Con base en el recuento de la privatización y despojo de tierras de uso común en la Península de Yucatán, se hace necesario redefinir la política agraria nacional y regional a través del combate a la corrupción al interior del sector agrario para ponerle un alto a la “Mafia Agraria”; también son imperantes el fortalecimiento a los núcleos agrarios y ampliar la visión agrarista para incluir en ella un enfoque de género, destaca el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
El informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán” del CCMSS, elaborado por la Dra. Gabriela Torres-Mazuera (del cual hemos informado en tres entregas anteriores), da cuenta de la forma en que la “Mafia Agraria” ha permitido que en los últimos 30 años más de 500 mil hectáreas de terrenos ejidales en la región hayan pasado de manera irregular a manos de particulares.
Como parte de las conclusiones del trabajo académico, se mencionan tres ejes de acción para redefinir la política agraria en el país.
El primero de ellos es combatir la corrupción al interior del sector agrario para ponerle un alto a la “Mafia Agraria” que, de acuerdo al documento, ha estado integrada, sobre todo en los últimos 30 años, por funcionarios de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, gobernantes y políticos, así como empresarios de renombre, que en conjunto han logrado un inusual aumento de cambios de destino de tierra y procesos de parcelamiento, burlando la Ley Agraria.
Este estudio menciona puntualmente a personajes de la vida pública de Yucatán que forman parte de la “Mafia Agraria”, como el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y actual precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, y la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. También figuran dentro de la lista, otros gobernantes como Roberto Borge Ángulo de Quintana Roo, y Andrés Granier Melo, de Tabasco.
También los exdelegados del Registro Agrario Nacional, como Alfonso Pereira Palomo o Antonino Almazán Arteaga, o el exsubprocurador de justicia en la Entidad, Rafael Acosta Solís y muchos otros. Además de empresarios y familias de renombre de la región.
El combate a la corrupción que se hace necesario al interior del sector agrario, se expone en el texto; éste incluye a la Sedatu, la Procuraduría Agraria, y el Registro Agrario Nacional.
En segundo lugar, se menciona fundamental el fortalecimiento y democratización de los núcleos agrarios.
“Queda claro que el despojo de tierras de los ejidos de la región ha sido posible por la desinformación y debilidad de las asambleas generales de los ejidos. Consideramos que sólo un núcleo agrario con participación democrática e incluyente, y bien informado sobre sus tierras y demás recursos naturales, que son también territorio indígena, es capaz de sortear los embates privatizadores y de mercantilización que se continúan en la Península y en el resto del país”, señala la investigación.
En tercer lugar, considera fundamental ampliar la visión agrarista que ha prevalecido por más de cinco décadas en el sector, la cual considera principalmente a los derechos agrarios para incorporar un enfoque de género que incluya a las mujeres que residen en los núcleos agrarios.
“Un enfoque de protección de derechos humanos de los pueblos indígenas, el cual redefine la tierra ejidal como territorio indígena, y un enfoque biocultural, que considere la función ambiental de los territorios en términos de la diversidad cultural, de flora y fauna que aportan los territorios indígenas y tierras bajo el régimen de propiedad social para la sociedad en su conjunto”, se puede leer en el texto.
Además, se menciona que la presión para privatizar los territorios en la Península de Yucatán va en aumento por los múltiples mega proyectos que se ciernen sobre la región, en particular el del Tren Maya que ha aumentado la especulación de tierras.
“Como hemos descrito, la incorporación al mercado de grandes superficies de tierras ejidales que tendrán como destino el desarrollo urbano, turístico, energético o agroindustrial ha sido promovido por una ‘Mafia Agraria’ con capacidad económica suficiente para sortear ciertas restricciones legales, ente las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables”, se menciona en el trabajo.
El texto del CCMSS señala que la privatización de las tierras de uso común tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región y el país.
“La mayoría de los habitantes de los núcleos agrarios de la Península son personas jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios. Este conjunto de personas ha tenido muy poco que decir o decidir sobre la venta de tierras de los ejidos, las cuales les dejan casi nada en términos de beneficios económicos, pero, en cambio, les afectan sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”, señala. Se expone que ante esta evidente problemática la respuesta del gobierno federal actual debe ser contundente y bien articulada en una nueva política nacional agraria.
JG