que formaban parte del patrimonio inmobiliario de dicha entidad. Asimismo, Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, “identificada por acaparar tierras ejidales”, según se expone.
Entre los empresarios y familias que destacan como los principales beneficiarios del acaparamiento de las tierras en Yucatán, se mencionan varios apellidos, entre los que están “los Chapur, los Abraham, los Hernández, los Millet y los Ponce; en Quintana Roo, destacan los Borge, los Coldwell y los Joaquín, entre otros añejos apellidos, y en Campeche la familia Muriño”.
Se expone que también salta a la vista la presencia de inversionistas de Monterrey y otros Estados del norte del país, encabezados por el que fuera jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, quien es socio en diversos proyectos agroindustriales en la región, como la empresa norteamericanva Cargill y la empresa Enerall.
Además, se expone en la lista a figuras como el banquero Roberto Hernández, “quien tiene la afición de coleccionar las haciendas que aún quedan, de las más de mil que hubo en la Península durante el porfiriato”.
“Finalmente, la prensa ha señalado a exfuncionarios del Estado de Tabasco durante la gestión del gobernador tabasqueño Andrés Granier Melo y del exgobernador veracruzano Javier Duarte. Por último, es posible identificar organizaciones civiles, supuestamente dedicadas al cuidado del medio ambiente, que han pretendido ejercer control de territorios comunitarios e indígenas mediante el establecimiento arbitrario, en complicidad con el gobierno del Estado de Quintana Roo, de reservas ecológicas que les atribuirían el control de territorios y lagunas en municipios con mayoría de población indígenas”, según se lee.
El caso particular de Chablekal
El trabajo de investigación menciona que, de un conjunto de actas de asamblea de este ejido ubicado al norte de Mérida (que ha vendido más del 70 por ciento de sus tierras a empresarios dedicados al desarrollo inmobiliario), así como de las entrevistas con abogados y ejidatarios entre 2016 y 2018, se identifica algunos patrones que indican el contubernio entre funcionarios agrarios y empresarios para el despojo de tierras ejidales.
Algunos de ellos son asambleas calificadas que se celebraron siempre en la segunda o tercera convocatoria (lo cual permitió la exclusión de una parte de los derechohabientes), así como de la validación de asambleas calificadas que no cumplieron con el quórum requerido, la validación de cambios de destino de tierras de uso común que no contaron con el dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ni del municipio (cuando se trató de un cambio de destino para asentamientos humanos).
Además, de actas que no establecieron con precisión el área que fue sujeta al cambio destino dentro del territorio ejidal o que contravinieron lo establecido por la Ley Agraria. Por ejemplo, la asignación de las parcelas certificadas a posesionarios recién incorporados al ejido y su conversión inmediata a propiedad privada.
Se menciona también que, de forma recurrente se da la aceptación de abogados como apoderados legales del ejido, lo cual significó una suplantación del comisariado ejidal; en varios casos, los visitadores permitieron que se incluyera una cláusula en la cual se restringió la consulta del acta a cualquier persona, incluyendo a los representantes de la asamblea ejidal. A este respecto, los visitadores se defienden diciendo: “di la asesoría, pero no vi el acta”.
Hay actas de asambleas calificadas que no fueron leídas públicamente al término de su redacción; recolección de las firmas de ejidatarios hecha antes o después de la celebración de la asamblea calificada. Algunos ejidatarios señalaron que en ocasiones se ha convocado a reuniones cerradas en casas de los Comisarios Ejidales para recolectar firmas.
Además, el registro ante el RAN de las actas de asambleas 90 días después de celebrada la asamblea, a fin de evitar la impugnación de los ejidatarios inconformes; y asambleas calificadas que no cuentan con un traductor en ejidos donde la mayoría de los ejidatarios son maya hablantes.
SY